El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denuncia en el informe anual que hoy ha entregado al presidente del Parlament que el Estado "ha traspasado los límites democráticos" con las acciones llevadas a cabo para reprimir el proceso independentista y la aplicación del 155.

La Sindicatura señala en su informe el uso desproporcionado de la fuerza policial el 1-O, el encarcelamiento preventivo de los líderes políticos y sociales del independentismo, la aplicación del artículo 155 y la vulneración de derechos civiles y de participación política.

"Los conflictos políticos e institucionales se tienen que solucionar mediante el diálogo, y que este diálogo es imprescindible para resolver políticamente —no penalmente— la cuestión, para la consecución de plenas libertades y derechos, para el restablecimiento del autogobierno y para la vertebración y el encaje de Catalunya, en cuyo horizonte necesariamente habrá que atender la demanda mayoritaria hasta ahora de consultar a la sociedad catalana," advierte.

En el texto alerta que las medidas adoptadas en la aplicación del 155 podrían vulnerar el derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos, con la destitución del Govern "con una posible transgresión del mismo ordenamiento jurídico español", dado que ningún precepto de la Constitución prevé una medida de esta naturaleza.

Las medidas adoptadas habrían vulnerado también el derecho fundamental a la participación política de la ciudadanía, al igual que el derecho de sufragio pasivo, que requiere que las personas candidatas a unos comicios puedan participar en la campaña en igualdad de condiciones que el resto de candidatos, lo cual ha afectado a los políticos encarcelados y supone "una distorsión de estos comicios".

"El derecho a un proceso justo, y consecuentemente el derecho a la libertad individual, también ha sido puesto en entredicho", denuncia el Síndico, que recuerda el encarcelamiento de miembros Govern, de miembros de la Mesa y de los líderes sociales.

La sindicatura alerta que se puede haber transgredido el derecho al juez predeterminado por ley, que tendría que ser la jurisdicción ordinaria de Catalunya, y la inviolabilidad de los diputados y diputadas.

Igualmente considera "completamente desproporcionada" la calificación penal como rebelión aceptada por las más altas instancias judiciales y la orden de prisión provisional sin fianza impuesta a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart que se mantiene hoy a pesar de la modificación sustancial de las circunstancias en que se produjo la resolución.

El Síndico dedica una parte del infrome a explicar las cargas policiales en los colegios electorales el 1-O y ha trasladado las quejas y recomendaciones al Defensor del Pueblo, al ministro del Interior y a la delegación del gobierno, así como al comisario europeo de Derechos Humanos, la defensora europea, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el presidente del Instituto Internacional del Ombudsman. Además, aconseja una comisión de investigación al Parlament.

El informe repasa también los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado agosto, reclama el acceso de pleno derecho de la policía de la Generalitat a los organismos estatales e internacionales de coordinación policial y el completo esclarecimiento de los vínculos entre el líder de la célula terrorista con los servicios secretos del Estado.

El Síndico enumera también los "perjuicios" provocados por la aplicación del 155 en derechos y políticas sociales a raíz de los retrasos en pagos, así como la detención de proyectos aprobados.