El Gobierno estudia, a través de la Abogacía del Estado, hacer un gesto que sería interpretado como la retirada de la acusación de rebelión contra los procesados por el caso 1-O y mantener la de sedición, que incluye penas menos graves. Esta sería la maniobra que estaría estudiando el ejecutivo de Pedro Sánchez en relación a los presos políticos para asegurarse el voto afirmativo a los presupuestos de los partidos independentistas catalanes.
Según avanza El Confidencial, hasta ahora también se habría estudiado mantener solo la acusación de malversación pero el Ministerio de Justicia aún no ha tomado una decisión final. Según el citado medio, fuentes de ERC consideran que renunciar al delito de rebelión sería aceptar finalmente que, tal y como se ha mantenido desde el independentismo, no hubo violencia durante los hechos que llevaron a la declaración de independencia.
A todo ello, y puesto que el Gobierno intenta evitar cualquier presión sobre el criterio de la fiscalía, el gesto para rebajar el grado de la condena debería proceder de la Abogacía del Estado, un cuerpo jerárquicamente dependiente de Justicia y que se personó en nombre de la Agencia Tributaria en febrero cuando aparecieron indicios de malversación de caudales públicos.
La maniobra consistiría en que la Abogacía podría limitarse a acusar por malversación o elevar la petición hasta la sedición, lo que daría la imagen que el Gobierno descarta la rebelión. Aún así, los procesados podrían igualmente ser condenados por rebelión mientras así lo pida la fiscalía i la acusación particular de Vox, pero se eludiría toda responsabilidad del Gobierno.