La mejor defensa es un buen ataque. Esta máxima que Cruyff instauró al Barça, es la estrategia con que ha saltado al campo este lunes el abogado de Sandro Rosell, en la primera sesión del juicio contra el expresidente azulgrana y cinco acusados más por supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Un caso complejo, plagado de ramificaciones.
La primera jornada del juicio se ha dedicado a la exposición de las cuestiones previas por parte de Fiscalía y defensas. Pau Molins -que también es el abogado de Santi Vila en el juicio al procés-, ha disparado directamente en la línea de flotación de la sala que juzga el caso, señalando la vulneración de tres derechos fundamentales: la presunción de inocencia, el de defensa y el derecho a un juicio imparcial.
La Mandada en la calle y Rosell en prisión
Molins ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados que conforman la sala, que son los mismos que petición tras petición han ido denegando la puesta en libertad de Rosell y su socio Joan Besolí, a lo largo de los últimos 21 meses. El argumento es que aunque sea de manera involuntaria, el hecho de que los ambos lleven en prisión preventiva casi dos años -han batido el récord en España- condicionará la decisión de los jueces a la hora de dictar sentencia. Según la defensa, "costaría mucho de asumir por parte de la justicia española, de la Audiencia Nacional, un escenario en el que se acabara absolviendo a unos acusados que llevan dos años privados de libertad".
En base a todos estos razonamiento, Molins ha exigido a la sala que se deje en libertad "de manera inmediata" a Sandro Rosell y Joan Besolí y que se acabe así con la vulneración del derecho de presunción de inocencia y del derecho a un juicio imparcial. Y ha propuesto depositar como fianza el patrimonio entero de Rosell, 30 millones de euros. En la misma línea ha insistido en que la prisión preventiva por un delito económico no se aguanta por ningún lado y lo ha contrastado con el hecho de que los miembros de la Mandada, ya condenados, estén en la calle.
La acusación, se defiende
Sobrevuela el caso, una pregunta sin respuesta: ¿seguiría Rosell en prisión y se le estaría juzgando de oficio si no hubiera sido presidente del Barça y, todavía más, el presidente del club que autorizó que la Vía Catalanapasara por el Camp Nou o que el estadio acogiera el Concierto por la Libertad?
Pues bien, el fiscal ha querido salir al paso de este cuestionamiento asegurando que de ningún modo "se trata de ninguna persecución personal" y que "no tienen nada que ver con el Barça"
Sin acceso a los archivos
Los abogados defensores han apuntado aún a un tercer derecho vulnerado, el de defensa de sus clientes. Alegan que teniendo en cuenta que los hechos por los cuales se les acusa se remontan a hace más de 10 años y tienen que ver con "operaciones económicas complejas", no es normal que Rosell no haya podido acceder en ningún momento en su ordenador, ni siquiera a su correo electrónico, para rastrear la información necesaria a la cual se hace referencia.
La primera sesión del juicio ha sido accidentada. Ha empezado con más de media hora de retraso y, poco después de empezar, se ha tenido que interrumpir durante media hora más por problemas técnicos. Los altavoces de la sala no funcionaban y los acusados y el público no escuchaban nada. Como consecuencia de estas incidencias, no ha habido tiempo para empezar con las declaraciones. Así que habrá que esperar a mañana para escuchar a Sandro Rosell.
Según la defensa, no hay delito
La acusación sostiene que Rosell y los cinco empresarios restantes que le acompañan en banquillo de los acusados -entre los cuales su mujer- crearon una estructura estable dedicada a blanquear a gran escala dinero de origen ilícito, todo bajo la batuta del expresidente azulgrana, por quien piden 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros por dos delitos: blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal. Se fijan, específicamente, en dos operaciones relacionadas con la selección brasileña. Una, la compra-venta de los derechos de imagen de los partidos amistosos; la otra es un contrato de patrocinio de Nike. En total, según la justicia española, un desfalco de 19,9 millones.
El hilo argumental de la defensa, en cambio,es que el origen del dinero es totalmente legal., que no provienen de ningún delito y que, por lo tanto, no puede haber blanqueo de capital cuando el dinero es limpio y no opaco. Además, Molins y el resto de abogados defensores han añadido que la parte supuestamente perjudicada, la Confederación Brasileña de Fútbol, no reclama nada. El abogado de Rosell es Pau Molins, el mismo que lleva a Santi Vila en el juicio al procés, que se está llevando a cabo en paralelo, a pocos metros de distancia, en el Tribunal Supremo.
Durante su turno, Molins ha negado que la Audiencia NAcional tenga competencias para jugar el caso. Alega que se trata de operaciones cerradas y negociadas fuera de España.
Los hechos se remontan a 2006, cuatro años antes, por lo tanto, de que Rosell se convirtiera en presidente del Barça. El grupo empresarial árabe International Sports Events (ISE), especializado en la difusión de acontecimientos deportivos quiere comprar los derechos para retransmitir los amistosos de la canarinha, a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), una entidad 100% privada.
La versión de Rosell es que ISE le contrató como intermediario para hacer las gestiones con el presidente de la CBF, Ricardo Teixeira y que después de meses de negociación consiguió que con la oferta final de los qataríes, la CBF doblara los beneficios por partido amistoso, convirtiéndose en la selección mejor pagada del mundo. El acuerdo se tradujo en un contrato de 6 años por 24 partidos. Por los servicios prestados, ISE se comprometió a pagar a Rosell unos honorarios de 8,3 millones de euros que se irían ingresando a medida que se fueran jugando los partidos, en su empresa estadounidense UPTREND, con cuenta corriente en Andorra.
La acusación cree que como tenía una relación de amistad con el presidente de la CBF, Rosell no tuvo que mover ni un dedo para convencer a Teixeira para que firmara con el grupo qatarí; que los 8,3 millones que cobró de ISE eran en realidad comisiones para untar a Teixeira y que durante los años posteriores, Rosell, ayudado por el resto de acusados, los testaferros, fue transfiriendo a Teixeria esta suma de manera fraccionada, a través de ingresos de un entramado societario y bancario diseñado exclusivamente para blanquear. Todo, en perjuicio de la CBF, que es quien tendría que haberse quedado con el dinero, según la Fiscalía.