Tenía que ser una votación plácida, pero el escándalo del CatalanGate ha obligado al Gobierno a sacar la calculadora. Hasta a última hora ha mantenido conversaciones e incluso se ha abierto a tramitarlo como proyecto de ley. Y no ha sido hasta empezado el pleno que ha conseguido los votos necesarios para sacar adelante el decreto anticrisis, que hoy se convalida. Pedro Sánchez lo conseguirá salvar gracias a los votos del PDeCAT y EH Bildu, entre otros. En cambio, el resto de formaciones independentistas, ERC, Junts y la CUP, hará un golpe encima de la mesa y votarán en contra. Si no se equivoca nadie como en la votación de la reforma laboral, saldrá adelante.
En estos momentos, el Gobierno dispone de 176 votos. Son los 120 del PSOE, 33 de Unidas Podemos, seis del PNV, cinco de EH Bildu, dos de Más País, uno de Compromis, uno del BNG, uno de Nueva Canarias, uno de Teruel Existe, uno del PRC y la diputada Meri Pita, escindida de Podemos. Estos 176 votos, sumando la abstención de Coalición Canaria, permitirá que salga adelante si no falla nadie.
En las últimas horas, en pleno escándalo del CatalanGate, La Moncloa no se ha movido más allá de la comisión de secretos oficiales, que se constituye hoy. En su intervención ante el pleno este jueves, el ministro Félix Bolaños se ha limitado a advertir que votar en contra del decreto es votar contra los ciudadanos: "¿Quién de ustedes quiere subir la gasolina a los ciudadanos? ¿Alguien quiere que la factura de la luz mañana sea más cara? ¿Que se suba el alquiler un 3%? ¿Sacar ayudas directas a transportistas o ganaderos? Entonces es incomprensible votar que no en este real decreto ley".
Pero el independentismo se ha plantado. En su intervención ante el pleno, la diputada republicana Montse Bassa ha recurrido al sarcasmo: "Si quieren conocer qué pensamos o qué votaremos en el decreto pregunten al CNI o a la ministra Robles". Míriam Nogueras, de Junts, ha asegurado que "el independentismo no puede regalar estabilidad a un gobierno que nos espía" y ha reclamado "que se acabe ya el diálogo ficticio con esta gente que ni nos quiere ni nos respeta". Y el cupero Albert Botran ha defendido que La Moncloa "no merece el voto de los independentistas ni de ningún grupo que quiera esclarecer el origen de este ataque a los derechos democráticos".
No ha sido hasta empezado el pleno que Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha anunciado que votarán a favor. Ha apelado a la responsabilidad por las medidas que contiene: "Lo aprobaremos por la gente, no por el gobierno. Porque nuestro compromiso es con la ciudadanía, no con este gobierno".
Puentes dinamitados con ERC
Los puentes con el independentismo, y en particular con ERC, los acabó de dinamitar ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en sesión de control llegó a justificar el espionaje político sufrido por el independentismo catalán y vasco: "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Qué tiene que hacer cuando se declara la independencia o anima a desórdenes públicos? ¿Qué tiene que hacer cuando tiene contactos con quienes han invadido Rusia? ¿Qué pasa cuando se hackean webs como la del SEPE o móviles de ministros? Ustedes ahora se presentan como víctimas porque les conviene". Algunos integrantes del Consejo de Ministros admitían en privado que se pusieron las manos en la cabeza después de contemplar la escena. La imagen de Pilar Llop, visiblemente incómoda a su lado, fue muy reveladora.