Nuevo varapalo al juez que persigue a los CDR. Por segunda vez, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional ha dado la razón a los abogados de Alerta Solidaria y ha resuelto que tienen derecho a acceder a las diligencias anteriores, que son al inicio de la investigación contra los 13 vecinos, miembros de CDR, acusados de terrorismo, en la operación Judas. Hace una semana, la sala acordaba el acceso de parte de las informaciones, en concreto de los audios completos. Ahora, además, reconoce que la "privación de conocer todo el contenido  de la investigación vulnera el derecho a la defensa". Para Alerta Solidaria "es un duro revés al juez instructor" Manuel Garcia-Castellón, que "sistemáticamente se había opuesto, con la complicidad del fiscal", que las defensas de los encausados tuvieran acceso a las Diligencias Previas 99/2018, que son al inicio de la operación, y también de las Diligencias Previas 104/2017. Es decir, a una investigación iniciada un año antes de su detención, el 2019. Su caso se instruyó en una pieza separada, la número 2, de la causa central.

La formación precisa que las Diligencias Previas 104/2017 propiciaron, como mínimo, la operación antiterrorista contra Adrià Carrasco y Tamara Carrasco. "Operación antiterrorista que acabó en nada", recuerda Alerta "con acusaciones por delitos de desórdenes públicos y enjuiciados en tribunales ordinarios catalanes". Las defensas apuntan "a los fracasados procedimientos contra Adrià y Tamara" para esgrimir el derecho a poner en cuestión todas las actuaciones practicadas hasta ahora en relación con la operación Judas, o conocida también como 23-S, que es la fecha de cuando fueron detenidos y encarcelados los nueve primeros encausados. Añaden que "no se sabe el contenido de las escuchas, de los seguimientos, de como justificaba su aprobación, quién lo acordaba, ni tampoco por qué se enjuicia todo por parte del tribunal de excepción de la Audiencia Nacional".

Resolución

Los magistrados de la sala de lo penal de la sección 2.ª, de la Audiencia Nacional son contundentes con su colega: «La decisión adoptada por el juzgado central de instrucción 6 vulnera el artículo 24.2 de la Constitución Española y singularmente el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.» Al mismo tiempo, admiten, que ciertamente como expone la defensa de Xavier Duch "se está ocultando al procesado diligencias esenciales para su defensa", con un juicio a la vista. En concreto, en su procesamiento se indica que Duch recibió el 15 de septiembre de 2018 "material superconfidencial", que se encuentra en otro procedimiento al cual no ha tenido acceso. Y por eso, acuerda, a petición de la defensa: «La incorporación al proceso de las Diligencias Previas 104/2017 y 99/2018.»

Para Alerta Solidaria, a la vista de la "contundente resolución", se abre una nueva tarea ingente para las defensas para "escudriñar dentro de las diligencias ocultadas, para evidenciar el montaje orquestado desde el principio" e insistir en la auténtica naturaleza de la operación contra los independentistas encausados y que, asegura que "solamente tenía lógica para extender el miedo al independentismo de base". El septiembre pasado, el juez de la Audiencia Nacional procesó por organización terrorista a los trece ciudadanos. Y a nueve de ellos también los  ha procesado por tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas de carácter terrorista.

Paralelamente a la causa de los CDR, el juez García Castellón mantiene secreta una investigación para averiguar quiénes son los responsables de Tsunami Democràtic. Por eso, reclamó al juez del caso Volhov, que investiga la financiación del movimiento independentista catalán, una parte de su investigación, con el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente convergente David Madí al frente.