Pablo Llarena ha redactado una euroorden de 60 páginas para conseguir llevar hasta el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo a los consellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig Gordi.

En el auto donde pide la orden de busca y captura les atribuye los mismos delitos por los que fueron condenados los presos políticos. A Toni Comín, exconseller de Salut, le atribuye los delitos de sedición y malversación. A Clara Ponsatí, exconsellera de Educació, el delito de sedición. Y a Lluís Puig Gordi, exconseller de Cultura, lo acusa de los delitos de malversación y desobediencia.

El escrito judicial describe los hechos desde el 19 de diciembre del 2012, cuando Artur Mas como president de la Generalitat firma con Oriol Junqueras el acuerdo para la transición nacional. A partir de aquí se relata con todo detalle la cronología de los hechos desde el Llibre Blanc hasta el 9-N del 2014. Un momento en el que ninguno de los encausados formaba parte del Govern de la Generalitat.

Con la constitución del nuevo gobierno el 9 de noviembre del 2015 empieza un proceso del cual sólo forma parte Toni Comín como conseller de Salut, porque Clara Ponsatí i Lluís Puig Gordi no entran en el Govern hasta el verano del 2017, justo antes del referéndum del 1-O.

En el auto Pablo Llarena explica las peticiones que hizo Carles Puigdemont en el momento entre el 1-O y el 27-O. Explica que el president de la Generalitat había reclamado la retirada de los cargos de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y del major Josep Lluís Trapero, además de una reunión con el gobierno del estado español "para explorar acuerdos futuros".

Según el juez, Puigdemont decidió el 19 de octubre aprobar la declaración de independencia ante la negativa a sus peticiones. Y con su reacción llegó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Llarena explicita incluso qué día dimitió el conseller Santi Vila, el 26 de octubre, justo el día antes de la declaración simbólica de independencia y la aplicación del 155.

De los tres buscados por la justicia, sin embargo, Comín, Ponsatí y Puig, no habla hasta la página 27 de la euroorden, y lo hace refiriéndose a la actuación del Govern. Los tres encausados aparecen en el momento en que se relata la firma del decreto del referéndum de autodeterminación después del pleno del 6 de septiembre del 2017. El escrito detalla incluso el papel de la ANC y Òmnium Cultural. Es aquí donde sale la descripción de los hechos del 20-S, que califica de "violento enfrentamiento".

Llarena cita la sentencia del Supremo para dictar la nueva euroorden y reformular los delitos.

Toni Comín

A Toni Comín, conseller de Salut, ahora acusado de sedición y malversación, se le acusa de buscar los locales de votación del 1-O.

"Las conversaciones telefónicas intervenidas reflejan la participación de Antoni Comín Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, y Josep Maria Jové i Lladó, como responsables destacados en la búsqueda de los locales donde instalar los colegios electorales, para lo cual hicieron gestiones con entidades municipales afines a la celebración de la consulta ilegal para conseguir esta cesión, y también buscaron instalaciones alternativas en aquellos municipios que no prestaron este apoyo o en aquellos lugares en que algún centro fue cerrado como consecuencia de la actuación judicial", dice en el auto Pablo Llarena.

Explica Llarena que para que todo quedara bajo su responsabilidad, Comín cesó a los representantes de los 29 consorcios sanitarios. Al departament de Comín le atribuyen un gasto destinado al referéndum de 233.180,55 euros.

Clara Ponsatí

A Clara Ponsatí, consellera de Educació, acusada ahora de sedición, se le atribuye disponer de los centros públicos para hacer la votación y la pone en el mismo saco que a Dolors Bassa por hacer lo mismo con los locales que dependían del Departament de Treball: "Estaban comprometidos con la celebración del referéndum, procedieron de manera parecida a como había hecho el conseller de Sanitat el día 22 de septiembre y asumieron la dirección y decisión sobre los centros escolares y los centros cívicos que dependían de sus respectivas conselleries".

Lluís Puig Gordi

A Lluís Puig Gordi, conseller de Cultura, acusado de desobediencia y malversación, le atribuyen un gasto destinado al referéndum del 1-O de 238.003,35 euros.