En Esquerra Republicana hay satisfacción por la decisión del juez Pablo Llarena de procesar al president Carles Puigdemont por desobediencia y malversación, eliminando la sedición. Esta decisión del magistrado llega después de que los republicanos negociaran, con el Gobierno, la reforma del Código Penal. Y consideran que hoy se empiezan a ver sus "implicaciones en materia anti-represiva". En este sentido, desde Calàbria sostienen que "hoy se puede constatar que la reforma del Código Penal supone un beneficio colectivo, no solo para el independentismo, sino para el conjunto de los demócratas." Y se aferra al mismo auto: está "el reconocimiento, por parte del mismo juez Llarena, que no hay ninguna sustitución del delito de sedición sino que se ha producido la eliminación efectiva".
En un comunicado emitido este jueves al mediodía, desde de ERC defienden que "hoy nadie puede poner en duda" la "mejora de las condiciones objetivas" para las personas represaliadas con la reforma pactada y aprobada en las Cortes españolas. Esto también les sirve para remarcar "la importancia de la negociación como mecanismo de resolución de conflictos" y reafirman su apuesta estratégica por esta vía. A pesar de todo, se muestran prudentes por cómo pueda aplicar la judicatura española el nuevo marco normativo, "conscientes del margen interpretativo que todavía queda" y siguen defendiendo que la amnistía y la autodeterminación es "la mejor herramienta".
Esta decisión del juez Llarena puede tener implicaciones para los dirigentes independentistas exiliados, como la secretaria general republicana Marta Rovira. Desde Ginebra, la misma Rovira ha defendido que este hecho merece "una valoración política, jurídica y personal en profundidad". Por eso, ha pedido "prudencia" y ha señalado que, "tal como ha hecho los últimos casi seis años en el exilio", no tomará "decisiones de forma precipitada ni inminente". El partido asegura que "respetará todas las decisiones personales que se deriven".
La Moncloa lo rebate
El Gobierno ya ha salido en defensa de su reforma del Código Penal y de la decisión que ha tomado el juez Pablo Llarena sobre Carles Puigdemont. Isabel Rodríguez, portavoz del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, ha señalado que la decisión de Llarena de exonerar al president en el exilio de los desórdenes públicos agravados (la reformulación del delito de sedición) pero mantener su persecución por malversación y desobediencia demuestra que el referéndum del 1-O "sigue teniendo condena". "Se concluye que aquellos hechos siguen teniendo reproche penal", ha dicho, además de instar a Carles Puigdemont y al resto de líderes independentistas exiliados a "responder ante la justicia española".