Habilitar recursos económicos addicionales para obras y actuaciones urgentes y prioritarias. Esta es una de las emiendas que ha hecho el PSC a la proposición de Junts para modificar el decreto de la sequía y que se debatirá este jueves en el Parlament. Así, los socialistas suscriben las obras y actuaciones urgentes que propone Junts en sus emiendas y que consideran imprescindible para llegar a un acuerdo con el Govern. Entre estas, destaca la ampliación del tratamiento para filtrar solo el agua potable en los pozos de Sant Feliu de Llobregat o actuaciones para eliminar fugas en diferentes redes de distribución. "El Govern, a propuesta de la ACA, habilitará la dotación presupuestaria con carácter extraordinario para los costes de las obras y actuaciones urgentes", reclaman los socialistas.
El PSC también reclama un nuevo anexo con las obras prioritarias, que incluye licitar antes de julio de 2023 y ejecutar las obras de la desalinizadora de Tordera, una de sus principales reclamaciones; también finalizar durante el 2023 el proyecto de ampliación de ETAP Besòs y nuevas captaciones subterráneas y superficiales. Al mismo tiempo, proponen una línea de financiación mecanismos automáticos de gestión de la demanda por 15 millones de euros, así como que el Govern apruebe un plan de choque para apoyar la actividad agraria en un plazo máximo de un mes. Estas medidas deben incluir ayudas directas por las pérdidas frente a las restricciones y préstamos bonificados. El sector primario es uno de los que más sufre la situación de la sequía, hasta el punto de que han tenido que tomar decisiones tan drásticas como el cierre del canal de Urgell.
Sanciones un mes después de la convocatoria de ayudas
Las sanciones a los ayuntamientos que no cumplan el decreto de sequía aprobado por el Govern era uno de los elementos que marcaba las diferencias entre el Executiu y PSC y Junts, que han mostrado en todo momento su rechazo a un régimen sancionador inmediato. Con todo, también supone diferencias entre estos dos partidos: por un lado, Junts proponía una moratoria de las sanciones a los ayuntamientos hasta el próximo 1 de julio, mientras que los socialistas han planteado una nueva propuesta en sus enmiendas. Esta consiste en retrasar la entrada en vigor del régimen sancionador hasta un mes después de la convocatoria de la línea de ayudas a los ayuntamientos para hacer frente a la sequía. Así, se daría tiempo a los consistorios para que pudieran tomar las medidas necesarias y solo sancionar aquellos que no hayan mostrado en ningún caso su disposición o interés en hacerlo.
Las diferentes visiones de este régimen sancionador ya protagonizaron el fracaso de la cumbre por la sequía que se celebró el último día de marzo. En este sentido, el Govern aceptaba aplazar las sanciones hasta el 1 de julio, como reclamaba Junts, mientras los socialistas exigían retrasarlo hasta el 1 de septiembre. Con todo, la pasada semana, después de que Junts presentara su proposición con la moratoria incluida, la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, aseguró que esta podría ser una ventana al acuerdo, todo y que descartando esta fecha. En este sentido, la socialista hizo un llamamiento para buscar una fórmula que diera tiempo a los ayuntamientos, "entre que se convocan las ayudas" para hacer las obras necesarias y que se empiece a multar a los consistorios que no aplican las medidas. La "fórmula" en cuestión que ha encontrado al PSC es este mes entre la convocatoria de la línea de ayudas y las sanciones que se incluye en sus enmiendas.
Enmienda de PSC y Junts para las actuaciones del ACA
Por otra parte, PSC y Junts han presentado una enmienda prácticamente idéntica que incorporaría un anexo a la proposición de ley de los juntaires. En este, se recogen las diferentes obras y actuaciones financiadas por la Agència Catalana de l'Aigua, cuyo funcionamiento se ha puesto en duda en las últimas semanas por parte de algunos grupos parlamentarios, para hacer frente a la sequía. Estas van orientadas a alcanzar tres objetivos diferentes: la mejora de la garantía mediante la intensificación del control del recurso; la mejora de la garantía por el abastecimiento mediante actuaciones infraestructurales y la emergencia en el abastecimiento.
Por otra parte, PSC y Junts han presentado una enmienda prácticamente idéntica que incorporaría un anexo a la proposición de ley de los juntaires. En este, se recogen las diferentes obras y actuaciones financiadas por la Agència Catalana de l'Aigua, cuyo funcionamiento se ha puesto en duda en las últimas semanas por parte de algunos grupos parlamentarios, para hacer frente a la sequía. Estas van orientadas a alcanzar tres objetivos diferentes: la mejora de la garantía mediante la intensificación del control del recurso; la mejora de la garantía por el abastecimiento mediante actuaciones infraestructurales y la emergencia en el abastecimiento.
Junts incorpora las inversiones exigidas al Govern en una enmienda
Por su parte, Junts per Catalunya también ha registrado siete enmiendas al articulado de su proposición de ley sobre medidas para combatir la sequía. La más destacada es la última, que plantea incluir un anexo donde se concretan las 13 inversiones que han exigido al Govern en las reuniones de estos últimos días para poder llegar a un acuerdo y que ha avanzado este martes ElNacional.cat. Entre las medidas que reclaman los juntaires, está la ampliación del tratamiento para filtrar solo el agua potable en los pozos de Sant Feliu de Llobregat, actuaciones para eliminar escapes en varias redes de distribución, mejora de la "capacidad de producción y optimización de la calidad de tratamiento" de las plantas de Aguas Ter-Llobregat en Abrera y Cardedeu, ampliar la estación de regeneración de agua de Sant Feliu de Llobregat, mejoras a la estación depuradora del Prat, impulso de la red de distribución de la estación de regeneración de agua de Sabadell o la licitación y ejecución de la ampliación de la desalinizadora de la Tordera y otra en Foix.
Para hacer estas inversiones, el grupo parlamentario de Junts ha incorporado una enmienda que concreta que "el Govern, a propuesta del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural habilitará la dotación presupuestaria con carácter extraordinario, sin perjuicio de la financiación de estas actuaciones con cargo en fondos estatales y europeos", por los costes derivados de estas actuaciones. En esta línea, reclaman una dotación de 50 millones de euros para impulsar ayudas para los entes locales y que puedan mejorar con estos recursos sus redes de suministro de agua en alta y baja, y también para que puedan recuperar los pozos existentes o bien construir nuevos.
El texto también recoge una propuesta de 50 millones para Aigües Ter-Llobregat para mejoras de la red de tratamiento; habilitar una partida de seis millones de euros de subvenciones de la Agencia Catalana del Agua para los entes locales que creen nuevos tratamientos de regeneración de agua, 8 millones del ACA para asumir los "costes de explotación derivados de la puesta en marcha de plantas de regeneración" y 50 millones más de este órgano distribuidos en 20 para "poner en marcha las plantas de regeneración que no están en funcionamiento" y otros 30 para las 13 inversiones anteriormente mencionadas. Son dinero que, en otra enmienda, detallan que se tendrá que introducir "a partir de la entrada en vigor de la ley de presupuestos" de 2024, aunque el Govern tendrá que habilitar las "partidas presupuestarias y recursos necesarios y suficientes para llevar a cabo aquellos gastos e inversiones que previstas en esta ley se tengan que portar a término o iniciar dentro del 2023".