El Senado quiere la cabeza del fiscal general del Estado. En una moción impulsada por el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, la Cámara Alta ha aprobado “instar al Gobierno que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, proponga la destitución de forma inmediata de Álvaro García Ortiz”. La iniciativa ha recibido la abstención de Junts y ERC (al lado de la de Bildu y el PNV) y el rechazo del PSOE: 144 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Además, el Senado insta al Gobierno a designar un nuevo fiscal general que “cumpla con los requisitos legales para su elección” y que “garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida”. “No parece que pueda merecer un juicio de idoneidad el nombramiento de un candidato que ha demostrado tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de la Fiscalía de más relevante trascendencia”, sostiene el texto. El motivo que esgrimen los populares es el “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones” y su “intolerable conducta en el desempeño de su cargo”.

El portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha reprochado al PP que “puede dar pocas lecciones sobre valores democráticos y respeto por la justicia” por ser los “reconocidos autores de «esto la fiscalía te lo afina»” y responsables de la policía patriótica y de la Operación Catalunya. Sin embargo, también ha disparado contra Pedro Sánchez: le ha recriminado que “presumiera” de que, “como la Fiscalía depende del Gobierno, llevaría al president Puigdemont detenido”, ha lamentado que no haya sido hasta después de cinco días de “lloriquear” que se haya dado cuenta de que “el Estado español necesita una regeneración democrática” y ha criticado que en 2017 el PSOE “blindara el apoyo a los golpes de Rajoy”. Por parte de ERC, nadie ha intervenido durante el debate, pero fuentes republicanas señalan a ElNacional.cat que esta iniciativa se trata de una “guerra más entre PSOE y PP” y apuntan que no serán ellos los que defiendan al fiscal general.

El PP denuncia que el fiscal general ha estado “rodeado de polémica” desde que llegó al cargo

En la justificación de su moción, el PP sostiene que García Ortiz ha estado “rodeado de polémica” desde su nombramiento debido a los “escándalos que protagoniza y que dañan la imagen” de la Fiscalía. En concreto, señalan que, en diciembre, su reelección no obtuvo el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, que emitió un informe desfavorable por primera vez y añaden que “los propios fiscales han pedido al Gobierno que anule su nombramiento por su condena por desviación de poder y su apoyo «descarado» al gobierno de Pedro Sánchez”. Asimismo, mencionan la actitud del fiscal general “ante los ataques y acusaciones de lawfare a sus compañeros jueces y fiscales del procés, donde no ha hecho nada para defenderlos”.

Durante el debate en el pleno, la senadora del PP María José Pardo ha pedido el cese del fiscal general “de manera inmediata por dignidad democrática, por respeto institucional y por respeto al Estado de derecho”. “Señorías del PSOE, saquen sus sucias manos de las instituciones y cesen al fiscal general del Estado”, ha rubricado. Por su parte, José María Oleaga, senador del PSOE, ha censurado que el PP “arremeta contra todo lo que tiene que ver con la justicia intentando instrumentalizarla” y ha criticado que los populares “descalifiquen la justicia y todo lo que tiene que ver con la lucha contra los delitos”. Además, ha atribuido el “ataque” a Álvaro García Ortiz al hecho de haber sido el fiscal del caso Prestige.

Justo ayer, en una entrevista en La Noche en 24 horas de Televisión Española, Álvaro García Ortiz se preguntó “por qué el Senado reprueba al fiscal general del estado sin siquiera haberlo escuchado” y por qué “una cámara, por tener una mayoría, hace una especie de impeachment o juicio de honor”. “Si el Senado me repudia o me reprueba por bulo, estaré muy tranquilo, si fuera por hechos ciertos, me preocuparía”, argumentó. “¿Este es el modelo de control que queremos?”, se interrogaba. Y él mismo replicaba: “Debemos reflexionar mucho sobre si debemos utilizar las cámaras parlamentarias para ello”.

Dos varapalos al fiscal general en un día: Dolores Delgado y Alberto González Amador

La reprobación a Álvaro García Ortiz llega el día siguiente de dos decisiones judiciales que cuestionan su papel en la Fiscalía General del Estado. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática después de los recursos que presentaron la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y el fiscal antidroga Luis Ibáñez (que también era candidato al cargo). Sostenían que la decisión no fue válida porque García Ortiz no dio opción al Consejo Fiscal para estudiar si Delgado incurría en causa de incompatibilidad por el hecho de que su pareja, Baltasar Garzón (exjuez de la Audiencia Nacional), dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

Además, la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la querella presentada por Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra María Pilar Rodríguez Fernández (fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid) y Julián Salto Torres (fiscal de la sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía), acusados del delito de revelación de secretos por funcionario, por la información difundida sobre el caso de su presunto fraude fiscal. La investigación a dos fiscales por haber hecho público un comunicado de prensa es excepcional. La Fiscalía pidió el archivo de la denuncia al afirmar que la Fiscalía de Madrid no dio datos personales, sino que aclaró noticias “tergiversadas” sobre su investigación. Y es que se ha aclarado que fue el novio de Ayuso quien propuso a la Fiscalía un acuerdo para evitar ir a juicio por fraude fiscal, y no a la inversa.