El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha lamentado este jueves que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, considere que el convenio para impulsar el uso del catalán en la justicia firmado en 1999 ha tenido resultados "excelentes", aunque el año pasado sólo el 8% de las sentencias de Catalunya se redactaron en catalán.
Lesmes respondió al conseller que no era necesario ningún cambio legal para cumplir las recomendaciones de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa. Uno de los miembros del comité de expertos de la Carta, Fernando Ramallo, sociolingüista gallego, ha reiterado que el Estado incumple este tratado internacional a pesar de haberlo ratificado formalmente.
Mundó también ha explicado que el pasado mes de mayo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, también le respondió que no hacía falta ningún cambio legal, a pesar de las recomendaciones del Consejo de Europa. "No parece necesario modificar leyes procesales y civiles", le dijo por carta, ya que la Constitución española establece el castellano como lengua de conocimiento obligatorio, mientras que el resto de lenguas cooficiales son sólo voluntarias y, en el caso de la justicia es sólo un mérito, no un requisito. "Es lo que puede y debe hacer la administración general del Estado", concluyó el ministro.
Fuente: Plataforma per la Llengua / Departament de Política Lingüística
75% competentes en catalán
Por eso, durante la inauguración de una jornada sobre la situación del catalán en la justicia, Mundó ha dicho que hay que mejorar la situación. Así, ha pedido sobre todo a los abogados que sean proactivos en el uso del catalán y a los ciudadanos que se saquen de encima "el falso miedo" de usarlo, porque cree que su uso no afecta a la resolución judicial, pero admite que "sería más fácil si el Estado fuera más sensible y el catalán fuera cooficial" realmente. De hecho, según Mundó, el 75% de las personas que trabajan en la justicia son "competentes" en lengua catalana, pero su uso está muy por debajo de otros ámbitos.
Por su parte, Ramallo ha dicho que el comité de expertos y el comité de ministros del Consejo de Europa han reiterado al Estado español que reforme la ley para cumplir la Carta, sobre todo en la administración de justicia, donde los ciudadanos tendrían que tener el derecho de seguir todo el procedimiento judicial en la lengua que quisieran.