Los crímenes y las torturas del régimen franquista siguen sin poder investigarse en el Estado español. El titular del juzgado de instrucción 3 de Barcelona, el magistrado Gonzalo de Dios Hoyo, ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por los hermanos gemelos Maribel y Pepus Ferrándiz contra agentes de la Brigada Político-Social por torturas en la Jefatura de la Via Laietana en 1971. La Fiscalía de Barcelona -con el apoyo de la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado- pidió al magistrado que aceptara esta querella, impulsada por Irídia y Òmnium Cultural, y que investigara los hechos, como sostienen que le permite la ley 2/2022 de memoria democrática española. La vigencia de la ley de amnistía de 1977, que extingue toda responsabilidad penal cometida durante la dictadura, pero es el principal escollo para llevarlo a cabo. La Fiscalía ha informado a ElNacional.cat que ya ha presentado un recurso a la Audiencia de Barcelona contra la resolución de archivo, dictada el 21 de marzo pasado, para que se investigue las torturas denunciadas, cómo también hará Irídia, en nombre de los hermanos Ferrándiz.

Esta es la segunda querella rechazada por un magistrado de Barcelona porque consideran que la ley de memoria democrática no ha derogado la ley de Amnistía de 1977, además de que el delito de tortura no existía en aquella época y si fuera así estaría prescrito. El primer caso es la querella presentada por Carles Vallejo contra agentes de la policía española para torturarlo en la comisaría de Via Laietana. La titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, Carmen García, tal como ahora ha hecho su colega del juzgado de instrucción 3 de Barcelona, desestimó la querella de Vallejo por la vigencia de la ley de amnistía de 1977 y al asegurar que la nueva ley de memoria democrática no la anula.

Principio de legalidad

En la resolución, el magistrado de Barcelona hace referencia a resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo del 2012, además de la Audiencia de Barcelona, que rechazan investigar delitos prescritos y que no se acogen a principio de legalidad. En cambio, no hace ninguna referencia a la nueva ley de memoria democrática.

 

Delitos que no prescriben

Desde d'Irídia, que ha presentado las dos querellas, se ha defendido que los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben y que organizaciones de derechos humanos internacionales han exigido al Estado español que derogue la amnistía de 1977 por los crímenes excluidos de responsabilidad.

Sònia Olivella, coordinadora de litigios de Irídia, ha afirmado que "no es ninguna sorpresa" que el titular del juzgado de instrucción 3 de Barcelona no admita a trámite la querella de los hermanos Ferrándiz porque hay más de un centenar de presentadas e inadmitidas en el Estado español. Con todo, ha lamentado que el magistrado no dedique ni una frase "al nuevo marco jurídico abierto por la ley de Memoria de 2022", y que presentarán recurso a la Audiencia de Barcelona por vulneración a tutela judicial efectiva y el derecho a saber la verdad. Olivella ha recordado que esta querella se presenta en el marco de la campaña de varias entidades memorialistas para convertir la comisaría de vía Laietana en un espacio  de memoria, para recordar las torturas sufridas y porque no se vuelvan a repetir.

La amnistía de 1977

En el caso de Vallejo, la magistrada afirmó que la denuncia del sindicalista de haber sido torturado por agentes de la Brigada Político Social los años 1970 y 1971, "son hechos prescritos y amnistiados". Además, añadía que no son constitutivos del delito de lesa humanidad por torturas, del cual los organismos internacionales afirman que no prescriben.

La jueza detallaba que el delito de torturas no se incluyó en el Código Penal español hasta el año 1978, y el de lesa humanidad hasta el 2003, por lo tanto, sostiene que no se puede aplicar estos delitos de forma retroactiva contra los policías denunciados por Vallejo. Y, concluía que la nueva ley de memoria democrática de 2022 no ha derogado la ley de Amnistía de 1977 y, por lo tanto, se tiene que regir por el principio de legalidad penal.

Ahora habrá que ver la respuesta de la Audiencia de Barcelona, que hace meses que se espera en el caso de Carles Vallejo y si considera que la nueva norma permite las instrucciones. Para la Fiscalía de Memoria Democrática, la nueva norma permite las investigaciones para garantizar el derecho de las víctimas a saber la verdad, a pesar de que después no se puedan exigir responsabilidades penales.

Precisamente, el Gobierno ha apostado por la ley de memoria democrática y ha anunciado que presentará recurso al Tribunal Constitucional contra la ofensiva de Vox y el PP para derogar esta norma, allí donde gobiernan.

 

En la foto principal, presentación de la querella de los hermanos Ferrándiz en el casal del barrio Prosperidad de Barcelona, el noviembre pasado. / Foto: Carlos Baglietto