El Gobierno mueve ficha contra la independencia de Catalunya y Pedro Sánchez recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Mesa del Parlamento de admitir a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP), que presentó Solidaridad Catalana sobre la declaración unilateral de independencia, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado El Nacional.cat. Este martes, el Consejo de Ministros adoptará la orden de recurrir contra la Mesa delante del TC, antes, sin embargo, este lunes lo tiene que validar la Comisión Permanente del Consejo del Estado, que preside la exministra Carmen Calvo. Si, finalmente, el Constitucional admite el recurso de Sánchez, la ILP quedará congelada hasta que el tribunal se manifieste sobre su constitucionalidad. Si la Mesa del Parlamento sigue con la tramitación, podría ser acusada de desobediencia, tal como pasó con las presididas por Carme Forcadell y Roger Torrent.
Tramitación de la ILP
El pasado 20 de febrero, la Mesa del Parlamento dio luz verde a la ILP, gracias a los votos favorables de la CUP y Junts, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC, que también ha llevado la ILP al Constitucional. Los socialistas catalanes alegan que "no procede la tramitación de la mencionada proposición, así como mediante la declaración de nulidad de cualquier actuación posterior relacionada con esta". La diferencia entre los recursos del PSC y PSOE es el efecto. Si lo presenta el Gobierno comporta automáticamente la suspensión de la disposición o resolución reconocida, mientras que si lo hace un partido político no se da este hecho.
Según apunta El Mundo, el texto que este martes aprobará el Consejo de Ministros recoge una "expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de este acuerdo". El pasado 14 de febrero, un informe de los letrados del Parlamento en una resolución firmada por el letrado Xavier Muro, señalaban que la iniciativa "no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat" y "no busca la fundamentación en la Constitución", ya que según exponen "pretende aprobar una declaración de independencia estableciendo un procedimiento a este efecto". El informe añadía que "supone una modificación sustancial de la forma de Estado y de gobierno establecida y definida en la Constitución", y concluye que cualquier regulación "que altere o contradiga el diseño constitucional requiere una previa reforma constitucional".