Los deseos de la ministra María Jesús Montero no se han hecho realidad: ha habido un giro de guión con sabor a inocentada. Este martes, el pleno del Senado ha dado su aprobación final de los presupuestos del Estado. Pero también ha aprobado una de las 4.000 enmiendas registradas a las cuentas. Eso hace que el proyecto de Hacienda tenga que volver al Congreso de los Diputados para su ratificación. Este pleno de la cámara baja tendrá lugar en plenas fiestas, irónicamente el día de los Santos Inocentes. Por lo tanto, Pedro Sánchez tendrá que esperar todavía una semana para ver validados sus segundos presupuestos en dos años de gobierno de coalición. Los PGE han recibido el voto favorable de sus socios estratégicos, los de la investidura, aunque las negociaciones tampoco han sido tan fáciles y tranquilas como las de hace un año.
Como no podía ser de otra forma en este serial, ha tenido que ver con las lenguas. Se trata de una enmienda del senador Carles Mulet, de Compromis, que destina 1,6 millones de euros del Ministerio de Cultura a la "promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias". Este importe se lo repartirán entre Catalunya, el País Valencià, las Islas Baleares, Aragón, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias. Estas lenguas son el catalán, el euskera, el gallego, el aranés, el asturiano, el leonés y el aragonés.
Además de los partidos independentistas y nacionalistas, ha salido adelante gracias al voto favorable de los senadores del PP en un ejercicio de filibusterismo. En una conversación informal con periodistas en los pasillos del Senado, el portavoz popular Javier Maroto ha admitido que han intentado hacer "todo lo posible" para devolver las cuentas al Congreso, aprobando todas aquellas enmiendas coherentes con su ideario. En este sentido, ha recordado cómo su partido siempre ha defendido la Carta Europea, que ha circunscrito al ámbito cultural. Y ha apuntado hacia los socios del Gobierno, como ERC: "O se han despistado o han traicionado (al ejecutivo central)". El senador de Compromís, Carles Mulet, no ha podido esconder su asombro.
En el Senado se ha podido vivir y ver el desconcierto: acudieron prácticamente todos los ministros para la celebración y han ido abandonando la cámara cuando han sabido del fiasco. A la salida, Pedro Sánchez ha quitado importancia al retraso en la aprobación de las cuentas: "Bueno, si no es hoy, será en unos días". Y ha remachado con ironía: "Si esto sirve para que el PP se replantee la promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea". La ministra Montero lo ha calificado de "pataleta" del PP.
Ahora el próximo martes, 28 de diciembre, el Congreso volverá a reunirse para ratificar la enmienda aprobada por el Senado. Fuentes del gobierno español consultadas por ElNacional.cat señalan que la mantendrán intacta en las cuentas públicas, al tratarse de una cifra menor a la que no se oponen. Los nuevos presupuestos entrarán en vigor el próximo 1 de enero.
La lengua, elemento central
Como demuestra lo que ha pasado hoy, el camino hasta aquí no ha sido tranquilo. Desde septiembre, la ministra Montero señaló ERC y el PNV como "socios prioritarios" con quienes volver a negociar las cuentas españolas. Con los vascos, ni siquiera llegaron a un acuerdo antes de la aprobación en el Congreso, a diferencia de los pactos alcanzados con EH Bildu. Con ERC ha hecho falta hasta tres acuerdos, con el blindaje del catalán a la ley audiovisual como principal punto de conflicto.
Para la tramitación de los presupuestos en el Congreso, el grupo capitaneado por Gabriel Rufián cerró que esta ley se acordaría sólo con el visto bueno de ERC. Para la aprobación final en el Congreso, pactaron una cuota del 6% del catálogo de las plataformas para el catalán, el euskera y el gallego. Pero el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros dejando fuera a las grandes plataformas internacionales, como Netflix, de esta obligación. Eso obligó a renegociar la protección de las lenguas audiovisuales, que se saldó con la obligación de todas las plataformas de financiar producción en estas lenguas (unos 15 millones de euros anuales) además de la creación de un fondo de doblaje y subtitulado. Este último acuerdo es el que ha permitido la aprobación final de las cuentas en el Senado.
Independentismo dividido
No es el único acuerdo que ha arrancado ERC. También ha hecho retirar de las cuentas la inversión prevista a la comisaría de Via Laietana, aunque pedían su traspaso para convertirlo en un espacio de memoria. Hoy mismo, Gabriel Rufián ha admitido que tiene una mezcla de sentimientos: tanto de "frustración" como de "satisfacción por conseguir que pasen cosas". El PDeCAT también se ha involucrado en las negociaciones y aprobación de los presupuestos. El subgrupo liderado por Ferran Bel ha pactado que entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales o cooperan con la sanidad pública puedan recibir dinero de los fondos europeos Next Generation. Pero, como el año pasado, el independentismo no ha ido a la una en Madrid.
En el otro lado, Junts per Catalunya se abrió a negociar, pero no recibió feedback de La Moncloa y ha acabado vetándolos y votando en contra, tanto en el Congreso como en el Senado. Su portavoz Míriam Nogueras ha sido muy crítica con los pactos de los republicanos, denunciando que, con un frente independentista unitario, se habría conseguido mucho más. Incluso tuvo que colar con una enmienda un fondo covid extraordinario, contra la voluntad del Gobierno, que amenaza con no ejecutar por defectos de forma. La CUP directamente se ha desentendido. Ya al inicio de las negociaciones, los anticapitalistas rechazaron sentarse con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. De forma reiterada, los cuperos han avisado que no se daban las condiciones porque el Gobierno no planteaba políticas suficientemente "valientes", ni con respecto al ámbito social ni con respecto a la resolución del conflicto político catalán.