Más movimientos en el Tribunal Constitucional. Cuando faltan pocas horas para que finalice el plazo para presentar recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, las comunidades autónomas gobernadas por el PP continúan inundando el tribunal de garantías. A los gobiernos y parlamentos autonómicos que ya habían consumado la ofensiva, se han sumado, sucesiva y progresivamente, han dado el paso la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de La Rioja, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de las Islas Baleares. Además, los ejecutivos valenciano, castellanoleonés, cántabro y balear también han recusado al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido (que fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa), y a los vocales Juan Carlos Campo (exministro de Justicia) y Laura Díez (exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica). Es lo mismo que han hecho el PP, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia. Por otro lado, el Gobierno de Canarias (integrado por Coalición Canaria y el PP) ha descartado finalmente dar el paso.
📝 Cascada de recursos al TC de los gobiernos autonómicos del PP (y de Page) contra la ley de amnistía
Generalitat Valenciana: “Es una aberración legislativa que premia la deslealtad, el egoísmo y la insolidaridad”
El Consejo de la Generalitat Valenciana se reunió ayer por la tarde de forma extraordinaria para aprobar el recurso. “Lo presentaremos y estamos presentando en estos momentos”, dijo Carlos Mazón posteriormente en rueda de prensa. Sin embargo, su recurso todavía no figuraba en la información que remitió el gabinete de comunicación del TC. “Rechazamos una aberración legislativa que rompe la garantía de seguridad jurídica y la protección de los derechos de todos los españoles, incluidos los más de cinco millones de valencianos, y que, en última instancia, premia la deslealtad, el egoísmo y la insolidaridad”, sostuvo el presidente valenciano.
Carlos Mazón subrayó que el gobierno valenciano no permitirá la “ruptura del principio de legalidad” que “ponga en peligro la igualdad de trato que merecen” los valencianos ni “las oportunidades que deben seguir teniendo” frente a una ley que “han impuesto los mismos delincuentes que se van a beneficiar de ella, como si al ladrón se le consintiera redactar el Código Penal que más le convenga”. “En nombre de cada valenciano, ni un paso atrás”, concluyó.
Junta de Castilla y León: “En defensa del Estado de derecho”
Por otro lado, a primera hora de la mañana, quien lo ha confirmado ha sido Alfonso Fernández Mañueco. La Junta de Castilla y León ha dado el paso “en defensa del Estado de derecho y del principio de igualdad entre todos los españoles, pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución”. En relación con las recusaciones, ha alegado la “acreditada vinculación” de Conde-Pumpido, Campo y Díez con el asunto. “La aplicación de la amnistía ha supuesto unos privilegios para ciertas personas que han cometido unos hechos delictivos de extraordinaria gravedad”, ha añadido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.
Gobierno de La Rioja: “Supone un ataque a la democracia y a la configuración constitucional”
A media mañana, también lo ha confirmado el Gobierno de La Rioja, que ha aducido que la ley de amnistía supone un “ataque a la democracia y a la configuración constitucional de España” y una “importante violación de los principios constitucional de igualdad”. El portavoz del ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha lamentado que la norma “dinamita decisiones firmes adoptadas por el poder judicial” y “manifiesta una rotunda arbitrariedad”, y ha asegurado que la regulación de la amnistía “exigiría previamente una reforma constitucional en forma y fondo, no de forma encubierta y fraudulenta”.
Junta de Extremadura: “Un privilegio del que no pueden disponer el resto de ciudadanos españoles”
Más recursos. La Junta de Extremadura, presidida por María Guardiola, considera que la ley de amnistía establece “infundadamente” que “por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal, unos españoles deberán responder mientras que otros quedarán exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable”. Así lo ha asegurado la portavoz del gobierno extremeño, Victoria Bazaga, que ha sostenido que la norma concede un “beneficio” y la “eliminación de responsabilidades penales, contables y civiles” a unos ciudadanos por el “mero hecho de haber realizado sus conductas delictivas en una determinada comunidad autónoma”, cosa que supone un “privilegio del que no pueden disponer el resto de ciudadanos españoles”.
Gobierno de Cantabria: “Un misil en la línea de flotación de la democracia”
Por su lado, el Gobierno de Cantabria reitera que la ley “vulnera los principios de separación de poderes y seguridad jurídica”, es “arbitraria” y genera “distorsiones en el principio de igualdad” y añade que, asimismo, “vulnera el principio de que los fondos públicos deben utilizarse de acuerdo con los principios de eficiencia y economía, ya que perdona las responsabilidades contables de los que han manejado los fondos públicos para fines ilícitos”. La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha considerado que la norma es un “misil en la línea de flotación de la democracia” y un “grave ataque al modelo de convivencia” y ha argumentado el recurso por una “cuestión de decencia democrática”. “Como Gobierno, tenemos la obligación y el deber moral de actual para defender el orden constitucional y el interés general”, ha remachado.
Gobierno de las Islas Baleares: “Posibilita que las Cortes Generales suplanten al poder judicial”
El último gobierno autonómico en confirmar la presentación del recurso ha sido el de las Islas Baleares. El ejecutivo presidido por Marga Prohens lo han interpuesto mediante la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que argumenta que la ley es “contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad” y ataca el principio de separación de poderes porque “vulnera de forma flagrante la atribución exclusiva a los jueces y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional”. ¿Qué argumenta? Sostiene que “priva de efectos las sentencias”, “posibilita que las Cortes Generales puedan suplantar al poder judicial en sus funciones y considerar antijurídica la legislación que en su día aplicaron los tribunales de justicia”. En la línea de otros recursos, el gobierno balear esgrime que la norma “reconoce un privilegio a unos ciudadanos por el mero hecho de haber llevado a cabo las conductas en una comunidad autónoma determinada” y, por lo tanto, es un “privilegio del que no pueden disponer ni pueden aspirar al resto de ciudadanos españoles ni, obviamente, a los residentes en las Islas Baleares”.
Canarias descarta finalmente acudir al TC
Otra de las incógnitas que todavía permanecía era si el Gobierno de Canarias recurriría la ley de amnistía al Constitucional. Y, finalmente, el ejecutivo formado por Coalición Canaria y el PP (con la presidencia de Fernando Clavijo) cierra la puerta a ello, según indican fuentes del ejecutivo a ElNacional.cat. El pasado 30 de mayo, el mismo día que el Congreso aprobó definitivamente la norma, el gobierno canario solicitó a sus servicios jurídicos que estudiaran la posibilidad y viabilidad de presentar un recurso. El vicepresidente Manuel Domínguez sostuvo que la ley “ha sido realizada a medida para beneficiar solo a unos pocos” y expresó sus “serias dudas” sobre la constitucionalidad de la norma. En la votación en la cámara baja, Coalición Canaria se desmarcó de los socios de investidura y votó en contra.
“El Gobierno de España ha hecho de la ley de amnistía una causa de Estado, priorizándolo sobre otros problemas que afectan a otras comunidades como, por ejemplo, el fenómeno migratorio, un drama humanitario al que no han aplicado, ni por asomo, la misma velocidad, ni el mismo interés”, señaló Manuel Domínguez. Ahora el Gobierno de Canarias da marcha atrás sin argumentar los motivos que le han llevado a ello.