El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha recomendado el voto no presencial de las personas con Covid-19 y de sus contactos próximos en las elecciones del 14-F.
Después de ser asesorado por una comisión independiente con expertos, Ribó ha asegurado que pretender que personas positivas y contactos puedan salir de su domicilio para votar "es un atentado a la salud pública" y "da un mensaje muy erróneo a la sociedad sobre la necesidad de confinarse estrictamente".
El Síndic de Greuges, Rafel Ribó / Europa Press
En este sentido, ha pedido alargar los plazos para pedir el voto por correo y "aproximar al máximo la fecha límite" para solicitarlo al 14-F.
Un riesgo para todo el mundo
Según Ribó, se estaría poniendo en riesgo a los miembros de las mesas y el personal electoral, así como a las personas no infectadas, si se fomenta el voto presencial. También cree que comunicativamente se daría el mensaje de que "el confinamiento no es tan importante y puede tener excepciones".
Ribó pide que el voto por correspondencia sea "un medio ágil y seguro" para garantizar el derecho a sufragio y buscar alternativas al voto presencial. También quiere que se aumente la capacidad de Correos. Además, también exige un mensaje "muy claro y contundente" para que no se rompa el aislamiento, "ni siquiera para ir a votar".
En su informe, el Síndic señala que en los próximos diez días, cuando no se puede pedir el voto por correo, probablemente habrá unos 25.000 positivos, a los que hay que sumar los contactos estrechos, de manera que estima que habrá entre 75.000 y 100.000 personas afectadas adicionales. En este sentido, alerta de que en la fecha de las elecciones el número de casos puede ser "muy superior".
En el protocolo diseñado para celebrar las elecciones se detalla que la votación presencial de las personas con Covid-19 o sospechosas de tenerla representa "un riesgo poco significativo" para la salud pública si se siguen las medidas de seguridad y se recomienda que voten entre las 19 y las 20 horas.
Presentación de avales
Ribó también alerta de que la recogida de avales de las candidaturas sin presencia en el Parlament tradicionalmente se ha hecho presencial, pero dice que ahora es "impracticable". Añade que se puede hacer telemáticamente con firma electrónica, pero dice que la mayoría de población no tiene el certificado. Eso cree que puede "afectar negativamente" a la plena garantía del derecho de los electores.
Por eso recuerda que pidió a la JEC que estableciera un sistema de aval de las candidaturas mediante una clave de tramitación telemática (CTT) o similar. En este sentido, informa de que la JEC lo ha desestimado por "el alto riesgo de fraude", aunque el Síndic insiste en que "no es más alto" que en las firmas en papel. En este sentido, considera que todos los trámites que hay que hacer para obtener el certificado idCAT son "un claro impedimento" para la participación de los ciudadanos.
Comisión de expertos
La comisión independiente está formada por Magda Campins, jefa del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron; Juan Pablo Horcajada, jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas, del Parc de Salut Mar; Begoña Roman, profesora de Filosofía (UB) y presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Catalunya; Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional emérito de la Universidad Carlos III; Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y Jordi Barrat, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili.