El president de la Generalitat, Salvador Illa, podrá soplar este fin de semana media vela para conmemorar los seis meses en el Govern. En este medio año, Illa ha convertido en bandera del ejecutivo su discurso sobre la "normalización" política de Catalunya, que se ha visto favorecido por las dificultades en que chapotea el soberanismo, con el president de Junts, Carles Puigdemont, en el exilio y el de ERC, Oriol Junqueras, pendiente del congreso del partido. Illa logró la investidura el 8 de agosto después de un acuerdo con Esquerra, centrado en el reconocimiento del conflicto político de Catalunya con el Estado y el compromiso de impulsar un nuevo modelo de financiación singular. El primer punto ha quedado literalmente enterrado bajo el discurso de la nueva normalidad. El segundo, seis meses después, sigue sin concreción alguna. Esta falta de avances también ha tenido un coste para el ejecutivo, dado que ERC haya cerrado la puerta a negociar los presupuestos mientras no haya avances.
Más allá de los grandes titulares, el ejecutivo socialista también ha empezado a probar las dificultades del día a día liderando la Generalitat. El viernes una encuesta del CEO sobre valoración del Govern suspendía la gestión de Illa y del ejecutivo de Pere Aragonès; i por primera vez en este sondeo los catalanes suspendían el funcionamiento de Rodalies, cuya responsabilidad atribuye mayoritariamente a la Generalitat. Esto ocurría en una semana en la que el director del Servicio Catalán de Tráfico se ha tenido que disculpar por el caos provocado en la AP-7 por un accidente e Interior ha tenido que lidiar con el pico de los datos de criminalidad registrados en lo que va de año, mientras que los agricultores vuelven a activar sus protestas y la Conselleria d'Educació, que ya tuvo que corregir la pretensión de convertir la literatura en una asignatura optativa, ahora se encuentra con la revuelta en el bachillerato científico.
En el balance positivo de estos seis meses, Illa se ha apuntado noticias como el retorno de empresas que se habían marchado de Catalunya a raíz del procés, como el Banco de Sabadell -en plena opa del BBVA- o Cementos Molins. El impulso económico es uno de los puntales del discurso del president, que anunció el viernes de la pasada semana un programa para invertir 18.500 millones en diferentes sectores para recuperar el liderazgo económico de Catalunya.
Normalización
En esta estrategia, uno de los elementos clave de la receta de Illa ha sido desde le primer día el discurso de la "normalización política". Sin duda, su llegada al Govern se ha convertido en un lubricante extraordinario para las relaciones con el Estado. El president, que no esconde la profunda sintonía con Pedro Sánchez y con el PSOE, ha reubicado a la Generalitat en cualquier convocatoria española, empezando por las de la Casa Real en las cuales el president de la Generalitat se ha convertido en un habitual, desde la celebración del 12 de octubre hasta cualquier visita del Rey a Catalunya. Este "retorno", incluso a espacios donde el Govern no había puesto nunca los pies, se ha convertido en la base de lo que Illa describe como "normalización".
Este argumento ha eclipsado el primer punto del acuerdo con ERC, sobre el reconocimiento del conflicto con el Estado. La Convención Nacional para la resolución del conflicto político que, según el pacto PSC-ERC, se tenía que constituir en el Parlament en el primer pleno ordinario después de la investidura de Illa duerme plácidamente en algún cajón.
Financiación
Tampoco ha habido resultados en el capítulo la financiación, el gran pilar del acuerdo para la investidura. Eso a pesar de que este tema está muy presente en el discurso del president, que incluso ha programado una ronda de visitas por las distintas comunidades autónomas del Estado para explicar que su propuesta no perjudicará a nadie y que se basa en un modelo de "prosperidad compartida".
Sin embargo, más allá del discurso, no ha habido concreciones sobre la propuesta de financiación singular, según la cual, la Generalitat pasará a gestionar todos los impuestos que se pagan en Catalunya. El Govern insiste en que están en marcha dos grupos de trabajo. Por una parte, el llamado Programa para el diseño e implementación del nuevo modelo de financiación de la Generalitat, que dirige el economista y exdiputado del PSC Martí Carnicer. La consellera anunció esta iniciativa en una entrevista en la Cadena SER el 21 de octubre. El mismo día firmó la resolución correspondiente, donde se formalizaba el nombramiento de Carnicer, que cuenta con el asesoramiento de un grupo de cinco expertos: Marta Espasa, Maite Vilalta y Alejandro Esteller, de la Universidad de Barcelona (UB); Jesús Ruiz-Huerta, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; y el exconseller valenciano Vicent Soler Marco. La conselleria, sin embargo, no ha aportado más datos sobre el calendario y plan de trabajo de este programa ni sobre el contenido de sus reuniones.
