El Síndic de Greuges de Catalunya ha salido este martes al paso de la polémica suscitada por la "licencia por edad" concedida a funcionarios del Parlament y de la Sindicatura de Cuentas para afirmar que este privilegio no se ha concedido "nunca" en la institución del defensor del pueblo catalán. El Síndic de Greuges ha hecho público un comunicado para informar de que, desde el inicio de mandato del actual síndico, Rafael Ribó, en el 2004, se acordó "anular la aplicación del estatuto del régimen y del gobierno interiores del Parlamento en materia de personal", gracias a la "autonomía reglamentaria, organizativa, funcional y presupuestaria" recogida en la ley que regula esta institución.
Comunicat del Síndic de Greuges en relació a l’autonomia reglamentària de la institució: https://t.co/7WdpoxDavr
— Síndic de Greuges (@sindicdegreuges) January 18, 2022
Explica que, desde entonces, el defensor del pueblo catalán ha contado con su propia normativa y ha aplicado "políticas sobre función pública siguiendo los acuerdos de los gobiernos de la Generalitat".
"Por lo tanto, también con respecto a la licencia por edad, establecida en el Estatuto del régimen y del gobierno interiores del Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges manifiesta que esta nunca se ha aplicado en la institución", concluye el comunicado.
Los beneficiarios
Los trabajadores de la Sindicatura de Comptes de Catalunya también se han podido beneficiar estos últimos años, gracias a una sentencia judicial, del régimen laboral del Parlamento que permite a los funcionarios cobrar su sueldo sin ir a trabajar, aunque reduciendo esta medida a un único año.
En concreto, han sido dos las empleadas de la Sindicatura que se han acogido a este sistema, que se aplica en este caso desde el año 2018, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se pronunció a favor de una trabajadora que demandaba disfrutar de las mismas ventajas que los funcionarios del Parlament, han explicado a Efe fuentes de la institución.
El Parlament gasta anualmente 1,7 millones de euros para pagar los sueldos de 21 funcionarios acogidos a las "licencias por edad", que van de los 4.000 euros mensuales de las categorías más bajas hasta los más de 10.000 que perciben dos exsecretarios generales.
Ante el alboroto que ha causado la existencia de este régimen laboral en el Parlament, vigente desde el año 2008, la Mesa de la cámara ha pactado este martes por unanimidad abrir negociaciones para acabar con él.
La Mesa no puede decidir por sí sola eliminar la figura de la licencia por edad, ya que se trata de un acuerdo con el Consejo de Personal, es decir, con los representantes de los trabajadores de la cámara catalana. El objetivo es llegar a un acuerdo este 2022 y hay que ver qué pasa con los casos de personas que hayan hecho la petición para adherirse a ella pero todavía no están cobrando. Por este motivo, la Mesa ha encargado un informe a la secretaría general y al letrado mayor para analizar si existe la posibilidad de detener los casos en trámite. Y el primero que se quiere saber es cuántas personas lo han pedido, cuántas están pendientes de que el Parlament les responda y cuántas tienen el visto bueno pero todavía no se les ha ejecutado la medida.