La comisión Pegasus, que este lunes ha aterrizado en Madrid, acabará en España la ruta europea para desbriznar qué ha pasado con el espionaje masivo con el programa israelí en territorio europeo después de hacer parada en Polonia, Chipre, Israel, Grecia y Hungría en los últimos meses. Los nueve diputados que la conforman están organizando la misión española desde finales de enero de este año -cundo la aprobaron- y, a pocas horas de que lleguen a la capital española, saben a ciencia cierta que les ha costado dios y ayuda llegar hasta aquí. El camino hasta Madrid ha sido una carrera llena de obstáculos que han ido saltando a trompicones. Se han encontrado con festivos no contemplados, una moción de censura ruidosa, las quejas de los grupos independentistas contra los grandes partidos estatales y la voluntad del Gobierno de restarle categoría política.
La agenda de los eurodiputados se ha convertido en un misterio que se ha resuelto con cuentagotas, a pocos días de que la comisión pusiera un pie en el suelo en Madrid. En la práctica ha sido una especie de rompecabezas que no se ha acabado de cerrar hasta el final. En cualquier caso, la delegación de la Eurocámara tendrá uno agenda de poco más de un día en que se verá con autoridades españolas de segundo nivel, víctimas catalanas del espionaje, diputados del Congreso español y del Parlamento catalán, entidades a favor de los derechos humanos y periodistas.
Aunque invitaron Pedro Sánchez y algunos de sus ministros más destacados, La Moncloa ha optado por enviar un cargo de segunda fila, con perfil técnico, como es el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pascual Navarro. "Es una cuestión judicial, no política, que está bajo investigación", explicaban el jueves pasado fuentes del entorno de Sánchez para justificar la implicación de La Moncloa, que niega que haya intención de "bloqueo". En cualquier caso, Pedro Sánchez le resta valor político porque cree que el caso ya está bajo la lupa de la justicia.
Entre las autoridades españolas, hay ausencias sonoras que se ha zafado como el mismo presidente del Gobierno, la exdelegada en Catalunya Teresa Cunillera, el fiscal general Álvaro García Ortiz y las ministras Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. "Vuelva usted mañana", que recordaba irónicamente a Twitter el diputado de la CUP Albert Botrán parafraseando el célebre Mariano José de Larra.
Agenda entre festivos, vetos y quejas
La carrera de obstáculos también ha chocado con el calendario. La comisión europea no se enteró hasta hace muy poco que este lunes 20 de marzo es festivo en Madrid porque trasladan la festividad de San José. Este imprevisto obligó a recalcular las agendas porque la actividad cae seriamente en Madrid cuando es día no laborable. Encima el otro jarrón de agua fría no tiene ni una semana. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, situó para este martes 21 de marzo por la mañana la primera jornada del debate de la moción de censura. La atención y el ruido del esperpento de Ramón Tamames, condenado al fracaso, diluirá todavía más la atención de la comisión europea.
En lo práctico, la programación se divide en dos días. Arranca este lunes al mediodía con la reunión concertada con entidades civiles, continuará con los nuevos diputados que forman parte de comisión catalana del Catalangate, y acabará por la noche después de la entrevista con el solitario representante del Gobierno y tres periodistas de medios estatales. A pesar de la moción de censura, los eurodiputados se trasladarán durante el segundo día al Congreso de los Diputados, donde se reunirán con miembros de la comisión de Defensa y Secretos Oficials. Antes se habrán encontrado con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera Meritxell Serret y el concejal de Barcelona Ernest Maragall, en la condición de víctimas del espionaje. La ruta, que también pasará por el Defensor del Pueblo, acabará por la tarde con una rueda de prensa desde la sede en Madrid de la Oficina del Parlamento Europeo.
Los grupos independentistas llegan a la cita enfadados por la actitud de "bloqueo" y "sabotaje" que han denunciado del Gobierno, el Congreso de los Diputados y los grandes partidos (el PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos) para intentar minorizar la tarea del comité. ERC, Junts y la CUP enviaron una carta al presidente del comité de la Eurocámara, el popular Jeroen Lenaers, para comunicarle "la pasividad del Estado español ante la vulneración constante y flagrante de los derechos humanos" y denunciando "el obstruccionismo" de las instituciones españolas en este caso.
El trabajo de la delegación
El informe de la comisión, que ya se está redactando y está sujeto a enmiendas, recogerá la información que se ha ido recogiendo de los diferentes casos de espionaje por toda Europa y se hará un documento con recomendaciones legales. El texto resultante se votará al comité el 25 de abril y, a posteriori, se tiene que enviar al pleno del Parlamento Europeo. Los primeros vaticinios sitúan el debate al pleno hasta en mayo o junio. Sin embargo, la pinza de los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Vox en Bruselas, que hace mayoría, puede hacer embarrancarse las votaciones en cualquier momento.
El grupo de trabajo de Pegasus está formado por nueve eurodiputados. Hay dos del PP: el presidente del comité, Jeroen Lenaers, y el exministro Juan Ignacio Zoido; dos de los socialistas, Vladimir Bilcik y Ibán Garcia; dos del grupo liberal, la redactora de la ponencia, Sophia in'T Veld, y Roza Thun; la republicana Diana Riba; una parlamentaria de The Left, Anne-Sophie Pelletier; el ultraderechista español Jorge Buxadé y, para acabar, Gilles Lebreton, de Identidad y Democracia. La comisión hace más de un año que trabaja y, para acabar la investigación, pidió una moratoria de tres meses que se acaba a finales de abril. No se descarta que puedan acordar una segunda moratoria para rematar el informe final.