La secretaria general del Parlament, Ester Andreu, ha hecho llegar a los miembros de la Mesa la carta en que expone las razones que la han llevado a presentar su dimisión a raíz de la polémica provocada por el hecho que su hijo, se haya presentado a unas oposiciones al Parlament y se haya incorporado como ujier en la cámara catalana. La secretaria general presentó la renuncia el martes de la semana pasada a la Mesa, que pidió aquel mismo martes un informe a la Oficina Antifraude sobre esta cuestión. Andreu atribuye en el texto las acusaciones de qué ha sido objeto, que se han venido a añadir a la polémica en torno a la inhabilitación del diputado de la CUP, Pau Juvillà, a ataques dirigidos a la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

"Desde el pasado diciembre he sido objeto de acusaciones muy serias que ponen en entredicho no sólo mi imparcialidad, objetividad e independencia de criterio sino, sobre todo, mi profesionalidad y honradez. Esta situación y el hecho de saber que son instrumento para atacar a más altas instancias no lo hace menos doloroso, injusto e insoportable y manifiestan la falta de confianza de la mayoría de la Mesa en la secretaría general", arranca la misiva.

 

En el texto admite que "la falta de acuerdo y comunicación con el actual letrado mayor" afectan y dificultan el correcto desarrollo de sus funciones. De hecho, le responsabiliza de haber desacreditado su profesionalidad ante la Mesa del Parlament mostrando discrepancia o falta de acuerdo verbalmente durante las reuniones, acusándola de vulnerar el propio estatuto jurídico de los letrados, lo cual ha hecho, según asegura, la situación insostenible e impide el ejercicio de las funciones que le atribuye el reglamento.

Externalización sin precedentes

Andreu se refiere también a la intervención de la Oficina Antifraude y reprocha que "la externalización, en los términos que recoge el acuerdo de la Mesa de 31 de mayo, de la revisión de un proceso de selección de ujieres con el fin de constituir una bolsa de interinos, es un hecho sin precedentes en la historia de la Administración parlamentaria". En este sentido, recuerda que el reglamento de la Administración y función pública del Parlament recoge la adecuación al ordenamiento jurídico de las decisiones y acuerdos de la Mesa y el resto de órganos, y que en caso de alguna disfunción o irregularidad o duda se puede pedir que el asesoramiento se complete o que la regularidad del proceso sea revisado por un letrado de la cámara.

"Pues bien, en este caso, si bien determinados miembros de la Mesa pidieron vista del expediente, la mayoría de la Mesa no consideró necesario pedir un informe a los Servicios Jurídicos", assegura, además de reprochar que "se ha vuelto a poner en cuestión, tanto el poder hacer uso de este instrumento de supervisión de la regularidad de los procedimientos administrativos como de la independencia y objetividad del letrado al considerar que su situación de dependencia orgánica respecto de la secretaria general ponen en entredicho su independencia".

"Únicamente irregularidades formales"

Andreu asegura que el proceso de selección de la bolsa de ujieres interinos ha sido puesto a disposición de la Mesa y que tanto la nota interna jurídica del departamento de recursos humanos como el informe de los servicios jurídicos "aprecian únicamente algunas irregularidades de carácter formal no invalidante que nada tienen que ver con el hecho de que uno de los aspirantes tuviera un grado de parentesco con la secretaria general".

No es una asunción de responsabilidades

La secretaría general admite ser consciente que su dimisión antes que la Oficina Antifraude emita su informe -la publicación del cual es inminent- y antes que la Mesa se pronuncie en relación a su silencio sobre el hecho de que su hijo optara a las oposiciones para una bolsa de trabajo de ujieres interinos puede dar a entender que asume alguna responsabilidad en relación a este extremo. "Y no es así", asegura.

"A mi entender, la ética y la estética, como la moral, no son únicas, ni siquiera cuando son públicas, a menos que se recojan en una norma o protocolo que los diferentes actores tienen que observar", subraya, además de añadir que a pesar de respetar la opinión de aquellos que consideran que tenía que haber informado en la Mesa sobre estas circunstancias, personalmente considera que una vez garantizado el principio de igualdad de trato con su no participación al procedimiento, era "más respetuoso hacia la Mesa", no dar información en relación a ninguno de los aspirantes, "que también tienen derecho en qué se respete su intimidad, imagen y datos personales".