El Tribunal Constitucional resolverá este lunes en un pleno extraordinario si para finalmente la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el mismo tribunal de garantías, aprobados por el Congreso y pendientes de votarse en el Senado, con el riesgo de provocar una crisis institucional sin precedentes en democracia.

Este pleno extraordinario es el que se convocó inicialmente para el jueves pasado. El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, lo retrasó finalmente después de evaluar la petición que hicieron por escrito cinco magistrados progresistas del tribunal.

Así pues, el sector progresista consiguió posponer el pleno argumentando que tenía que disponer del "tiempo indispensable" para estudiar la cuestión, después del goteo de informes presentados entre la noche del miércoles y la mañana del jueves por PSOE, Vox y Unidas Podemos.

Un aplazamiento que facilitó la aprobación de la reforma

El aplazamiento permitió aprobar la reforma en el Congreso. Los progresistas tuvieron la oportunidad de ganar tiempo y que el Congreso aprobara aquella tarde las enmiendas incluidas a la proposición de ley que deroga la sedición. Este era precisamente el aspecto que el PP pretendía evitar con su petición de medidas cautelarísimas en el Constitucional.

Sin embargo, no se ha desactivado la amenaza de congelar la reforma legal, que el Senado tiene previsto debatir el martes en la Comisión de Justicia para aprobarla en el pleno del jueves. Se da la circunstancia de que el ponente Enrique Arnaldo, propuesto por el PP para ser magistrado del Constitucional y que ha colaborado con FAES, defiende frenar la tramitación.

El pleno de este lunes también tendrá que resolver sobre la admisión a trámite del recurso del PP y, las cautelarísimas, pero previamente habrá un capítulo inicial abierto por Unidas Podemos, que ha pedido la recusación del presidente del tribunal y del magistrado Antonio Narváez. Los dos están afectados de forma directa por las enmiendas que el PP quiere paralizar, ya que se han diseñado para facilitar la renovación de magistrados con el mandato caducado y los dos saldrían del tribunal.

¿Qué tiene que resolver el tribunal?

Primero de todo se tendrá que resolver si se admiten o no a trámite las recusaciones presentadas por Unidas Podemos, a no ser que los mismos afectados opten por abstenerse del proceso, cosa que incluso pueden pedir otros magistrados. Según ha informado la agencia Efe este domingo, citando fuentes jurídicas, es imperativa la abstención de los dos magistrados afectados por la ley, porque se pretende suspender una norma que determina directamente su cese.

Teniendo en cuenta la división el tribunal en este asunto, si se abstienen los números serían favorables al sector progresista, por cinco a cuatro, de manera que esta cuestión puede resultar crucial para el desenlace de la cautelarísima y del fondo del recurso.

Ahora bien, si no se abstuvieran y se admitieran a trámite las recusaciones, se tendría que nombrar un ponente para redactar una resolución relativa a los dos magistrados, una cuestión que por norma general ocupa meses.

Los posibles escenarios

En todo eso se suma que Vox ha seguido los pasos del PP y pide la suspensión de la iniciativa parlamentaria, mientras que el grupo socialista y Unidas Podemos solicitan personarse en el procedimiento y se oponen a cualquiera cautelar que afecte al trámite legislativo. A la espera de lo que decida el TC, el Senado ya ha incluido la proposición de ley en su agenda semanal.

El TC puede denegar la cautelarísima, y en este caso la reforma podría ser aprobada de forma definitiva el jueves en la Cámara Alta, o estimarla y ser impedida la tramitación de la iniciativa, hecho que desencadenaría una crisis institucional sin precedentes. Y todo eso con un pleno del CGPJ 24 horas después, donde previsiblemente se nombran los dos magistrados que tiene que designar el órgano de gobierno de los jueces. Con eso se podría evitar que la crisis entre los poderes del Estado saltara por los aires y, al mismo tiempo, convertir en estéril la votación al Senado.