Societat Civil Catalana (SCC) ha ampliado la denuncia del procedimiento del 9-N y ha solicitado abrir nuevas diligencias para investigar a los funcionarios con el objetivo de identificar quien les ordenó firmar los gastos de la organización del proceso participativo.
En una rueda de prensa este viernes, la entidad ha explicado que la ampliación de la denuncia pretende aclarar los verdaderos responsables de los gastos del 9-N, ya que critican que la Generalitat pretende “derivar la responsabilidad” a los funcionarios.
El abogado de Abogados Catalanes por la Constitución y miembro de SCC Manuel Miró ha reivindicado que los funcionarios tienen una responsabilidad subsidiaria y que “la responsabilidad es de las personas que ordenaron los pagos”, por lo que quieren que los funcionarios expliquen quien dio esa orden.
El pasado mes de junio, la Generalitat solicitó el archivo del procedimiento alegando que los gastos preparativos y vinculados al 9-N fueron "intervenidos y aprobados" por los interventores delegados de los respectivos departamentos, lo que SCC considera que es un intento de mitigar la responsabilidad real del expresidente de la Generalitat Artur Mas, y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.
Este anuncio se produce después de que el Tribunal de Cuentas haya decidido activar el nombramiento de un instructor para que practique diligencias y proceda a la apertura de una investigación para dilucidar responsabilidades por el 9-N y, en su caso, reclamar a Mas, Homs, Ortega y Rigau el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros.