El gobierno vasco, con el PNV al frente, quiere ir más allá de los acuerdos que cerró el mes de diciembre para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez antes de hacerla efectiva. En un documento escrito había doce puntos, entre otros, la cesión de los aeropuertos, las prisiones, los paradores e incluso una presencia internacional de las selecciones deportivas de Euskadi. También se contemplaba la cesión de la Seguridad Social pero esta semana, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha ido más allá y también reclama la transferencia económica de todo este sistema: "No es opinable, se tiene que hacer y punto", así de contundente se declaró en una entrevista previa a la reunión con el gobierno español.
Hace un año, la ahora presidenta del Parlamento del Congreso Meritxell Batet, se negó a ceder el régimen económico pero eso podría cambiar. La nueva ministra de Política Territorial, Carolina Darías, aceptó ayer analizar la posibilidad de añadir la Seguridad Social dentro de la treintena de materias que se acabarán cediendo en el País Vasco para cumplir el Estatuto de Gernika.
De hacerse efectiva, la administración vasca gestionaría un volumen de recursos entorno los 9.600 millones de euros anuales. Y el gobierno español tendría que ceder la gestión de los funcionarios e incluso pactar la titularidad de los inmuebles y el resto de recursos de la Seguridad Social. La competencia también daría la gestión y control de las cotizaciones y la recaudación de todas las cuotas así como el aplazamiento y el fraccionamiento de ellas.