La historia de los cuatro años en que el Estatut de Catalunya quedó atrapado en el Tribunal Constitucional marcaron una inflexión en la vida política, pero también en la imagen de esta institución clave de la estructura del Estado. El texto quedó en manos de un Tribunal politizado hasta el extremo, con una parte de sus miembros con el mandato agotado e imposible renovación por el bloqueo de los partidos, y exponiéndose sin rubor con filtraciones e imágenes que escandalizaron a la opinión pública catalana. El resultado final hizo evidente que los miembros del tribunal compartían la voluntad de desactiva el texto y sólo discrepaban en la forma cómo hacerlo. Después de casi cuatro años encontraron finalmente la fórmula y el 28 de junio del 2010, el TC propinó el golpe de gracia. Por el camino quedó un relato de recusaciones, cambios de bando e incluso una muerte, que determinaron un resultado que acabaría revolviendo el devenir de la política catalana.
El Estatut había entrado en la sala de plenos del TC en septiembre del 2006 y ya arrastraba las sacudidas de una tensa legislatura en el Parlament, cabalgando a lomos de lo que se popularizó como el Dragon khan, y un repaso implacable a golpe de cepillo en el Congreso de los diputados. Aquella estela ya había hecho saltar por los aires al tripartito de Pasqual Maragall y había desembocado el 18 de junio del 2006 en un referéndum sin entusiasmo, que no llegó al 50% de participación, pero ratificó el texto. En septiembre del 2006 en que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del PP, hacía apenas cinco semanas que el Estatut había entrado en vigor. El del PP no fue el único recurso. Hubo más, uno del Defensor del Pueblo y seis de comunidades autónomas.
La sentencia quedó en manos de un juego de equilibrios entre PSOE y PP, que se repartían los miembros del tribunal a partes iguales. Seis cada uno, con la condición que la presidenta, Maria Emília Casas, del sector progresista, disponía de un voto de calidad para el desempate. Socialistas y populares mantenían bloqueada la renovación de este órgano y el tribunal que dictó la sentencia contra el Estatut tenía una tercera parte de los magistrados con el mandato agotado.
Una recusación y una muerte
La llegada del texto al TC provocó una carrera de recusaciones por parte de unos y otros. De estas, se aceptó la del PP contra el magistrado progresista Pablo Pérez Tremps, argumentando que había redactado un informe -cuándo todavía no era miembro del TC- por encargo de la Generalitat en los trabajos preliminares del Estatut. Perez Tremps fue apartado de las deliberaciones y el equilibrio se rompió: 5 magistrados del PSOE y 6 del PP.
Hubo, sin embargo, otra baja. En mayo del 2008 moría de un ataque cardiaco Roberto García Calvo, uno de los magistrados conservadores más beligerantes, procedente de sectores afines al franquismo, fue responsable provincial del Movimiento en Almería y gobernador civil de la provincia en el últimos años del régimen. El bloqueo político impidió sustituirlo.
Un magistrado del PSOE, con los del PP
De nuevo, las fuerzas quedaban equilibradas. Pero eso era sobre el papel, porque a la hora de la verdad, uno de los magistrados progresistas, Manuel Aragón, se alineó con la tesis de los conservadores. El magistrado situó en su punto de mira la definición de Catalunya como nación que se hacía al preámbulo de la ley. Esta alusión que se había mantenido en el preámbulo, desprovisto de valor normativo, precisamente para esquivar al TC, era uno de los acuerdos políticos en que había intervenido personalmente el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero.
La ponencia quedó en manos de la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, que redactó hasta cinco propuestas, que fueron siendo rechazadas, una tras otra. Los magistrados progresistas buscaban una sentencia que frenara el Estatut a partir de una interpretación restrictiva del texto, pero evitando recortar artículos de una norma que ya había sido ratificada en referéndum por los ciudadanos. No obstanten, los conservadores reclamaban medidas más drásticas.
El trío de la Maestranza
Ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo, en abril del 2010 una vez se rechazó la última propuesta de Pérez Vera, la presidenta decidió dejar la ponencia en manos de un conservador, el vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez.
