Una negociación cerrada. El informático Isaías Herrero, a quien Laura Borràs adjudicó los contratos, valorados en más de 300.000 euros, para actualizar la web de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC), ha negociado con la Fiscalía un acuerdo para que le rebaje la petición de pena para no entrar en la prisión, si confiesa y declara que siguió las órdenes de la presidenta suspendida del Parlament, cuando era directora de la institución, entre los años 2013 y 2017, según fuentes judiciales. La Fiscalía pide para cada uno 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación. La Fiscalía espera que Herrero, amigo de Borràs, declare y, al final del juicio, podría rebajar su petición de castigo para que no ingrese en prisión. Herrero sería el segundo acusado que pacta con la Fiscalía para incriminar a Borràs. Roger Espar, funcionario del ILC aseguró, en la instrucción al TSJC, que Borràs le había ordenado fraccionar los contratos y aportó unos audios vitales. El tercer acusado es Andreu Pujol, que habría firmado un presupuesto para encubrir Herrero y a quien la Fiscalía pide 3 años de prisión y 10 de inhabilitación; y, en principio, no ha pactado nada con la Fiscalía.
El juicio contra Borràs, Herrero y Pujol empieza este viernes en el TSJC y se ha programado en siete sesiones. El viernes las defensas de los tres acusados plantearán cuestiones previas, es decir, peticiones antes no aceptadas para corregir, a su parecer, irregularidades y la vulneración de derechos. La defensa de Borràs, ejercida por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, reclamarán que se aparte de la causa los correos electrónicos entre Borràs y Herrerro, que los incrimina, y del cual aseguran que los Mossos los obtuvieron sin autorización judicial. Por su parte, la defensa de Herrero, ejercida por Marina Roig, y de Pujol, por Àlex Solà, expondrán que la prórroga de la investigación no se hizo correctamente. El tribunal que los juzgará está formado por los magistrados Jesús Maria Barrientos, que será el ponente, Fernando Lacaba, y Maria Jesús Manzano.
Después de la sesión del viernes, el juicio se reanudará el 20 de febrero con la declaración de los acusados, aunque solicitaron hacerlo al final del juicio. Los días 21,22 y 23 se han concentrado la declaración de testigos; el día 27, las periciales, y finalmente, el 1 de marzo, los informes finales, donde la Fiscalía podría variar o no la petición de las penas.
La segunda condena de Herrero
En principio, la Fiscalía quiere que se celebre todo el juicio con la presencia de Herrero y que detalle las acusaciones contra Borràs. Herrero fue condenado a 5 años de prisión por tráfico de drogas, y el juez le suspendió la entrada en la prisión a cambio que hiciera un tratamiento de desintoxicación. El caso de la Institució sería su segunda condena, y la Fiscalía le tendría que reclamar una pena inferior a 2 años de prisión, que es el mínimo para no ingresar. Además, cuando acordó la ejecución de la primera condena no era firme la investigación de la Institució.
Los 18 contratos
En concreto, la Fiscalía acusa a Borràs de haber adjudicado 18 contratos menores sin concurso (a dedo), que suman más de 309.000 euros, sobre la programación y mantenimiento del portal web de la Institució a su amigo Isaías Herrero. El funcionario de la Institució Roger Espar, que declaró que actuó bajo las órdenes de Borràs, al final no es acusado, y declarará como testigo.
En el escrito de acusación final, la Fiscalía retiró la acusación de malversación de fondos públicos por el cual inicialmente fue investigada la presidenta suspendida del Parlament, cambio que Borràs interpretó, una vez más, que "su causa no es por corrupción", sino de persecución política, aunque ERC y la CUP le han vuelto a dar la espalda y no le dan apoyo. Borràs los ha acusado de vulnerar su presunción de inocencia.