El hasta ahora fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, se ha mostrado ambiguo con la querella que la Fiscalía ha presentado contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general de la Conselleria de Gobernación, Franesc Esteve Balagué, por la compra de urnas.
Ante la pregunta de "si comprar urnas es o no un delito", Sánchez Ulled ha declarado que "no sabe si lo es o no" pero ha afirmado que "quien haya interpuesto la querella es que ha considerado que hay elementos que apuntan a que hay un delito", tal como ha declarado en una entrevista en El Matí de Catalunya ràdio.
Comparando esta compra a la adquisición de una pistola, el hasta ahora fiscal anticorrupción ha matizado que hay "muchos factores que influyen en que la compra de una pistola se considere o no un delito", y en este caso, pasa el mismo con las urnas. No obstante, ha afirmado que "las intenciones no pueden ser perseguidas por la Fiscalía".
Aunque la entrevista se ha centrado más en la figura y trayectoria de Sánchez Ulled, que en analizar y hablar de casos en concreto, el fiscal sí que ha tenido tiempo de hablar de dos casos en concreto, el 9N y el Caso Palau, aunque sin demasiado interés en profundizar.
Sánchez Ulled ha afirmado que durante la investigación del 9N consideró que "había habido delito" y que la sentencia del Tribunal "le ha dado la razón". "Al inicio no estaba convencido y sobre la marcha, a medida que fui investigado, cambié de opinión. De momento, hay un tribunal que me ha dado la razón, no lo habré hecho tan mal", ha considerado Sánchez Ulled.
Respecto el Caso Palau, ha declarado que no podía hacer ningún juicio porque "hay un Tribunal que tiene que dictar sentencia". Preguntado sobre la financiación de los partidos, Sánchez Ulled ha afirmado que "ha habido una cierta mejora pero que todavía hay ciertas disfunciones que se mantienen" y ha dejado claro que "no hay ningún sistema posible para frenar la corrupción".
En otro orden de las cosas, Sánchez Ulled ha hablado de su marcha en Bruselas como Conseller de Justícia en la representación permanente de España delante de la Unión Europea, un cargo diplomático que lo convierte en el asesor del Estado español en temas judiciales. Sánchez Ulled ha dejado claro que "hacía tiempo que se planteaba un cambio" y que esta marcha "no es una huida, ni un ascenso y tampoco un castigo".