El magistrado Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que pide a las autoridades belgas que tomen declaración a Toni Comín y Meritxell Serret para que designen a un abogado para seguir el proceso en España y un procurador. Llarena les advierte que si no lo designan los acusados, lo hará él y les buscará un letrado de oficio.
Para hacer este trámite Llarena pide una declaración y propone, incluso, que la vengan a hacer al Tribunal Supremo, mediante un traslado temporal a España. Ahora mismo Serret y Comín están bajo las medidas cautelares de la justicia belga que les impide salir del país. La euroorden dictada por Llarena no se ha resuelto, y mientras tanto, están en libertad en Bruselas y bajo la jurisdicción de la justicia belga. Por lo que Llarena no tiene ninguna competencia sobre ellos.
Meritxell Serret y Toni Comín transmitieron al juez el 16 de abril que no tenían ninguna intención de personarse en el proceso, como sí ha hecho Carles Puigdemont, vía el abogado Jaume Alonso-Cuevillas. Ante este hecho, Llarena se ha rebelado y busca la manera de hacerles renunciar a cada uno de los trámites que llevan a cabo en el Tribunal Supremo en la causa contra el referéndum que los mantiene procesados por los delitos de rebelión y malversación.
Llarena se coge ahora al artículo 11.2 de la LOPJ, que establece la necesidad de rechazar judicialmente las peticiones, y al artículo 18 de la OEDE, que lo autoriza a tomar "declaración al detenido con motivo de la ejecución de una euroorden".
Serret y Comín tienen como abogado a Gonzalo Boye, que lleva toda su estrategia de defensa ante la justicia belga y que, tanto en esta euroorden como en la primera dictada a finales del año pasado, los ha mantenido en libertad. Los dos consellers se presentaron ellos mismos ante la fiscalía belga en las dos ocasiones que se dictó la orden de detención y las dos veces se ha descartado el ingreso en la prisión.