El calendario es el que es y deja el margen que deja: es cuestión de pocos días u horas. El martes 15 de octubre es el aniversario del fusilamiento del president Lluís Companys y el miércoles 16 expira el plazo legal (prorrogable) de dos años de prisión preventiva de los Jordis. La sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, se fijó como deadline la primera quincena de octubre. La sentencia del juicio más relevante de la democracia española, que puede suponer un golpe muy duro para una gran parte de la sociedad catalana, está a punto de salir del horno.
El contexto político que la espera es sin duda excepcional, incluso aislado del calendario electoral que viene por delante. La presión ambiental en la capital del Estado es muy grande, especialmente por la respuesta que pueda dar el independentismo, el Tsunami Democràtic, a la sentencia. En el medio ha estado el encarcelamiento de siete miembros de los CDR por terrorismo, que ha apuntalado un relato de violencia, la violencia que requiere la acusación de rebelión. Como en los tiempos de ETA, un Pedro Sánchez que habla más de 155 que de diálogo ha corrido a exigir al president Quim Torra que condene un supuesto incipiente terrorismo independentista catalán.
Ante ese escenario, ElNacional.cat ha hablado con tres juristas para analizar qué puede salir del Tribunal Supremo y, también, qué viene después, en términos judiciales pero sobre todo políticos. "Estamos ante el gobierno de los jueces", advertía en una entrevista reciente para este diario José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo que compartió pasillos con Manuel Marchena.
¿Qué se puede esperar de la sentencia?
Sacar la bola de cristal es de todo menos riguroso. Joaquín Urías, profesor de derecho constitucional a la Universidad de Sevilla, avisa de que "cualquier pronóstico va a salir mal". Eso sí, intuye por dónde irán los tiros: un veredicto a medio camino que no parezca ni muy duro ni muy moderado. "No habrá rebelión y las penas se situarán sobre los siete años la mayoría de ellos", vaticina el exletrado del Tribunal Constitucional. Lo que tiene más claro es que absolución no habrá: "No puede haberla cuando llevan ya casi dos años en prisión preventiva. Tiene que ser dura. Si no, es imposible de justificar ante el mundo". Después de asistir a sesiones del juicio en el Supremo, no concibe cómo la sala segunda podría argumentar una condena por rebelión.
Mercè Barceló, catedrática de derecho constitucional. Foto: Sergi Alcàzar
En la misma línea, Mercè Barceló, catedrática de derecho constitucional en la UAB, también señala la privación de libertad como elemento indicativo. "A días de vencer el plazo legal de la prisión preventiva, no espero ninguna sentencia absolutoria. Espero una sentencia condenatoria de muchos años. Si no, esta gente estaría en la calle. O eso o están jugando a un juego muy sádico de castigar a la gente", sostiene la jurista, que también supervisó el juicio.
La magistrada Montserrat Comas, portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia en Catalunya, ve poco prudente hacer pronósticos sobre la decisión. "Seguro que estará muy motivada, será muy larga y tiene que abordar muchos aspectos", señala la jueza, que espera poder leerla. "Tiene que resolver temas jurídicos sobre los cuales no tenemos ni precedentes. El único precedente que tenemos de rebelión en España es la del coronel Tejero", añade. Si que considera que la prisión provisional es "indicativa que seguramente habrá condenas", sin embargo "no necesariamente tiene que pasar por asumir el delito más grave por el cual están acusados". No cierra "ninguna puerta".
¿Y si ha rebelión, qué?
"Si no hay alzamiento ni violencia, no soy capaz de imaginarme el grado de retorcimiento de la realidad que puedan hacer", admite Mercè Barceló, que no ve ni rebelión, ni sedición, ni malversación. Como mucho desobediencia, y sólo en algunos casos. "Si los condenan por estos delitos habrá una ruptura flagrante del principio de realidad, porque se tendrán que inventar un relato", añade. A pesar de todo, la catedrática denuncia que en el juicio "no los han dejado defenderse", porque "ni siquiera pudieron contradecir los vídeos, la pieza fuerte".
