La batalla por liderar el Partido Popular ha avivado los instintos más combativos contra el proceso soberanista de parte de los dos candidatos que se disputarán la plaza de nuevo presidente de la formación durante su congreso XIX de los días 20 y 21 de julio. Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría han elevado el tono en las últimas horas, en un intento de decantar el voto de los compromisarios de los contendientes eliminados en la primera vuelta. Destacan los avales de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, cuyos apoyos amenazan con dividirse entre uno y otro, redoblando la tensión.

Santamaría se levantaba por la mañana asegurando que el acuerdo con el independentismo "no existe porque en Catalunya practican el apartheid", en un ataque dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la reunión con Quim Torra. "Porque a Sánchez le hayan regalado la butaca de la Moncloa, no puede ir regalando España a trozos. Lo que toca es firmeza, lo que toca es la defensa del Estado y llevar el Estado y el Gobierno a Catalunya, y no sacarlo", zanjó. Las palabras llegaban después de una entrevista de Casado el fin de semana donde criticaba la Operación Diálogo y los "pactos" con el independentismo.

La respuesta era inmediata por parte de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, quien negaba la mayor. "Eso es un insulto. Yo la conozco. La única explicación de expresiones tan gruesas es que están de Congreso. En Catalunya hay división, posiciones muy enfrentadas, pero no un apartheid," expuso el dirigente del PSC sobre la carrera por liderar el PP. Desde el Govern, la consellera de presidencia, Elsa Artadi, denunciaba la "lamentable comparación" de Santamaría con el régimen de exclusión y segregación sufrido por los ciudadanos negros en Sudáfrica.

La cuestión es que Casado redobló la apuesta al proponer la reforma del código penal para castigar la convocatoria de referéndums, así como el delito de sedición impropia ―es decir, el que pasa por una declaración de independencia sin violencia―, que se despenalizó con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Con estos dos delitos se evitó el plan Ibarretxe y habríamos evitado el proceso de Puigdemont", dijo Casado, quien lamentó que las herramientas del Estado fueran "reactivas" y sólo en respuesta a posterior a actos del independentismo, como el 9-N o el 1-O.

En segundo lugar, el exvicesecretario recordó la propuesta de octubre del 2017, cuando "a título particular" expuso que no descartaba una modificación en la ley electoral, idea que sería próxima a la ilegalización de los partidos independentistas, ya que para Casado las formaciones democráticas no tendrían que incluir en sus Estatutos "fines ilegales". Así y todo, el coordinador general del PP Fernando Martínez-Maíllo, consideró ya a su momento que no era la "posición oficial", y el portavoz en el Congreso Rafael Hernando evitó pronunciarse sobre esta medida.

Por proximidad de posicionamiento, Albert Rivera criticó que el joven popular ofreciera esa alternativa. "El PP lo que ha hecho es pactar con esos partidos durante muchos años. Por lo tanto, Casado y el PP hasta antes de ayer estaban pactando con el PNV y pactaron con Convergencia y Artur Mas, que después han defendido la independencia. Han sido socios de todos estos partidos" denunció. La molestia era que Ciudadanos propuso hace semanas la barrera del 3% para entrar en el Congreso -que actuaría de forma similar con partidos como los nacionalistas vascos y los independentistas.

El hecho es que la relación entre los dos candidatos se base en la escalada de tensión. Fuentes de la candidatura de la exvicepresidenta confiaban en mantener una reunión informal este martes en el Congreso, a la que se habían emplazado en una llamada este domingo –pero Santamaría se ha quedado camino de vuelta desde Ceuta. Esperan poder verse en otro momento, pues esta persiste en la voluntad de fusionar candidaturas. Ahora bien, Casado quiere llegar hasta el final y su entorno confía en que le responderá que las reglas del juego garantizan la posibilidad de una segunda vuelta donde los compromisarios decidan al sucesor de Mariano Rajoy.