Después de la aplicación del artículo 155 vinieron las elecciones del 21-D, y con ellas una de las frases más célebres que se han pronunciado contra el independentismo. "Ahora se llama Diplocat en liquidación", dijo con sorna la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto de campaña para hacer referencia a cómo el gobierno de Mariano Rajoy había "decapitado" el independentismo y había cerrado las embajadas de la Generalitat en el exterior. De aquella liquidación, que acabó en nada -ya que el Diplocat sigue existiendo y hay un nuevo Govern independentista-, ahora el españolismo ha resucitado a un viejo objetivo: el catalán. El mismo PP, Vox y Ciutadans han aprovechado la sentencia del Tribunal Supremo que impone dar el 25% de clases en castellano para intentar 'liquidar' la inmersión y, con ella, el catalán.

Sin ir más lejos, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado este martes al Govern de "perjudicar la convivencia, la tolerancia y el respeto a la ley en Catalunya" a través de una pregunta escrita a la Comisión Europea, donde también pide que se condene el presunto acoso al niño de cinco años de la escuela de Canet de Mar y su familia que ha hecho que el TSJC inste el centro a impartir el 25% de clases en castellano.

 

Montserrat ha acusado al conseller de Educació, Josep González-Cambray, de cometer "un flagrante acto de prevaricación asegurando que no exigiría el cumplimiento de esta sentencia. Esta situación ha propiciado casos de acoso como del cual es víctima este menor, que está siendo amenazado reiteradamente en las redes sociales, donde se pide dejarlo solo en clase y se fomentan ataques como "pedriza la casa del niño de 5 años", ha dicho. Ante esta situación, ha lamentado a la portavoz, "el gobierno catalán ha anunciado que seguirá adelante con su estrategia de inmersión lingüística en lugar de cumplir la sentencia del TSJC y garantizar la seguridad y derechos del menor".

El conseller de Educació, Josep González Cambray, rebate las presiones contra la inmersión / Foto: Sergi Alcàzar

Además, Montserrat, como ya hizo ayer al presidente del PP, Pablo Casado, en el acto del día de la Constitución, volviendo a pedir al presidente español, Pedro Sánchez, que rompiera con sus socios si no acatan la sentencia y "cumplen con el artículo 1 de la Carta Magna", es decir, el de mantener la unidad de España.

Vox y Cs también se apuntan

Esta familia y su hijo de cinco años también han sido utilizados por Vox y Ciutadans, que también han presionado desde todos los medios posibles al conseller de Educació para que acate esta sentencia que hay que recordar que hace referencia a una ley que ya no está en vigor como es la ley Wert. De hecho, así se acuerda también -a pesar de que con diferentes matices- desde los dos socios de la Moncloa.

De hecho, lo que están haciendo los tres partidos de la derecha española ha sido poner en marcha una campaña contra la inmersión en todos los frentes, también el del Parlament. Así se explican el montón de mociones e interpelaciones que han llevado a la Cámara catalana con el objetivo de presionar (e incluso amenazar al conseller Cambray) y denunciar una presunta persecución del castellano y los castellanohablantes en Catalunya.

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, en una sesión de control en el Parlament / Foto: Sergi Alcàzar

Y ni Vox ni Ciudadanos tampoco han dejado pasar la oportunidad del caso de la familia "asediada". Haciendo gala de un ademán totalmente propio de cualquier super héroe de Marvel, el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, aseguró ayer que se ponía a disposición de la familia para "darles apoyo cuando lo necesiten". "Estaremos vigilantes por si tenemos que emprender acciones legales contra la dirección del colegio, instituciones o asociaciones que quieran vulnerar sus derechos", añadió.

En la misma línea se ha expresado este martes la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que ha afirmado que lo que "el nacionalismo" está haciendo con esta familia "no tiene nombre". "¿A qué espera el Gobierno para salir en su defensa? Piensa la ministra de Educación cumplir con su obligación y proteger a esta familia?", ha preguntado.

El partido ultra ha ido más allá y ha llegado a pedir la suspensión de la autonomía por esta cuestión, acusando al Ejecutivo de Pere Aragonès de estar "en rebeldía" por defender la inmersión. Además, ha llevado al Congreso una proposición para volver a aplicar el 155 en Catalunya.

El catalán, en estado crítico

Esta ofensiva de la derecha (y la judicatura) española llega en un momento de fuerte vulnerabilidad para el catalán. Las alarmas han saltado a raíz del informe que presentaron ahora hace un mes las conselleries de Educació y de Cultura sobre la aplicación real de la inmersión. El texto concluía que en el curso de 4º de ESO sólo el 46% de los profesores se dirigen a los alumnos en catalán. Otros ejemplos que dan pavor son que solo el 39,4% de los alumnos utilizan el catalán en las aulas y si las actividades son en grupo, el porcentaje baja al 28,4.

Devuelta a la escuela el pasado mes de septiembre / Foto: Sergi Alcàzar

​Pero eso no es todo. Si salimos de las aulas vemos que el catalán también se encuentra en una clara situación de retroceso. Según un informe que presentó Plataforma per la Llengua a finales de octubre, 8 de cada 10 catalanohablantes cambian de lengua cuando alguien les habla en castellano. A esto se le tiene que sumar que los catalanohablantes sólo representan el 32,4% de la población de los Països Catalans y Andorra, según datos del primer día de enero del 2020. Eso supone, pues, menos de un tercio.

Pero pese a todo esto, la sociedad catalana se resiste a dejar perder su lengua y buen ejemplo de ello es el manifiesto que familias de la escuela de Canet han hecho pidiendo a la Generalitat que blinde la inmersión. Las familias defienden que la inmersión lingüística ha permitido que las criaturas adquieran las competencias académicas esperadas, se favorezca la integración social y cultural y se garantice una vida plena en catalán "después de años de marginación y criminalización".

 

Imagen principal: manifestación de Somescola por la inmersión lingüística, celebrada el 2018 en la plaza de Sant Jaume de Barcelona / ACN