Después de nueve años de investigación, ya hay la primera sentencia de la macrocausa de los ERE fraudulentos en Andalucía. Se trata de la pieza política, una de las 146 piezas que tiene el sumario, y ha supuesto un duro revés de la Audiencia de Sevilla al PSOE en plenas negociaciones por el gobierno de coalición. Había imputados hasta 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los dos han sido condenados. La sentencia tiene 1.700 páginas, el triple que la del procés.
El expresidente José Antonio Griñán ha sido condenado por prevaricación y malversación a una pena de seis años y dos días de prisión y una inhabilitación absoluta de 15 años y dos días. Por su parte, el también expresidente Manuel Chaves ha sido condenado sólo por prevaricación a una inhabilitación especial de nueve años. Los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Agustín Barberá y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez han sido condenados a entre seis y ocho años de prisión. Los también exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial. La sentencia no es firme porque se puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ya han anunciado las defensas. Por tanto, de momento no entrarán en prisión. Dos de los acusados han sido absueltos. Son el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
No se lucraron personalmente, pero los magistrados consideran que los dos expresidentes eran conocedores de la trama. Por un lado, que Chaves conocía y permitió este sistema irregular de subvenciones. Por su parte, Griñán es acusado de no hacer nada para detenerlo aunque conocía los informes de alerta de la Intervención General de la Junta de Andalucía. "El encausado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, relatados en los hechos probados", sostiene la Audiencia de Sevilla en ambos casos.
La Fiscalía acusaba a los ex altos cargos andaluces ―entre ellos los dos expresidentes y seis exconsejeros― de haber defraudado hasta 855 millones de euros a través de ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos, con la creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General. Un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores. Durante el juicio han aparecido gastos en cocaína y prostitución con fondos públicos, empresas fantasma y una red clientelar con centenares de empresas, aseguradoras, abogados y trabajadores implicados.
En la sentencia, el tribunal argumenta que "la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos". Los magistrados hablan de un "descontrol absoluto" de las absoluciones.
Tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán, dirigentes históricos el PSOE andaluz que han gobernado la comunidad durante 23 años, renunciaron a sus escaños y se dieron de baja del partido en 2016, después de ser inculpados.
La sentencia se ha conocido casi un año después de que quedara visto para sentencia, en diciembre del año pasado. La vista pública llegó hasta las 152 sesiones. Hay hasta 507 imputados. La causa está compuesta por 14.276 folios divididos en 38 volúmenes y siete volúmenes de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones dejadas en la causa durante la instrucción.