A pesar de los embates del Tribunal Constitucional, el Senado ha podido aprobar este jueves la reforma del Código Penal. La cámara baja ha dado su luz verde, pues, a la derogación del delito de sedición a cambio de la introducción de los desórdenes públicos agravados; así como la modificación del delito de malversación que el PSOE ha pactado con Esquerra Republicana. La asignatura que queda pendiente ahora es la reforma del poder judicial, después de que el TC haya complicado al Gobierno la renovación de este mismo tribunal de garantías.
El senador del PP Javier Maroto ha sido el encargado de encender el debate en la cámara baja con acusaciones hacia el PSOE de haberse doblado al independentismo. Según el popular, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha consumado una "traición a sus promesas, a sus votantes y a España". También ha atacado la ministra de Justicia, Pilar Llop, de una manera que ha crispado la bancada socialista en el Senado. Ha lamentado que Llop no estuviera presente este jueves en el hemiciclo, y se ha referido a ella como la "ministra mudita", porque "todo le hace el señor Bolaños", ministro de la Presidencia. "No se puede pacificar nada entregándolo todo", ha manifestado Maroto en referencia a los gestos de Sánchez hacia Catalunya.
El debate, sin embargo, ha quedado bajo la sombra del Tribunal Constitucional, que a principios de esta semana recortó del orden del día dos de las enmiendas que se tenían que votar este jueves en el Senado. Maroto ha negado que haya ningún "complot" entre su partido y el tribunal de garantías, y ha reiterado que el problema de la reforma del poder judicial que planteaban PSOE y Unidas Podemos tenía "un problema de formas", no de fondo. "Era una chapuza", ha insistido. Para dar más peso a sus argumentos, ha señalado que la reforma de la sedición y la malversación "no gusta nada" al PP, pero que lo aceptan y no lo recurren porque "es democrático". "Ustedes pueden legislar lo que les dé la gana siempre que no se salten las normas del juego", ha añadido.
Maroto, que también ha dicho algunas inexactitudes durante su discurso, ha sido reprobado por el senador socialista José María Oleaga, que ha criticado su tono. De hecho, le ha tenido que recordar que con esta reforma del delito de malversación, la corrupción se sigue persiguiendo, por mucho que hayan aparecido distinciones. El senador del PP había llegado a insinuar durante su discurso que algunas actitudes corruptas quedaban impunes.
¿Qué se ha aprobado este jueves en el Senado?
El Senado ha aprobado de manera definitiva la sustitución al Código Penal del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Se ha aprobado también un retoque que hicieron PSOE y ERC al texto original, que había generado críticas por la posible persecución del derecho de protesta. Socialistas y republicanos presentaron una enmienda en la cual se añadía que en el caso de invasión de instalaciones es necesario "que se altere gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en estos lugares". También acordaron establecer que la aplicación de los desórdenes públicos agravados no es un "simple agravamiento" de las conductas recogidas en el tipo básico, sino que está previsto para casos "excepcionales" en los cuales se produzca "un comportamiento autónomo y con elementos dispuestos desde el inicio a alterar gravemente el orden público".
Con respecto al delito de malversación, los republicanos acabaron aceptando la enmienda que impuso el PSOE: condenar con uno a cuatro años de prisión al funcionario que destine patrimonio público a una finalidad por la cual no estaba previsto. Se trata de una enmienda que también inhabilita al funcionario en una horquilla que va de los dos a los seis años. Con la enmienda transaccional pactada entre PSOE y ERC, se establecen tres tipos de conductas castigadas por este delito: apropiación o intento de apropiación de patrimonio público sea para enriquecimiento propio o de terceros, el uso temporal de patrimonio público para uso privado y la de dar al patrimonio público una aplicación diferente que aquella en la que estaba destinado. Este último punto fija como requisito para las penas de prisión que el desvío presupuestario cause un "daño o entorpecimiento grave del servicio público". Es por eso que Esquerra Republicana considera que hechos como el 1-O no se pueden castigar; pero el PSOE no lo ve de la misma manera, además que habría que ver qué opinión tienen los jueces españoles.
¿Qué no se ha podido aprobar este jueves en el Senado?
PSOE y Podemos presentaron dos enmiendas para reformar el poder judicial y desbloquear de esta manera los nombramientos para el Tribunal Constitucional. En primer lugar, pretendían cambiar la mayoría de tres quintos que tiene que sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados en el Constitucional que le corresponden por un nuevo sistema por el cual se nombraría a los dos magistrados que sacaran más votos. También querían permitir al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial hacer su propio nombramiento aunque la otra parte no lo haga en los plazos fijados. También querían establecer un plazo para aquella elección que, en caso de que los vocales lo incumplieran, podrían llegar a tener responsabilidades penales.
No obstante, el mismo Tribunal Constitucional aceptó las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP a fin de que se detuviera el debate. ¿Por qué? Los populares se quejaban de que el texto original —relacionado con el Código Penal— no tenía nada que ver con las enmiendas que presentaban las dos formaciones del Gobierno para desencallar la reforma del poder judicial.