Un mes y cinco días. Eso es lo que ha tardado la derogación del delito de sedición en llegar a su votación final en el Congreso desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su sustitución por los desórdenes públicos agravados. Un mes y cinco días en los cuales el ejecutivo de PSOE y Podemos han presentado enmiendas al proyecto de ley para cambiar la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional —y evitar así más bloqueos— y en los que los socialistas han pactado con Esquerra Republicana una modificación del delito de malversación.
Desde que el pasado 10 de noviembre Sánchez anunció la modificación del Código Penal, en Madrid se le ha acusado de traición a España; y ha originado una revuelta dentro del PSOE en el ámbito estatal. Fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el primero en cargar duramente contra la Moncloa por haber pactado la reforma de la sedición con los "delincuentes" independentistas responsables del Procés y del referéndum del 1-O. El barón socialista instaba a Sánchez a "mantener la posición de no tocar" los delitos relacionados con la corrupción. España pasa por "un momento grave", afirmó el manchego. Y en la misma línea se ha pronunciado el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha opinado que "malversar fondos públicos para financiar un delito tan gravísimo como el de los independentistas catalanes tendría que tener una consideración agravada". Incluso el diputado socialista Odón Elorza ha manifestado su "malestar" por la "rapidez y la falta de debate interno" en torno a la reforma del Código Penal.
No solo lanzan dardos los socialistas contrarios a negociar con el independentismo una derogación de la sedición y una reforma de la malversación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desautorizó este miércoles a Page acusándolo de falta de "lealtad". De la misma manera, aunque sin atizar tanto el conflicto, el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, afirmó que respeta "mucho la libertad de expresión" pero que no comparte las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha.
El pacto entre PSOE y ERC sobre malversación
¿Qué han pactado Esquerra Republicana y el PSOE respecto del delito de malversación? Hace falta primero repasar cuál fue la propuesta de los republicanos: despenalizar el 1-O con una modificación del Código Penal que solo castigara con una horquilla de los seis meses a los tres años a quien malverse dinero público sin ánimo de lucro personal. Finalmente, sin embargo, los republicanos aceptaron la enmienda que quería imponer al PSOE: condenar con uno a cuatro años de prisión al funcionario que destine patrimonio público a una finalidad por la cual no estaba previsto. Se trata de una enmienda que también inhabilita al funcionario en una horquilla que va de los dos a los seis años.
Con la enmienda transaccional pactada entre PSOE y ERC, se establecen tres tipos de conductas castigadas por este delito: apropiación o intento de apropiación de patrimonio público ya sea para enriquecimiento propio o de terceros, el uso temporal de patrimonio público para uso privado y la de dar al patrimonio público una aplicación diferente que aquella por la que estaba destinado. Este último punto fija como requisito para las penas de prisión que el desvío presupuestario cause un "daño o entorpecimiento grave del servicio público". Es por eso que Esquerra Republicana considera que hechos como el 1-O no se pueden castigar; pero el PSOE no lo ve de la misma manera, además que habría que ver qué opinión tienen los jueces españoles.
Enmiendas a los desórdenes públicos agravados
Por otra parte, en la negociación de los republicanos con los socialistas, la formación de Gabriel Rufián consiguió añadir una enmienda en la cual se añade que en el caso de invasión de instalaciones es necesario "que se altere gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en estos lugares". También acordaron establecer que la aplicación de los desórdenes públicos agravados no es un "simple agravamiento" de las conductas recogidas en el tipo básico, sino que está previsto para casos "excepcionales" en los cuales se produzca "un comportamiento autónomo y con elementos dispuestos desde el inicio a alterar gravemente el orden público". Se trata de unos apuntes para evitar la criminalización de la protesta que tanto habían criticado formaciones como Unidas Podemos y Junts per Catalunya, además de los republicanos.
Las enmiendas sobre el CGPJ y el TC, recurridas
Horas antes que se celebre el Pleno del Congreso para la votación final de la reforma del Código Penal, el Tribunal Constitucional se reunirá en un Pleno extraordinario convocado para las diez de la mañana. ¿El motivo? Resolver el recurso de amparo que presentó un día antes el PP para frenar el cambio en la ley orgánica del Poder Judicial y la ley del TC. El recurso del PP llega cuando los populares mantienen su bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, y cuando la misma cúpula se niega a proponer a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional también por el bloqueo de los vocales conservadores.
El PP ha recurrido el movimiento del PSOE y Unidas Podemos en forma de dos enmiendas. Una que cambia la mayoría de tres quintos que tiene que sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados para el Constitucional que le corresponden por un nuevo sistema por el cual se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. Y otra que permitiría al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial hacer su propio nombramiento aunque la otra parte no lo haga en los plazos fijados.
"Toque de atención" a los jueces con el 'solo Sí es Sí'
Por otra parte, el Código Penal añade una enmienda para evitar que los tribunales apliquen una rebaja de penas a agresores sexuales con la ley del 'solo Sí es Sí'. El portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Patxi López, llegó a decir que este movimiento se puede entender como "un toque de atención" a los jueces.