El 2024 ha sido el año con menos porcentaje de sentencias judiciales en catalán en todo el siglo XXI (6,56% del total), y en el conjunto de siglo el porcentaje es del 11,8%. Así, el año pasado se redactaron 19.385 sentencias en lengua catalana, lejos de las cifras de 2004 o 2005, cuando se superaron las 40.000 y el porcentaje llegaba al 20% gracias a incentivos económicos. Son datos del Departament de Justícia facilitados a la ACN a través de una petición de transparencia. Algunos jueces y abogados coinciden en decir a la ACN que la causa principal es la falta de formación en catalán del personal judicial y de los letrados, y proponen varias soluciones, como, por ejemplo, volver a incentivar económicamente el uso del catalán en la justicia.

En el área metropolitana de Barcelona, las sentencias en catalán son prácticamente inexistentes, con porcentajes que no llegan ni al 1% en los partidos judiciales de L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Gavà, Esplugues de Llobregat (ninguna en catalán), Martorell, Rubí, Sant Boi de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet. La excepción sería Barcelona ciudad, que llega al 7%, por encima de la media. En toda la demarcación de Barcelona, sin la capital y L'Hospitalet, el porcentaje llega al 5,65%.

En el resto de Catalunya hay mucha disparidad. En las comarcas gerundenses llegan al 10%, en Lleida no se llega al 9%, en el Ebro se quedan por debajo del 7,5% y en Tarragona a duras penas se supera el 3%. Ahora bien, hay municipios donde las sentencias en lengua catalana sí que son muy habituales, como Ripoll (75%), Gandesa (57%) o Berga (40%). Pero en otros, como La Seu d'Urgell, 0,4%, Tremp, 0%, Amposta, 0,3%, el catalán casi desaparece. Eso se debe, en buena parte, al hecho de que son partidos judiciales muy pequeños, con muy pocos órganos judiciales y si uno o varios jueces no dominan el catalán, el porcentaje cae considerablemente.

¿Qué órganos judiciales utilizan más el catalán?

Por tipo de órganos judiciales, por ejemplo, la sala de lo social del TSJC hace el 10,9% de sus sentencias en catalán, la sala contenciosa-administrativa del TSJC, un 6,3%, los juzgados civiles, un 5,7%, los juzgados contenciosos, un 12,3%, los juzgados mercantiles, un 1%, los juzgados de lo social, un 8,3%, y los juzgados de violencia sobre la mujer, un 9,7%.

El miembro de la asociación de jueces Ágora Judicial y magistrado de un juzgado de lo social de Barcelona Xavier Gonzàlez de Rivera cree que se tendría que promover mucho más que el catalán estuviera normalizado en la administración de justicia, y tendría que ser prioritario que toda la documentación fuera bilingüe. Admite que hacer que el catalán sea un requisito para jueces y fiscales obligaría a cambiar la legislación, pero propone medidas que solo dependerían de la voluntad política de la Generalitat. Por su parte, David Casellas, presidente de la comisión de lengua del Consell de l’Advocacia de Catalunya, opina que se tendría que exigir el conocimiento del catalán a los jueces y fiscales que ejercen en Catalunya, pero remarca que lo más importante es que los letrados lo utilicen sin ningún "miedo" a que eso les pueda perjudicar.

Incentivos económicos

Gonzàlez de Rivera cree que falta formación "real y efectiva" en catalán de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios. Pero, además, cree que habría que "estimular" económicamente el uso del catalán en los juzgados, como se hizo en los primeros años de siglo, cuando se llegó a un 20% de uso del catalán en los documentos judiciales gracias a los incentivos económicos. "Estos incentivos ahora no están ni se les espera", lamenta, aunque varios expertos lo han propuesto en algunas ocasiones.

Traducciones e interpretaciones

Con respecto al número de peticiones de traducción de todo tipo de documentación, cada vez hay menos del catalán al castellano. En 2011 fueron 3.043, un 40% del total de traducciones de todas las lenguas, mientras que en el 2023 se hicieron 2.484, el 32% del total. Del castellano al catalán las cifras han sido más estables, pero también a la baja, con unas 1.600 en 2011 y 1.263 en 2024, casi el mínimo desde que hay registros, con 4.300 en 2017, la cifra más alta desde 2006.

Aparte, en el 2023 se pidieron casi 40.000 traducciones de actos orales del catalán o castellano a 69 idiomas diferentes. También hubo traducciones a la lengua de signos catalanas, y no hay registros de traducciones orales del catalán al castellano.

Desde hace unos años, el Departament de Justícia tiene un plan para fomentar el catalán en las actuaciones de los abogados del turno de oficio y paga un extra a los que utilizan el catalán, que actualmente son casi 1.500, una cuarta parte de los 6.000 abogados de oficio de todo Catalunya. Se puso en marcha en 2017, pero quedó suspendido en 2018 por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno. Hasta el año 2021 no se recuperó el plan. El primer año, la Generalitat le dedicó 144.000 euros, mientras que en el 2024 se superaron los 400.000.

Por su parte, el Departament de Justícia ha explicado a la ACN que está preparando varias medidas para fomentar el catalán en la administración de justicia que, previsiblemente, presentará públicamente en las próximas semanas.