El presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, hace un alegato político en la sentencia del juicio al procés: "Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al anhelado horizonte de una república soberana, desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar". A presionar a los jueces, se entiende.
En el punto 14 de los hechos probados de la sentencia, Marchena hurga en la herida. Dice que "todos los acusados eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación que se presentaba como la vía para la construcción de la República de Catalunya". Que "sabían que la simple aprobación de enjuciamientos jurídicos, en abierta contradicción con las reglas democráticas previstas por la reforma del texto constitucional, no podría conducir a un espacio de soberanía", y que "eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era más que el cebo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un estado soberano".
En pocas palabras dice que los acusados jugaron con la ilusión de la gente y que se inventaron un país, una nueva ley y una república catalana: "Bajo el imaginario derecho de la autodeterminación se escondía el deseo de los líderes políticos y asociaciones de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular".
La sentencia es dura en este sentido y dice que "a pesar de todo, los acusados propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y estatutario y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas". El texto habla de engaño a la ciudadanía y de utilización: "Los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los jueces en Catalunya habían perdido su capacidad jurisdiccional y fueron, además, expuestos a la compulsión personal mediante la que el ordenamiento jurídico garantiza la ejecución de las decisiones judiciales".