Nueva batalla entre el Senado y el Congreso alentada por el Partido Popular. Después de que la cámara baja no reconociera el veto que la cámara alta asegura que ha impuesto a la ley que beneficia a presos de ETA, el PP empieza los trámites para elevar al Tribunal Constitucional un conflicto entre órganos constitucionales. Es la misma maniobra que promovió a raíz de la tramitación de la ley de amnistía, pero que el mismo PP dejó que acabara muriendo. En aquel momento, se quedó en una mera amenaza. Ahora los populares consideran que Francina Armengol ha “boicoteado las competencias” de la cámara alta (en palabras de su portavoz en el Senado, Alicia García) y le reclaman que reconsidere su negativa a aceptar el rechazo del pleno del Senado y que convoque un pleno para que se pronuncie al respecto. El miércoles, Pedro Rollán, el presidente del Senado, acusó al Congreso de “exceso competencial” y le reprochó que hubiera “despachado” el asunto de forma “frívola e inconsistente”. Ahora, el PP planta cara a la Mesa del Congreso y sostiene que el Senado hizo lo que la Constitución “exige” para el veto: “Que se trate de un rechazo global y de conjunto, por mayoría absoluta, que sea motivado y que cuando se comunique el veto, dicha motivación conste mediante un mensaje”. Justo esta mañana, el Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado el acuerdo de la Mesa del Congreso que concluye que el rechazo “no puede considerarse un veto a los efectos de lo dispuesto en la Constitución”.
El texto registrado por el PP, de seis páginas, defiende que la votación del pleno del Senado fue “irrevocable y totalmente vinculante” y es “solamente revisable por la jurisdicción constitucional”. “El presidente del Senado calificó de veto ese resultado, como manifestación de la voluntad del Senado”, esgrime. Los populares se defienden frente al Congreso: ponen en valor que las cámaras tienen “autonomía normativa y de funcionamiento”, que se manifiesta en la “potestad de adoptar sus acuerdos y proclamarlos autónomamente” y subrayan que el Senado es una “cámara que, al votar, es absolutamente libre”. Además, el PP interpreta que, dado que el pleno del Senado siempre alberga un último debate sobre las leyes aunque no se haya presentado ningún veto ni ninguna enmienda, el Reglamento “ha querido que el pleno tenga una final oportunidad para pronunciarse sobre el texto”, cosa que “implícitamente supone que, si lo rechaza por mayoría absoluta, esto equivale a un veto”. En palabras del PP, Pedro Rollán eligió la interpretación del Reglamento que “más convenía al respeto a la voluntad de la Cámara, la más respetuosa con los derechos fundamentales implicados y la única posible para la plena aplicación y eficacia” del Reglamento y la Constitución.
Ahora bien, su escrito no se queda aquí. También introduce una crítica directa a lo que prevé el Reglamento del Senado: el PP argumenta que, mientras la Constitución “solo exige para el veto que este sea motivado y por mayoría absoluta”, el desarrollo reglamentario lo ha “autorregulado incurriendo en un exceso sobre lo que exige” la Carta Magna “requiriendo su presentación formal sometida a plazo”. “En un conflicto de normas, entre la Constitución y el Reglamento, debe prevalecer la primera”, añaden. Eso sí, los populares vuelven a recordar que un rechazo del texto en el Senado por mayoría absoluta, “sin haberse presentado veto ni enmiendas”, es un “caso inédito, sobre el que todavía no se ha sentado jurisprudencia constitucional”.
En una rueda de prensa, Alicia García ha defendido que el PP considera que el Congreso “está obligado por la Constitución” a tramitar el “veto aprobado por el Senado” y ha criticado que el “uso del Congreso con base en el interés de Sánchez es una muestra más de como el sanchismo pone las instituciones a su servicio”. “Nos parece inadmisible el acuerdo de la Mesa del Congreso, que ha usurpado la capacidad de interpretar el reglamento del Senado que no le compete”, ha remachado la portavoz del PP en el Senado.
¿De dónde venimos?
Hace casi dos semanas, el lunes 7 de octubre, trascendió que una ley que se había aprobado por unanimidad en el Congreso podría beneficiar a presos de ETA, dado que permitiría contabilizar los años que hubieran estado en la cárcel en otros países de la Unión Europea. En aquel momento, la norma estaba en el Senado, donde ningún grupo parlamentario había presentado ni enmiendas ni vetos, por lo que el día siguiente estaba previsto que la cámara alta la aprobara definitivamente y la enviara al Boletín Oficial del Estado para que entrara en vigor. Sin embargo, el PP maniobró para modificar el orden del día y pospuso el debate y votación. De esta forma, focalizaba la presión en el Gobierno para que retirara la iniciativa. Ahora bien, desde todos los frentes, se asumía que, al no haberse presentado vetos, no había forma de impedir que la ley llegara al BOE.
Pero el lunes pasado, cuando se votó, el PP se sacó de la manga un as de dudoso encaje legal: asumir que una votación contraria por mayoría absoluta equivale a un veto porque debía “primar la voluntad real manifestada por la cámara” ante una aplicación del Reglamento “excesivamente rígida y formalista” (en palabras de los letrados). El Senado devolvió la ley al Congreso, pero la cámara baja no reconoció el veto y decidió enviar directamente la ley al BOE para que fuera promulgada por el rey. Y ahora, después de que Pedro Rollán se revolviese contra esto y acusara a Francina Armengol de “exceso competencial”, el PP lanza la amenaza de llegar hasta el Tribunal Constitucional.