La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, acompañada por los dos adjuntos, Jaume Saura y M. Jesús Larios, han entregado este miércoles el informe anual de la institución del año 2022 a la vicepresidenta primera con funciones de presidenta del Parlamento, Alba Vergés. El texto recoge la actividad del Síndic el año pasado, combinando el periodo del síndic anterior, Rafael Ribó, y la nueva síndica. En el informe se destaca especialmente el gran número de quejas relacionadas con vulneraciones de derechos del ámbito social, un 45%. Para Giménez-Salinas eso es un indicador de la sociedad: "Cuando el grueso de las quejas son por políticas sociales, se hace una radiografía del país, de lo que preocupa".
En este grueso de quejas catalogadas en el ámbito de las políticas sociales se incluyen las quejas en el ámbito de la salud, servicios sociales, la infancia o la vivienda, entre otros. No son los únicos ámbitos de los cuales el Síndic ha recibido quejas o consultas, también han hecho referencia la administración pública y tributos (19%), políticas territoriales (17,5%), consumo (13%), seguridad ciudadana y justicia (4,6%) y cultura y lengua (0,5%).
Fuente: Síndic de Greuges
En total, el año 2022 se han dirigido a la institución 18.068 personas y se han iniciado 23.527 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio. El número de quejas recibidas ha vuelto a cifras anteriores a la pandemia, en torno a las 10.000 anuales, pero la cifra de consultas sigue creciendo bastante, siguiendo la tendencia de los últimos años (9.987, el 2018 y 13.381, en el 2022).
Cita previa, vivienda e infancia
En el informe se destacan algunos ámbitos donde se han recogido más quejas o que preocupan más la institución. Por ejemplo, las citas previas a la administración. "Llegan muchas quejas y es muy transversal", ha apuntado a Saura, quien ha añadido: "Como medida de organización bien, pero no como imposición". Para la institución, la restricción del derecho a acceder presencialmente a dependencias de la Administración, que puede generar situaciones de desatención y desigualdad en el acceso o incluso la imposibilidad de ejercer derechos y facultades que están sujetos a un plazo, no tiene amparo jurídico y, por lo tanto, pide a todas las administraciones que eliminen esta práctica.
Por otra parte, destacan la situación de la infancia en Catalunya, referida en un informe anterior. En este caso se subraya el hecho de que los últimos años ha habido un aumento de la vulnerabilidad social. Todo muestra que las políticas públicas actuales no dan respuesta suficiente a las necesidades de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad: el 38,6% de los niños en situación de pobreza extrema no son beneficiarios ni del ingreso mínimo vital ni de la renta garantizada de ciudadanía.
Las quejas en vivienda han crecido un 34% respecto del año anterior, y se han incrementado significativamente los casos de emergencia residencial, acceso a la vivienda y demora en la tramitación de alquileres, destacan desde el Síndic.
Muchos cambios: ahora y largo plazo
"El porcentaje de propuestas aceptadas por la administración es muy alto, del 80%", destaca Giménez-Salinas. Del resto de propuestas, un 19% son aceptadas de forma parcial y solo un porcentaje muy ínfimo queda sin aceptar. Se trata de datos que muestran la eficacia de la institución, que preferiría a que el porcentaje de propuestas aceptadas se enfilara hasta el 100%, afirma la síndica.
El Síndic ha remarcado que pretende ir más allá de resolver quejas o demandas individuales, si no da una perspectiva más colectiva. El objetivo, pues, es que las quejas y las actuaciones de oficio, más allá de su valor individual, tengan repercusión en la colectividad y sirvan para cambiar normativas y protocolos de las administraciones.