Este martes, el mismo día de la reunión Sánchez-Aragonès en La Moncloa, una cuarentena de cargos y excargos de la Generalitat están citados en el Tribunal de Cuentas, en Madrid. Se ha acabado la instrucción del gasto exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017, y probablemente les pedirán una fianza multimillonaria. El ministro José Luis Ábalos admitía la semana pasada que este nuevo caso de persecución supone una "piedra en el camino" del diálogo entre el Estado y la Generalitat que justo se reactiva. En cambio, Pedro Sánchez evita cuestionar este órgano. También descarta dar instrucciones a la Abogacía del Estado.
En una entrevista en la Cadena SER desde Barcelona, el presidente del gobierno español se ha limitado a remarcar que "es una instancia administrativa", y no un órgano judicial. No obstante, el dirigente socialista ha subrayado que desde el gobierno central "respetan sus trabajos" y que, una vez haya una resolución, "tendremos que respetar lo que resuelva". En este sentido, y preguntado específicamente sobre la cuestión, Sánchez ha descartado dar ninguna instrucción a la Abogacía del Estado para que cambie su posición, como asegura que nunca ha hecho.
Un caso polémico, cuestionado desde el mismo Tribunal de Cuentas. La consejera Dolores Genaro, en solitario, lo impugnó desde dentro. Presentó un voto particular —que curiosamente se oculta en el índice del informe— que lo cuestionaba todo. En primer lugar, porque el informe se aprobó sin ni siquiera dar margen para estudiarlo y enmendarlo. Ella pidió ampliar el plazo para realizar observaciones técnicas, y se le negó. Más allá de la vulneración procedimental, "nunca antes vista", Genaro también denunciaba un informe sesgado y exagerado para condenar a la Generalitat, que "no se extralimitó en sus funciones". La vocal criticaba, entre otros, "juicios de valor e interpretaciones que no están suficientemente fundamentadas".
En el punto de mira internacional
El caso del exconseller de Economía Andreu Mas-Colell ha dado la vuelta al mundo. También entre los responsables citados la semana que viene, su hijo, también economista, hizo pública la frágil situación patrimonial de su familia. Y consiguió poner —de nuevo— el Tribunal de Cuentas bajo la lupa internacional. Esta misma semana, una treintena de premios Nobel de Economía, además de veinte reputados economistas, han expresado el apoyo a su colega. En la carta en el diario El País, los firmantes advertían: "El profesor Mas-Colell es un ejemplo para todos los científicos españoles en el exterior. El resultado de este procedimiento puede tener una influencia negativa en la voluntad de estas personas de volver a su país y contribuir al servicio público". La Asociación Económica Europea también ha cerrado filas con el exprofesor de Harvard.
Pero no es la primera vez que se enfrenta al cuestionamiento fuera de las fronteras del Estado. En junio del 2015, el Tribunal de Cuentas español fue sometido a una revisión realizada por el Tribunal de Cuentas europeo y su homólogo de Portugal. Una de las conclusiones del examen, realizado sobre el terreno, era "la existencia de una percepción pública de influencia política en los consejeros del Tribunal de Cuentas". Entre otras cosas, proponían cambiar el sistema de elección de los consejeros, rotar al personal, reducir el peso de los cargos directivos en la plantilla o acotar la designación a dedo de cargos de responsabilidad.