Más cargos de ERC espiados con el software Pegasus que lo denuncian en los juzgados. El director de la Oficina de Comunicación y Estrategia del President de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha declarado este miércoles ante la titular del juzgado de instrucción 23 de Barcelona, que fue espiado con el software Pegasus en su móvil entre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno -que recibió los vitales votos de ERC-, el inicio de la mesa de negociación con el PSOE y hasta la llegada de la pandemia, según fuentes jurídicas. En aquellas fechas, Sabrià era el jefe del grupo parlamentario de ERC. Y, el martes, Oriol Sagrera, también declaró como afectado por el espionaje con  Pegasus entre los años 2019 y 2020, cuándo era jefe de prensa del president del Parlament, Roger Torrrent, ante la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que es a quien ha recaído su denuncia. Sabrià y Sagrera salen en la lista de 65 personas del entorno independentista catalan espiadas, que descubrió el grupo Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y bautizó con el nombre de CatalanGate.

Con estas dos nuevas denuncias, ya llegan a la decena los juzgados de Barcelona y Madrid que investigan si políticos catalanes, abogados y representantes del mundo asociativo independentista catalán fueron espiados con Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, que solo vende a países. El juez  que recibió la primera querella por Pegasus de los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall, el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, no quiso asumir el resto de querellas, aunque más tarde aceptó a los afectados de la CUP. Aparte, el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona tiene que resolver si finalmente se queda la querella del president Pere Aragonès o la deriva en la Audiencia Nacional; la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, investiga las querellas del portavoz del grupo parlamentario republicano, Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba, y a la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona le recayeron las querellas, separadas, del abogado de ERC Andreu van den Eynde, y del eurodiputado Jordi Solè.

Aparte, el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona, investiga a los querellantes de Òmnium Cultural, mientras los afectados de la ANC estaban entre dos juzgados de Barcelona. La querella del abogado del presidente Puigdemont, Gonzalo Boye, está en el juzgado de instrucción 29 de Madrid. Una dispersión que provoca el retraso de la investigación y la repetición de pruebas, como la citación de la empresa NSO como querellada, que algunos juzgados han aceptado ahora, obligados por resoluciones de la Audiencia de Barcelona, impulsadas por Van den Eynde.

Reclamo del juzgado a Presidencia

Uno de los hitos conseguidos por los republicanos es que la magistrada Eva Moltó, que investiga el espionaje de Jové y Riba haya pedido al Gobierno que levante el secreto de las investigaciones del CNI para poder interrogar a su directora, todo y que solo para estos afectados. La petición ya está en el Ministerio de la Presidencia, según fuentes jurídicas. Por ahora el Gobierno no ha dado ninguna respuesta. Precisamente, ERC reclamó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que cumpla su palabra de transparencia y de colaborar en la investigación.