Pocos días antes de votarse su propuesta, Jiménez apareció a la portada de El País en una imagen en la Maestranza de Sevilla, el 27 de abril del 2010, con el también conservador Ramón Rodríguez Arribas, y el progresista alineado con los conservadores, Manuel Aragón. Jiménez y Aragón, cigarro habano en mano, observando la corrida desde un burladero de la plaza, se convirtieron en una metáfora de lo que se estaba cociendo dentro del TC.
Portada El País del 27 de abril del 2010, con la imagen de los tres magistrados Guillermo Jiménez, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez Arribas.
El proyecto de Jiménez todavía no acabó de satisfacer al sector más radical de los conservadores. Requirió un último empujón. Definitivamente, fue la presidenta del tribunal quien acabó asumiendo la propuesta.
Ante la imposibilidad de un acuerdo, la sentencia que surgió el 28 de junio quedó dividida en cuatro bloques. Sólo uno imponía recortes explícitos, pero la mutilación del texto original fue igualmente demoledora -si no, más- en la reinterpretación de la sentencia que tenía los magistrados progresistas como abanderados.
Nación, sin eficacia jurídica
El primer bloque se refería al preámbulo y tenía que servir para dejar claro que "no tiene eficacia jurídica interpretativa" las referencias del preámbulo del Estatuto a "Catalunya como nación" y a "la realidad nacional de Catalunya".
"El Parlament de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido Catalunya como nación de una manera ampliamente mayoritaria. La Constitución española reconoce la realidad nacional de Catalunya como nacionalidad", se afirma en el texto.
Este primer bloque recibió seis votos a favor, de los cinco magistrados conservadores junto con Rodríguez Zapata, que había hecho de este punto su caballo de batalla. Los otros cuatro magistrados progresistas votaron en contra.
14 artículos nulos
El segundo bloque declaraba inconstitucional, "y, por lo tanto, nulos", 14 artículos referidos a la lengua, a los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries, que dejaban de ser vinculantes; al Síndic de Greuges, que dejaba de tener competencia exclusiva ante la administración de Catalunya; a diferentes artículos del Consell de Justícia de Catalunya, que quedó desarmado; a competencias compartidas; y a cajas de ahorro.
Los recortes de los 14 artículos se aprobaron con 8 votos a favor, que incluía a los cinco magistrados progresistas y tres conservadores. Los dos más radicales, Rodriguez Zapata i Javier Delgado, consideraron que el recorte se quedaba corto, como explicaron en sus votos particulares.
Nuevo cepillo progresista
Finalmente, gracias al voto de los magistrados progresistas y uno de convervador, Guillermo Jiménez, el Tribunal Constitucional mantuvo en el texto 23 artículos y 4 disposiciones impugnados pero los sometió a una interpretación muy restrictiva. A pesar de preservar la letra, esta parte de la sentencia fue taponando las vías que el nuevo Estatuto planteaba para desplegar y blindar cuestiones sobre el ámbito competencial o la financiación.
En este punto el TC advierte que los estatutos no pueden delimitar el contenido y alcance de competencias, ni estatales ni autonómicas, lo cual corresponde en exclusiva a la Constitución y al Tribunal Constitucional. Por lo que respecta a la financiación, puntos como la famosa disposición adicional tercera donde se establece un porcentaje de inversión en infraestructuras, se interpretan como simples compromisos políticos que no pueden condicionar la política de inversiones del Estado.
El rastrillo del constitucional matizó la referencia a los "símbolos nacionales", sobre los cuales se subraya que se refieren a una nacionalidad dentro de la indisoluble unidad de la nación española. Por lo que respecta al catalán, capítulo en que la sentencia abrió la puerta a conflictos posteriores, se mantuvo como lengua vehicular, pero no única, y no se admite el deber de conocer el catalán como una obligación jurídicamente exigible.
La interpretación del TC subrayó que las veguerías no suponen la supresión de las provincias, y que las competencias sobre la convocatoria de consultas populares está totalmente en manos del Estado.
Entre recortes e interpretaciones el texto, que había centrado el trabajo parlamentario de toda una legislatura en Catalunya y había sido recortado por el Congreso y refrendado por los ciudadanos, quedó literalmente desactivado. La voluntad de profundizar en el autogobierno que había guiado los trabajos del Parlament fue quedando hecho añicos a golpe de votación.
