Rifirrafe entre letrados a causa de la ley de amnistía. La disputa jurídica entre el Senado y el Congreso se alarga sin perspectivas de resolverse. El último movimiento de esta partida de ajedrez lo ha hecho la Mesa de la Cámara Alta, que expresa su “disconformidad” por la contestación que la Mesa de la Cámara Baja dio al conflicto entre órganos constitucionales que planteó el Senado pidiendo que se retirara la amnistía o se anulara la tramitación. El Congreso cerró la puerta. El órgano controlado por el PP, escudándose un informe de los letrados de la Cámara Alta al que ha tenido acceso ElNacional.cat, reitera que “la Mesa del Congreso de los Diputados no tiene la competencia para contestar al requerimiento” y considera que el Congreso está “entorpeciendo el ejercicio por parte del Senado de su derecho a plantear el conflicto”, dado que la Mesa de la Cámara Baja “frustra por completo la finalidad del requerimiento si este es contestado por el órgano que no es competente”. “El Congreso ha incumplido el requerimiento del Senado, aún está a tiempo de hacerlo correctamente”, remachan. Desde el Senado, esgrimen que “la Mesa del Congreso no tiene la competencia para contestar al requerimiento sobre el conflicto planteado por el Pleno del Senado”.
Eso sitúa la Cámara Alta en la “tesitura de si debe considerar que esta contestación es o no válida”, aunque los mismos letrados se encargan de aclarar que, como “no parece que el Senado pueda realizar un segundo requerimiento, ni tampoco tiene medios de impugnar este acuerdo de la Mesa del Congreso”, la contestación “debe darse como realizada a los efectos de poder ya presentar el conflicto ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de la disconformidad respecto a la misma, tanto por el órgano que la ha adoptado como por su contenido”. Sin embargo, hace días que desde el PP no aclaran cuál es su voluntad y no dicen si llegarán hasta el final. Fuentes populares no dilucidan en ningún caso cuál es el recorrido a partir de ahora ni cuál será el siguiente paso. Y repiten un mantra: “No descartemos nada”. De momento, de puertas adentro, verbalizan que no han decidido si finalmente llevarán el conflicto de atribuciones al TC.
En su argumentación, de veinte páginas, los letrados del Senado sostienen que “era necesario previamente una reforma de la Constitución que previera expresamente la posibilidad de otorgar amnistías mediante ley de las Cortes Generales”. El informe de los letrados no se ahorra los reproches y las críticas al pronunciamiento de sus homólogos en la Cámara Alta: “El Senado no debe entrar en este juego con que el Congreso pretende confundir acerca de la finalidad del conflicto, trayendo aquí unas consideraciones del todo ajenas al mismo y que la Cámara Baja no está ni siquiera en disposición de conocer, ni de anticipar, pues el escrito mediante el que se formalice el conflicto ante el Tribunal aún no ha sido presentado”.
Tenía que responder el pleno y no la Mesa
Los letrados del Senado repasan uno por uno los argumentos de los juristas del Congreso. Después de sostener que "la Mesa del Congreso no tiene la competencia para contestar el requerimiento sobre el conflicto planteado por el Pleno del Senado", apuntan que las competencias de la Mesa del Congreso son de atribución “específica y concreta” y señalan que el órgano de gobierno de la Cámara Baja “no tiene atribuido, poderes o competencias implícitos o inherentes” y tampoco tiene la competencia para “anular actuaciones que no fueron suyas”. “No cabe el ejercicio de competencias que estén atribuidas a otro órgano específico, como el Pleno, pues no existen como tales competencias compartidas o concurrentes”, añade. Esgrimen que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional deja claro que tiene que ser “el órgano al que se dirige la notificación” el que conteste.
El conflicto se planteó dentro en el plazo correcto
Los letrados del Congreso sostenían que el conflicto se había planteado fuera de plazo, dado que el acuerdo de admisión de la Mesa fue en octubre. La Cámara Alta responde que “nunca hubiera podido plantear el conflicto contra el solo acuerdo de admisión” porque “siempre es factible, y frecuente, que las iniciativas legislativas finalmente no sean tramitadas”. Plantear el conflicto justo después de la admisión “hubiera sido rechazado por el Tribunal Constitucional por prematuro”, ya que “solo con remisión del texto al Senado se puede considerar que se traba la legitimación del Senado”, es decir, “cuando la iniciativa se encuentra en el ámbito de su actuación”.
No se trata de ningún recurso de inconstitucionalidad encubierto
La Cámara Baja acusaba al Senado de querer “encubrir” un recurso de inconstitucionalidad a través del conflicto entre órganos constitucionales, un extremo que el Senado “rechaza”. La Cámara Alta arguye que no pretende que “se analice la constitucionalidad” de la amnistía, sino que plantea un conflicto “desde la perspectiva de la defensa de una competencia” y para que se examine “si el Congreso ha impedido al Senado el ejercicio de una competencia constitucional” en materia de reforma de la Carta Magna. “Se equivoca el Congreso cuando confunde ambas vías de impugnación y atribuye al conflicto planteado por el Senado un objeto que en absoluto tiene”, remachan.
“La iniciativa se está tramitando con absoluta normalidad”
El Senado se defiende de las acusaciones del Congreso, que en su informe lamentaba que la Cámara Alta estuviera “desatendiendo su obligación constitucional” de tramitar la ley: “La acusación es grave y no puede estar más lejos de la realidad”. Argumentan que la admisión a trámite de la iniciativa fue “especialmente cuidadosa con esta obligación” y esgrimen que, “a pesar de las manifiestas y patentes dudas de inconstitucionalidad, acató dicha obligación”. Pone como prueba de ello la “agenda de las Comisiones del Senado, a través de la cual se puede comprobar que la iniciativa se está tramitando en el Senado con absoluta normalidad”.