Joaquín Urías no quiere situarse en este escenario. El constitucionalista lo ve también "muy complicado" de justificar, porque "todo el Estado se metería en un conflicto". En este sentido, recuerda que tiene la lupa de la comunidad internacional encima. "Que los condenen a rebelión por salir a la calle, por una protesta mucho más pacífica que muchas otras, es muy difícil de asumir", defiende el jurista.
Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional. Foto: Sergi Alcàzar
Montserrat Comas también rehúye este escenario. "Como jurista no he escondido nunca que los hechos que sucedieron a Catalunya, por graves que sean, difícilmente pueden ser integrados en el tipo de la rebelión, que requiere un levantamiento y que sea violento," argumenta la magistrada de la Audiencia de Barcelona. "Eso no ha pasado en Catalunya", añade. Ciertamente, la "violencia ambiental" de la que hablan las acusaciones crearía jurisprudencia.
¿Superará la sentencia del Estatut?
Tenemos un precedente de una sentencia relativamente reciente que supuso un gran terremoto político: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, el año 2010. Desde entonces ya nada ha sido lo mismo. ¿La fractura hoy será peor que entonces? "Yo creo que más, que será peor," responde a Mercè Barceló. En primer lugar, porque hay gente en la cárcel con unas consecuencias emocionales. En segundo lugar, porque la del TC era una discusión más jurídica, y la del TS totalmente política. "El 1-O estábamos todos. Todos podemos negar los hechos que se imputan. Emocionalmente, cuando ves que te están dando gato por liebre, la sensación de injusticia es mucho más alta".
Joaquín Urías difiere y no cree que el impacto llegue al mismo nivel porque en ningún momento habrá jugado el factor sorpresa. "Todo el mundo se ha hecho a la idea de que puede haber condenas duras. No cogerá a nadie de imprevisto", argumenta el profesor de la Universidad de Sevilla. En cambio, contrapone, había gente que no esperaba que la sentencia del Estatut fuera en los términos que acabó siendo. Eso sí, vaticina que incluso personas que no son independentistas se movilizarán ante una sentencia muy dura.
¿Y después qué?
Con la sentencia "desaparecerá" el problema judicial, pero sobre la mesa seguirá habiendo otro conflicto: el político. En eso coinciden todos los juristas consultados. "Los jueces, fiscales y policías resuelven en última instancia los conflictos que se dan a la sociedad", defiende a la jueza Montserrat Comas, que lamenta que se haya llegado hasta este extremo. Y advierte de cara al futuro inmediato: "No habrá que dejar nunca de lado la palabra diálogo. No sólo como palabra, sino como ámbito real donde dialoguen las fuerzas políticas y los gobiernos".
Montserrat Comas, magistrada de la Audiencia de Barcelona. Foto: Sergi Alcàzar
Joaquín Urías coincide en el diagnóstico. "La única manera de arreglarlo es volviendo a la política. Eso no se puede resolver en los tribunales", defiende al jurista, que avanza cuál tendría que ser el camino. "Se tendrán que buscar soluciones políticas y también personales para los condenados". Eso pasará, probablemente, por indultos. Eso sí, el camino será largo y tortuoso: "No habrá indultos sin una solución política previa, sin un acuerdo político. Tiene un coste político para el gobierno que los aprueba. No los habrá a cambio de nada".
¿Qué pasa con los exiliados?
Con la sentencia que saldrá del Supremo, habrán sido juzgados once encausados. Pero todavía faltarán siete: los exiliados Carles Puigdemont, Marta Rovira, Lluís Puig, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Anna Gabriel. El juez Pablo Llarena ya tiene abierto el cajón de las euroórdenes para reactivarlas. ¿Tendrá más éxito? Aquí hay más discrepancias entre los juristas consultados.
"Sí, sin duda", sostiene Urías. Según el profesor de la Universidad de Sevilla, con una condena, "es más razonable pedir a un tribunal extranjero que envíe Puigdemont hacia España" y "es mucho más fácil que tenga éxito", a diferencia de la experiencia anterior.
"No, es indiferente", responde Merce Barceló. La catedrática de la UAB asegura que "la justicia de fuera se ha demostrado que es independiente" hasta el momento. Incluso cree que puede ser perjudicial a la justicia española y reforzará las tesis de los exiliados, después de que "todos los tribunales que ya se han pronunciado han dicho que no hay los delitos de los que se les acusa".