Tampoco ha informado sobre el grupo de trabajo que el Govern sostiene que se ha creado con el ministerio de Hacienda para estudiar cómo reforzar la Agencia Tributaria de Catalunya para poder asumir la recaudación y gestión de los impuestos, tal como establece el pacto de investidura. Este grupo supuestamente se creó a finales del año pasado y estaría integrado por cuatro representantes del Govern y cuatro del Ministerio de Hacienda. No obstante, la conselleria no ha querido comunicar los nombres de los miembros, mientras que fuentes del ministerio de Hacienda consultadas por ElNacional.cat, aseguran que no existe ningún grupo de trabajo, aunque sí hay "conversaciones de manera rutinaria" entre la conselleria y el ministerio.
Agencia Tributaria
Reforzar la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) es imprescindible para cumplir el acuerdo firmado por PSC y ERC. Actualmente, la ATC gestiona y recauda el 9% de los impuestos generados en Catalunya y la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), el 91% restante. Para que la Generalitat pueda asumir el próximo año la gestión del IRPF, tal y como se especifica en el acuerdo, necesita multiplicar sus medios humanos, materiales y tecnológicos. La administración catalana dispone de 852 trabajadores, de los cuales 23 son inspectores y 269 técnicos tributarios, mientras que el AEAT dispone en Catalunya de casi 5.000 funcionarios, entre los cuales, 498 inspectores y 1.600 técnicos.
En este movimiento, los sindicatos tienen un papel clave. Consultado por ElNacional.cat, el secretario general de Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, asegura que "a día de hoy no se ha abierto ninguna mesa de negociación para abordar el despliegue". GESTHA ya dejó claro hace seis meses sus reticencias y el rechazo de los funcionarios del Estado a pasar a la Generalitat, y su secretario general insiste en que "no es fácil" cerrar un acuerdo como este. Entre otras razones porque la Generalitat tendrá que negociar con los funcionarios las condiciones laborales, vista la diferencia de retribuciones entre las dos administraciones y la pérdida de posibilidades de movilidad territorial que comporta hacer el salto al cuerpo de la Generalitat. Esto se añade al hecho de que en Catalunya siempre hay un déficit de funcionarios del Estado, porque los catalanes optan de manera mayoritaria por las oposiciones de la Generalitat. Este déficit provoca que la agencia estatal destine a Catalunya trabajadores de otros territorios que, cuando adquieren suficiente antigüedad para pedir el traslado, a menudo optan por volver a su lugar de origen. En cualquier caso, según los expertos, en una primera fase, para asumir la recaudación del IRPF, no sería necesario que se materializara el traspaso de todo el personal.
Hasta ahora, la única cifra que ha avanzado el Govern fue a través de una respuesta parlamentaria en que Illa explicó que la ATC tiene que multiplicar por cuatro su capacidad de personal, lo cual equivaldría a pasar de los 852 trabajadores que tiene en estos momentos a unos 3.400.
Bloque de constitucionalidad
A la complejidad técnica que representa que el acuerdo sea aplicable en la campaña del IRPF del 2026, hay que añadir que previamente la nueva financiación se tiene que negociar también de manera multilateral en el marco del Consejo de Política a Fiscal y Financiera, donde las autonomías del PP -y alguna del PSOE- han dejado clara su oposición a la financiación singular, y que, posteriormente, las modificaciones legales necesarias para aplicar la nueva financiación tienen que recibir el visto bueno del Congreso de los diputados.
Un informe elaborado por el anterior Govern sobre la financiación singular subraya que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, esta negociación afectaría a lo que se considera como bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, se tendrá que materializar a través de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que requiere la mayoría absoluta del Congreso de los diputados para sacarlo adelante, además de obligar a revisar la Ley de financiación de las comunidades autonomías de régimen común y la Ley de cesión de tributos.
Comisiones bilaterales
Finalmente, el calendario de las próximas semanas podría aportar un poco de luz a la nebulosa que envuelve la nueva financiación. El ministerio de Hacienda ha convocado para el 26 de febrero un Consejo de Política Fiscal y Financiera y, a pesar de que la condonación de una parte de la deuda del FLA -acordado entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez- será el tema estrella, la nueva financiación también tendrá que estar sobre la mesa, aunque solo sea porque el actual modelo está caducado desde el 2014.
Previamente, el 24 de febrero, en Barcelona se reunirá la Comisión bilateral Generalitat-Estat y la Comisión Mixta de Transferencias. Desde febrero del 2022 no se ha reunido la comisión bilateral, mientras que la de transferencias se convocó por última vez en noviembre del 2010. La última semana de febrero se reunirá la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que celebró la última reunión de julio del 2024, y el 17 de febrero la Comisión Bilateral de Infraestructuras.
El Govern ha enmarcado a la batería de reuniones en la "recuperación de la normalidad institucional" y en la voluntad de avanzar en los acuerdos, en particular, la nueva financiación. Sin embargo, desde la oposición ya se considera literalmente "imposible" que pueda cerrarse un nuevo modelo en los plazos que señala el pacto con ERC. En cualquier caso, del avance en estas cuestiones -y del congreso de ERC del mes de marzo- depende que el ejecutivo de Salvador Illa pueda encarar los tres años y medio que le quedan con cierta tranquilidad y no se vea obligados a recurrir a prórrogas presupuestarias y decretos de modificación del crédito que, por más amplios que sea, nunca serán unos presupuestos.