"Nos han faltado al respeto"
"A los catalanes nos han hecho un torcido al mutilar, censurar e interpretar el Estatuto, sin embargo, además, por la manera como lo han hecho, percibimos que se nos ha menospreciado, que nos han faltado al respecto", denunció José Montilla, durante su intervención en el Parlament durante el pleno específico sobre la sentencia del 16 de julio.
Juristas como Javier Pérez Royo no han dudado desde el primer momento a tildar aquella sentencia de golpe de Estado. Y no obstante, ninguno de los magistrados levantó su voz para alertar contra el movimiento que hacía al Tribunal Constitucional, contra un texto que ya había sido votado por los ciudadanos y antes por el Congreso y el Parlament.
De los cuatro votos particulares que se emitieron, tres fueron de magistrados conservadores para denunciar que el recorte se había quedado corto. Ni siquiera el único magistrado catalán, Eugeni Gay, expresó ninguna reticencia por la metódica forma como se llegó a rebajar el texto y el debate democrático que acumulaba. El voto particular de Gay se limitó a insistir en que el preámbulo no tiene valor normativo y llega a comparar la definición de Catalunya como nación a la expresión "patria andaluza" que aparece en el Estatuto de Andalucía. A pesar de estos silencios, los partidos españoles tuvieron que cambiar la ley para evitar que un texto refrendado por los ciudadanos pudiera ser recortado como lo hicieron estos diez magistrados.
"Somos una nación. Nosotros decidimos"
Los magistrado quisieron cortar de raíz la aspiración del autogobierno catalán de ir más allá, incluso anulando preceptos que se aceptaban en otros estatutos de comunidades autónomas españolas, pero en realidad, el pretendido bozal se convirtió en gasolina. Más de un millón de personas, según la guardia urbana, se manifestaron en la calle dos semanas más tarde tras el lema Somos una nación. Nosotros decidimos. La protesta reunió a todos los partidos del Parlament, excepto el PP y Ciutadadanos, y la encabezaba el president de la Generalitat, José Montilla.
Manifestación Somos una nación. Nosotros Decidimos / Òmnium Cultural
Uno de los padres de la Constitución española, Miquel Roca, advertía desde las páginas de La Vanguardia que el Tribunal Constitucional "había cometido un grave error". "Se ha cerrado una puerta y con eso toda una etapa histórica. El pueblo de Catalunya ya ha expresado su voluntad y esta no cambia porque la puerta se cierre; otras se abrirán o tendrán que abrirse porque la voluntad colectiva no puede conformarse en renunciar en una legítima ambición que 30 años de normal y progresivo desarrollo autonómico avalan y protegen".
Con los años, incluso figuras de perfiles duros del PSOE como el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba acabaron admitiendo el error de aquella sentencia. El año 2015 tildaba de "chapuza mayor del reino" y "sentencia disparatada". "Los españoles tienen que saber que el Estatut de Catalunya tiene artículos declarados inconstitucionales que están en vigor en el Estatuto de Andalucía, porque el PP los votó y los recurrió en Catalunya. Eso es el reino del dislate", recuerda.
Eso fue, sin embargo, después de constatar el efecto real que tuvo la sentencia. Si desde el 2006, el vía crucis del Estatuto por la política española ya había marcado una inflexión en el apoyo al independentismo, la sentencia, no hizo más que disparar este apoyo, que pasó del 14% de apoyo del 2006 a superar el 48% el 2014 y quedar instalado desde entonces por encima de las propuestas autonomista o federalista, según la encuesta del CEO.
Diez meses después de la sentencia contra el Estatut se creó el embrión de lo que acabaría siendo el Assemblea Nacional Catalana (ANC). El 11 de septiembre del 2012 se hizo la primera gran manifestación independentista tras el lema Catalunya, nuevo Estado de Europa. Fue la primera de las grandes manifestaciones independentistas que desembocaron, primero en 2014 en la consulta del 9-N y, tres años más tarde, en el referéndum del 1-O.
Manifestación del 11 de septiembre del 2012 bajo el lema Catalunya, nuevo Estado de Europa / Òmnium