Las principales instituciones del Estado, empezando por la alta judicatura pero también la Casa Real, están secuestradas por la derecha. Este es el diagnóstico que hacen en La Moncloa, que hace semanas y meses que se estrellan contra el bloqueo del PP a la renovación de los órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial. Viendo que las cosas no cambian, Pedro Sánchez ha decidido pasar a la acción, reformando la legislación para sortearlo. "La Constitución hay que cumplirla", ha defendido María Jesús Montero después del Consejo de Ministros de este martes.

Según fuentes parlamentarias, los grupos del PSOE y Unidas Podemos han registrado este mediodía una proposición de ley en este sentido. La iniciativa, anunciada por el mismo Sánchez hace unos días, reformaría la Ley Orgánica del Poder Judicial para situar en la mayoría absoluta los votos necesarios para que las Cortes elijan los 12 miembros del CGPJ que les corresponde. En estos momentos, es necesaria una mayoría reforzada de tres quintos, una fórmula que requiere necesariamente de la participación del PP en la ecuación. Los populares reclaman la salida de Podemos del Gobierno para desbloquear la situación. Con la reforma pasaría de los 210 a los 176 diputados.

Si lo han hecho los partidos en el Congreso, y no el Gobierno como proyecto de ley, es porque así su tramitación es mucho más rápida, sin los preceptivos informes, entre ellos del CGPJ.

Si bien no ha entrado en la proposición en sí, María Jesús Montero ha vuelto a cargar contra el bloqueo del PP, y ha justificado la iniciativa de los grupos parlamentarios. "El señor Casado ha dicho que se negará mientras este gobierno sea este bloqueo", ha asegurado la portavoz del Gobierno, que ha denunciado que "nadie, tampoco un partido, tiene capacidad para bloquear la renovación de las instituciones". Y ha remachado: "No se puede ejercer de constitucionalista a ratos. Es fundamental que aceptemos estas normas del juego".

Dicho todo eso, la dirigente socialista ha aprovechado para cargar contra la "patrimonialización" de las instituciones del Estado por parte de la derecha. Se ha referido a una entrevista a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que defendía que el poder judicial y el Rey son los "impedimentos" a la tarea del ejecutivo de coalición. Montero le ha replicado: "Están haciendo un flaco favor al poder judicial y a la monarquía, poderes que por la Constitución no pueden participar de la vida política".

Debate interno sobre la monarquía

Pero justamente sobre la monarquía se han evidenciado las diferencias dentro del mismo gobierno de coalición, al ser preguntados por la macroencuesta de 16 medios independientes. Por una parte, María Jesús Montero ha sostenido que la posición del ejecutivo, más allá de los partidos políticos, es la defensa de la monarquía parlamentaria, con la que cierran filas. "Este gobierno apoya a la Constitución del A a la Z", ha asegurado. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado "sensible" al debate sobre monarquía y república, porque es un debate que existe en la sociedad. Ha remarcado que su posición personal es "conocida sobradamente".

Más reproches a Ayuso

El de la patrimonialización de la Corona y la judicatura no ha sido el único reproche a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La portavoz española también ha criticado que Ayuso tenga "una doble vara de medir" con las medidas aplicadas por el Estado en Madrid, que son las mismas que están aplicando algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ha subrayado que las del estado de alarma son las mismas medidas que las de la orden del Ministerio: "Madrid tiene intactas las competencias".

Los presupuestos, en el mismo punto

Preguntada sobre los presupuestos del Estado, la ministra de Hacienda ha respondido lo mismo que las semanas anteriores: que están cerrando el proyecto de presupuestos entre el PSOE y Unidas Podemos y que su intención pasa para presentarlo en el Congreso de los Diputados antes que acabe el mes de octubre. Ha insistido en que hacen falta "alianzas y consensos extraordinarios".