El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en Luxemburgo, hará públicas el próximo miércoles las dos sentencias que tienen que resolver si los eurodiputados en el exilio Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pueden mantener su inmunidad parlamentaria o si se permite su entrega al Estado español. La resolución, sin embargo, llegará después de cambios importantes en el Código Penal que pueden dejar en papel mojado las dos resoluciones. La derogación del delito de sedición por parte del Gobierno, el diciembre pasado, ha obligado al Tribunal Supremo a actualizar el procesamiento de Puigdemont, Comín y Ponsatí y, el marzo pasado eliminó la sedición en concurso con malversación e incorporó la malversación agravada y la desobediencia.
Esto significa, según la defensa de los políticos de Junts, ejercida por Gonzalo Boye, que si el TGUE no les acepta la demanda y les retira la inmunidad, el juez del Supremo, Pablo Llarena, tendría que volver a pedir un suplicatorio a la cámara europea con los nuevos delitos, que en el caso de Ponsatí solo es el de desobediencia. Si Llarena no da este paso previo y reactiva la euroorden de detención, los políticos catalanes volverán a pedir medidas cautelares para mantener la inmunidad, además, de recurrir la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así pues, queda mucho partido por jugar, y para la vuelta del president Puigdemont a Catalunya ya no se pone fecha.
Las dos sentencias
El tribunal resolverá el miércoles la demanda T-115/20, en la cual los eurodiputados Puigdemont y Comín solicitaron que se anule la decisión del 10 de diciembre del 2019 del entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, de no comunicar al pleno y remitir a la comisión competente la demanda de amparo de su inmunidad, que presentó la eurodiputada de ERC Diana Riba, ante la tercera euroorden de detención del juez Llarena.
En la segunda demanda, la T-272/21, el tribunal tiene que resolver si la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo actuó correctamente o no cuando tramitó el suplicatorio pedido por el juez Pablo Llarena para levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí. La defensa del exilio sostiene que el presidente de la comisión JURI, Adrián Vázquez, eurodiputado de Cs, actuó con falta de imparcialidad, y que el ponente del expediente, el eurodiputado ultra Angel Dzhambazki, se encargó de los tres suplicatorios al mismo tiempo, saltándose el reglamento de la Cámara porque se tienen que tramitar de manera individual. Por eso, el exilio pide la anulación de este suplicatorio.
Quedarse en el limbo
Hay dos resoluciones posibles: que el TGUE acepte la demanda de los catalanes o que la rechace. Sin embargo, el TGUE también podría resolver que no se pronuncia sobre las demandas al considerar que las reclamaciones han sido superadas por las reformas penales en el Estado español y por el nuevo procesamiento de los europarlamentarios, una situación que la defensa espera que no ocurra porque podría dejar a los tres políticos independentistas en un limbo jurídico. La defensa incluso asegura que preferiría una negativa del TGUE, en la cual entre líneas acepte algunas de sus alegaciones, como ya hizo el TJUE con las prejudiciales de Lluís Puig, en que abrió la puerta a reclamar que el Tribunal Supremo no es el órgano determinado por la ley para juzgarlo.
Nuevo suplicatorio
La defensa de Puigdemont admite que una sentencia negativa este miércoles en Luxemburgo, puede comportar que el juez instructor emita una nueva euroorden de manera inmediata. No obstante, advierte que el delito de sedición, por el cual se ha pedido autorización a la Eurocámara para juzgar a los eurodiputados, ya no existe, y que se ha añadido un delito de malversación agravada que no se contemplaba en el suplicatorio que se tramitó en la eurocámara.
En caso de que ante una sentencia a favor del Estado español, Llarena decidiera emitir una nueva euroorden, la defensa de Puigdemont respondería, por lo tanto, reclamando la necesidad de tramitar un nuevo suplicatorio ante la Eurocámara, para levantar la inmunidad para juzgar a Puigdemont y Comín específicamente por desobediencia y malversación agravada, que son los delitos que ahora se les imputan. En cualquier caso, los abogados de Puigdemont volverán a pedir medidas cautelares para garantizar que no los detengan.
Un nuevo suplicatorio, además, encontraría una situación también diferente en la Eurocámara, dado que en estos meses, y a raíz de la sentencia sobre la denegación de la extradición de Lluís Puig por parte de Bélgica, el TJUE ha aceptado la posibilidad de denegar la euroorden ante un riesgo de vulneración de derechos fundamentales, e incluso ha detallado que se pueda contemplar una deficiencia que afecte a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas", que en este caso serían los políticos independentistas perseguidos por la justicia española.
Puigdemont, ninguna victoria en el TGUE
La defensa de Puigdemont admite que nunca ha ganado ninguno de los casos que ha presentado delante del TGUE, que sus victorias siempre han llegado a través del tribunal de casación, el TJUE. En cualquier caso, no habrá duda sobre la decisión del tribunal, que será a favor o en contra de estimar la denuncia, pero subraya también que los argumento con que se despliegue la decisión, sea en el sentido que sea, pueden aportar claves para prever en qué sentido se desarrollará el caso.
El miércoles, los eurodiputados y sus abogados comparecerán en rueda de prensa, en la sede de la Eurocámara, donde estarán acompañados de representantes de los tres principales partidos independentistas catalanes, Junts, ERC y la CUP, así como del Consell de la República, Òmnium Cultural, ANC, el AMI, la Cambra de Comerç de Barcelona y la Intersindical.