Dos años y tres meses después de aquella instantánea ya imposible en la escalinata de Moncloa con Mariano Rajoy y Carles Puigdemont el 20 de abril del 2016, unos nuevos interlocutores tomarán el relevo de la relación entre Barcelona y Madrid, rota por el choque institucional tras el 1-O, la declaración de independencia, el 155 y el encarcelamiento del anterior Govern. El objetivo es la distensión, pero tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el de la Generalitat, Quim Torra, constatarán a partir de las 11:30 que las posiciones continúan alejadas y los objetivos, enfrentados.
Sánchez llega a la cita con la voluntad de devolver a Catalunya cierto margen de autogobierno, que saltó por los aires con el cepillado del Estatut el año 2010. Según informó la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, eso pasaría por interrumpir 31 litigios competenciales abiertos en el Tribunal Constitucional entre el Estado y la Generalitat. En segundo lugar, se encuentran las inversiones: en la Moncloa observan con preocupación el déficit de infraestructuras que se presupuestaron pero no ejecutaron en territorio catalán y quieren dar un impulso a esa partida. Finalmente, se hablará de transferencias incluidas en el Estatut.
El hecho es que este "camino político", según lo calificó la portavoz Isabel Celáa, no está exento de la defensa de la unidad de España y la negación "de un derecho de autodeterminación que no existe y no está contemplado en nuestra Carta Magna" y que "no tiene recorrido", insistió Celáa. La posición del PSOE no ha variado: el margen es la Constitución y el 155 es un precedente por si la Generalitat persiste en la vía unilateral. La constatación se vio el viernes, con el recurso que la Moncloa prevé presentar ante el TC por la moción del Parlament que ratifica los "objetivos políticos" del 9-N; es decir, la ruptura.
Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que esa decisión no tendría por qué perjudicar el clima del encuentro. Su aval es el acercamiento inmediato de los consellers que estaban presos en Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real, lo que atizó los ánimos del Partido Popular y Ciudadanos, que acusaron a Sánchez de devolver el favor de la moción de censura. Por otro lado, el Gobierno socialista ha evitado la confrontación en temas delicados como la decisión de Torra de romper las relaciones con la Casa Real, tras los Juegos Mediterráneos, como respuesta al discurso de Felipe VI el 3-O.
Diferente se prevé la reunión por el lado del Ejecutivo catalán, que reivindicará la liberación de los presos y el despliegue de una república catalana, lo que el Gobierno reitera que no puede ofrecer. En el segundo de los casos, porque la causa del 1-O está en manos de la justicia y, según la vicepresidenta Carmen Calvo, en una entrevista en El Mundo este domingo, "se aceptarían y punto", en caso de que hubiera condenas, cuando se le ha preguntado por posibles indultos. También ha afirmado que "no son presos políticos", sino políticos que responderían por acciones llevadas a cabo pese a la prohibición del TC.
La cuestión es que ambos ejecutivos defienden que lo más importante de la cita es que se produzca con normalidad, tal como han afirmado la consellera de Presidència, Elsa Artadi, y Meritxell Batet. De hecho, el camino ya fue allanado por el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, en su encuentro con Torra en la Generalitat, y su visita a los presos cuando todavía estaban en Madrid. Por el lado del Govern, no se descarta otra reunión próxima en Barcelona. Desde el PSOE no rechazan terceras y cuartas visitas, pero en esta se tendría que entrar ya a tratar materia política, sostienen.
El hecho es que se trata de la primera cita oficial de ambos gobiernos tras más de seis años de tensión con el Ejecutivo del PP. Artur Mas ya visitó a Rajoy en la Moncloa en julio del 2014 con la demanda de 23 puntos —que incluían reivindicaciones en materia económica y cultural— y que con Puigdemont se convirtieron en 46 (el llamado "45 más 1", que era el referéndum). Por su parte, el PSOE y el PSC pusieron sobre la mesa el año anterior la Declaración de Barcelona, que sigue vigente y aboga por la reforma federal de la Constitución y reconocimiento de diferencias de los territorios.