Segunda querella anunciada este lunes por el CatalanGate, ahora por parte de las personas afectadas de la CUP. Pocas horas después de que esta mañana Òmnium haya anunciado la primera de las querellas por el caso de espionaje, también la formación anticapitalista ha anunciado una querella criminal, que ha presentado el abogado Benet Salellas en representación de los diputados Carles Riera y Albert Botran, y el exdiputado David Fernàndez. Lo ha presentado al juzgado de instrucción número 32 de Barcelona contra NSO Group, empresa propietaria del software espía Pegasus, por un delito contra la intimidad, y concretamente por descubrimiento y revelación de secretos.
Es la ofensiva por parte del independentismo que llega después del informe hecho público por Citizen Lab ahora hace dos semanas, y que mostró que más de 60 activistas y líderes independentistas han sido espiados con el software Pegasus. Tan pronto como se supo, el independentismo hizo una respuesta unitaria desde el Parlamento Europeo donde participaron Carles Puigdemont (Junts), Oriol Junqueras (ERC), Carles Riera (CUP), Xavier Antich (Òmnium) y Elisenda Paluzie (ANC), que anunciaron que presentarían querellas contra este espionaje.
La querella que ha presentado al abogado de la CUP se ha presentado ante el Juzgado de instrucción de Barcelona, donde ya hay una denuncia y solicitud de investigación presentada por el expresidente del Parlament Roger Torrent y por el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, espiados con este mismo software. El caso de Torrent y Maragall se conoció el año 2020, y entre los afectados también había la exdiputada de la CUP y exiliada política Anna Gabriel. En este caso, su defensa presentará acciones legales en Suiza, donde vive actualmente, para pedir que se investigue el espionaje que sufrieron ella y otros afectados.
La estrategia de la defensa de Gabriel es llevar el espionaje a la justicia suiza para que el ministerio público de este estado abra una investigación a partir de la nueva información publicada hace 15 días y el posible vínculo con el Centro Nacional de Inteligencia. El argumento de la defensa de la exdiputada cupaire es que España no puede perpetrar un espionaje en territorio suizo si no tiene el consentimiento y la luz verde de la justicia del país. Aunque este espionaje se haga a través de un teléfono móvil, que es el que hace el software espía Pegasus: infiltrarse dentro de un smartphone y tener acceso a todo el contenido. Incluso en la cámara del teléfono. Este espionaje, según los abogados de Anna Gabriel, supondría un delito contra el estado, la seguridad nacional y el poder público suizo.