El Gobierno ha encontrado en el goteo de empresas que han decidido trasladar su sede social fuera de Catalunya un argumento poderoso para intentar desbaratar los planes independentistas. Es por ese motivo que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha avisado al president Carles Puigdemont que se diera el fin de semana para reflexionar sobre la respuesta al requerimiento del Ejecutivo que activa el artículo 155. Según la vicepresidenta, en el tejado del mandatario catalán queda la decisión sobre si evitar medidas posteriores, que no ha querido avanzar, en caso de que responda que sí declaró la independencia, o de volver a la "normalidad institucional" de antes de los días 6 y 7 de septiembre –cuando se aprobaron las leyes de desconexión en el Parlament– si contesta no.

"Está en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo. Se ha producido la caída de un 10 por ciento de las inversiones y una caída dramática del turismo. La Generalitat está creando todas las condiciones para una aguda desaceleración. Catalunya podría entrar en recesión", ha avisado Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este viernes ha presidido, como consecuencia de la ausencia de Íñigo Méndez de Vigo por motivos personales. Precisamente, cuando hace casi un año que la número dos de Mariano Rajoy dejó el cargo de portavoz.

Así las cosas, Santamaría ha insinuado que el requerimiento era la única vía de diálogo bilateral que el Gobierno mantendría con Puigdemont, como forma de dar "una respuesta sencilla a un problema complejo". Eso pasa porque la Generalitat sólo puede responder de forma binaria. Y en caso de que se entregue el discurso del president como respuesta a la petición, se entendería que el enunciado no es satisfactorio y el 155 entraría en vigor. Pero sobre qué competencias serían intervenidas, la ministra de Administraciones Territoriales ha dicho que "se iría paso a paso", sin revelar nada.

Lo que Rajoy sí prevé es mantener la coordinación con el secretario general Pedro Sánchez a la hora de forjar el plan de actuación para aplicar dicho artículo u otras medidas. "A lo largo de todas estas semanas hemos mantenido un contacto con el PSOE para abordarlas. Hay un clima forjado para trabajar juntos y buscar la mejor solución en este punto", ha dicho la número dos del Ejecutivo sobre el apoyo de los socialistas, que siempre había sido prioridad ante el conflicto soberanista –manteniendo en el recuerdo la división entre PP y PSOE a cuenta del Estatut de Autonomía en el 2006.

De esa manera, si Puigdemont decide acogerse, mediante el requerimiento, a "la oportunidad más importante" y "más inmediata" de reanudar "la convivencia" y el "marco de la legalidad", que a su parecer se quebró con la aprobación de la ley de referéndum y transitoriedad, tendrá la puerta abierta a acudir al Congreso de los Diputados, en busca de una oferta política. Eso implica que el diálogo no será entre gobiernos –bilateral– y se enmarca dentro del pacto con Sánchez para abrir la reforma constitucional en un periodo de seis meses, donde vehicular la demanda soberanista.

Pero preguntada por El Nacional sobre si el gesto de la Generalitat podría entenderse como una estrategia política para dejar a la Moncloa como no dialogante ante la Unión Europea, Santamaría asegura que no será así. "Cómo le vendes tú a la comunidad internacional que no quieres volver a la ley. Cómo le explicas tú a cualquier Estado democrático, que tiene separación de poderes y tienen sus parlamentos, que el president catalán no quiere comparecer [en el Congreso] y no quiere cumplir la ley", es la respuesta que ha dado al juego de ajedrez entre Rajoy y Puigdemont.