Parece que no hay un viernes sin que resoluciones del Parlament acaben en el Tribunal Constitucional. En la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, el Gobierno ha acordado presentar dos nuevos incidentes de ejecución ante el alto tribunal. Hacen referencia a las resoluciones aprobadas por la cámara catalana el 26 de septiembre, en el marco del debate de política general, que defendían el derecho de autodeterminación y la desobediencia civil. La nueva ronda de impugnaciones llega después de que la semana pasada el ejecutivo de Sánchez recorriera dos más, que fueron suspendidas este jueves por el TC.
Se trata de la resolución 4 sobre el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía de los presos políticos. También la resolución 1 sobre la defensa del Estado de derecho y los derechos civiles, que también reclamaba la retirada de la Guardia Civil de Catalunya después de la Operación Judas contra los CDR.
La encargada de anunciarlo ha sido la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo, que ha comparecido este viernes al mediodía en Moncloa. "Las resoluciones tienen que ver con decisiones que en absoluto se corresponden con nuestra legalidad constitucional y hay sentencias claras sobre el Tribunal Constitucional", ha dicho la dirigente socialista, justificando la decisión de presentar recursos de ejecución porque consideran que ya hay jurisprudencia del TC en este sentido. Ha subrayado que el derecho a la autodeterminación "no existe en nuestro modelo constitucional" y ha denunciado que los escritos "impulsan la desobediencia institucional".
Por lo que respecta al punto que pedía la retirada de la Guardia Civil de Catalunya, Calvo ha asegurado que “no es más que un posicionamiento político aberrante”, y ha recordado que “no está al alcance del Parlament de Catalunya ni del Govern de la Generalitat que la Guardia Civil salga de Catalunya”. Por ello, consideran que se trata de una "mera declaración política" y no de una decisión que pudiera tener efectos jurídicos y, por tanto, no es recurrible.
En este sentido, Carmen Calvo ha adelantado que, como hicieron la semana pasada, pedirán al alto tribunal que, en la ejecución, "aperciba y recuerde el ámbito de los delitos en los cuales pueden incurrir". Es justamente lo que hizo este jueves el TC, que advirtió el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa, del deber de impedir iniciativas en este sentido, con consecuencias que pueden llegar al ámbito penal.
Las resoluciones del 26 de septiembre no han podido ser impugnadas hasta hoy. El motivo es que no fueron publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Catalunya (BOPC) hasta el viernes pasado.
Torrent: "No censuraremos"
Este jueves, tras hacerse pública la suspensión de parte de la resolución de defensa del derecho a la autodeterminación y reprobación de Felipe VI aprobada el pasado julio, Roger Torrent respondió desde los pasillos del Parlament. "No podemos convertir la Mesa del Parlament en un órgano censor, si lo hiciéramos estaríamos limitando los derechos políticos de los diputados", advirtió el presidente de la cámara en respuesta al requerimiento personal que le hizo llegar este mismo jueves el TC.