Nuevo choque entre el Congreso y el Senado. Entre Francina Armengol y Pedro Rollán. Y entre los letrados de ambas cámaras. Ahora, a costa de la ley que beneficia a presos de ETA. Después de que la cámara alta rechazara la norma por mayoría absoluta y adujera que esto equivalía a un veto, la cámara baja no reconoció esta negativa y decidió enviar la ley directamente al Boletín Oficial del Estado. Ahora, el Senado cuestiona la decisión del Congreso, lo acusa de un “manifiesto exceso competencial” y señala que el único que puede dirimir la discrepancia es el Tribunal Constitucional. Fuentes próximas al presidente de la cámara alta señalan a ElNacional.cat que el Senado “ha hecho todo lo que podía” y “no puede hacer nada más” y apuntan que el camino al TC se tendría que articular a través, por ejemplo, de un recurso de amparo que presenten los senadores que consideren que se han vulnerado sus derechos fundamentales.
La respuesta del Senado llega en una carta que Rollán ha remitido a Armengol esta mañana. El presidente de la cámara alta considera que es “incomprensible” que el Congreso considere que el Senado “no ha comunicado que haya opuesto su veto en los términos exigidos por la Constitución”. “El acuerdo de la Mesa del Congreso señala, incurriendo en un manifiesto exceso competencial, que el rechazo del proyecto de ley orgánica por la mayoría absoluta del pleno del Senado no puede considerarse un veto”, denuncía la cámara alta. Asimismo, justifica que “no es a la Mesa del Congreso a quien le compete decidir si el resultado de la votación en la sesión plenaria debe tener el efecto jurídico de un veto, sino al Tribunal Constitucional”.
Pedro Rollán alega que, como señala el informe de la Secretaria General del Senado, “no existe jurisprudencia constitucional aplicable a este caso”, dado que “nunca se había producido un rechazo por mayoría absoluta en el Pleno sin previamente haberse presentado formalmente vetos ni haberse aprobado enmiendas”. E insiste: “El rechazo por mayoría absoluta es el único requisito constitucional exigido para considerar que existe un veto”. Por este motivo, el presidente del Senado ruega “encarecidamente” a la presidenta del Congreso que, en “defensa de la autonomía normativa y reglamentaria de la cámara alta, de los derechos fundamentales y del respeto a la voluntad general expresada por el pleno del Senado”, convoque el pleno para someter a votación el veto del Senado en tanto “no se pronuncie el Tribunal Constitucional, sentando nueva jurisprudencia que dé solución al caso”.
Rollán acusa a la Mesa del Congreso de despachar el asunto de forma “frívola e inconsistente”
En su escrito, Pedro Rollán también reprocha a Francina Armengol que la comunicación de respuesta al presunto veto “no viene respaldada por informe alguno de los servicios jurídicos del Congreso” y, en lugar de eso, “se despacha rápidamente y de un modo que podría calificarse de frívolo e inconsistente” una cuestión de “indudable trascendencia para el sistema político”. Además, Rollán muestra su “sorpresa” por la “celeridad” en la toma de la decisión, “sin estar el asunto incluido en el orden del día” y habiendo llegado al Congreso los oficios del presidente del Senado “apenas unas horas antes”.
La cámara alta también recela del anuncio “insólito” de Rafa Simancas (el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes), que en la Junta de Portavoces del Senado expresó que el Gobierno “no consideraba que el rechazo por mayoría absoluta fuera un veto”. “El Gobierno no tiene competencia para hacer ese tipo de valoraciones en una materia que solo compete a la autonomía normativa del Senado, ni tampoco para dictar instrucciones que dan la impresión de resultar inmediatamente ejecutadas por la Mesa del Congreso”, esgrime Pedro Rollán. “Se trata de una lamentable confusión entre los poderes del Estado que es absolutamente intolerable en democracia”, remacha.
Pedro Rollán discrepa “radicalmente” de que el rechazo del Pleno del Senado se produjera “vencido el plazo”
Finalmente, el presidente del Senado lamenta que la Mesa del Congreso entienda que “el rechazo del Pleno del Senado se ha producido vencido el plazo de veinte días que la Constitución dispone para la tramitación de los proyectos de ley declarados urgentes”. “Discrepo radicalmente de esta valoración”, subraya Rollán. Argumenta que el calendario de tramitación de la norma fue “informado y distribuido” en la Junta de Portavoces “sin que ninguno de los portavoces ni los representantes del Gobierno opusiera reparo alguno en la determinación de la fecha final del plazo, el 14 de octubre”. “Esta fecha tampoco ha resultado en ningún momento controvertida en los debates producidos en las reuniones de la Mesa del Senado”, añade. Por este motivo, considera que la Mesa del Congreso está “invadiendo la autonomía reglamentaria y organizativa del Senado” de forma “jurídicamente inmotivada y arbitraria”.