El Gobierno es directamente responsable de que no se hayan cumplido las recomendaciones que la Asamblea Parlamentària del Consejo de Europa impuso el pasado mes de junio al Estado español en relación a los políticos presos y exiliados a raíz del procés. Así lo asegura el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en un informe que ha hecho público hoy y donde se refiere a la persecución de los exiliados por Europa, pero también al mantenimiento de diferentes casos contra cargos inferiores o contra los responsables políticos que sucedieron a los encarcelados. Tampoco se ha seguido la recomendación relativa a la reforma del Código Penal, en materia de rebelión o sedición, mientras que la amnistía ni siquiera se llegó a admitir a trámite en el Congreso.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 21 de junio del año pasado un informe titulado Se tendrían que enjuiciar los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo? El informe ponía el foco de manera particular en el caso de España y de Turquía, y después de dedicarles un contundente toque de atención, planteaba una serie de recomendaciones de carácter general y otras de específicas dirigidas a estos dos estados. Casi un año después, el Síndic de Greuges ha concluido en el informe que ha presentado hoy en el Parlament que prácticamente ninguna de estas indicaciones se ha implementado, o bien se ha hecho de manera parcial.

Depende de Sánchez

La vigencia de las euroórdenes es responsabilidad del Gobierno, según el Síndic de Greuges, que recuerda que en estos procedimientos únicamente figura como parte el ministerio Fiscal, que depende del ejecutivo. Si la Fiscalía se retira, "el instructor no tendría más remedio que archivarlas y, en consecuencia, quedarían sin efecto". Eso provocaría también que decayera las cuestiones prejudicial del juez Pablo Llarena que este martes se analizaron en una vista ante el TJUE. "En definitiva en esta materia la última palabra la tiene el Gobierno del Estado", advierte.

Acabar con los procedimientos de extradición figuraba en el punto dos de las recomendaciones, donde también se exigía el indulto o liberación de los presos políticos. El Síndic admite que los presos han sido indultados, pero advierte que han quedado excluidos del derecho a presentarse a unas elecciones y participar en los asuntos públicos, incluidas la enseñanza y la sanidad pública, hasta que la inhabilitación se agote.

Retirada de procesos

Igualmente es negativa la valoración del punto tres de la Asamblea de Parlamentarios que exigía la retirada de los procesos contra cargos inferiores también implicados en el referéndum del 1-O y no sancionar a las personas que han sucedido a los responsables políticos encarcelados y han expresado la solidaridad con los detenidos. Advierte que la mayor parte de los encausados en esta situación están todavía en fase de investigación, que ha habido algunas incorporaciones y algunas personas que han quedado apartadas, pero "no ha habido una retirada generalizada de procesos contra cargos inferiores por parte de la Fiscalía, tal como recomienda el Consejo de Europa." El Síndic se refiere específicamente al caso Volhov, sobre la supuesta trama rusa del procés y advierte que "por lo que se sabe hasta ahora no hay indicios sólidos de esta implicación".

También en referencia a todos estos procesos posteriores o contra cargos inferiores, el informe de la Sindicatura recuerda que la Fiscalía depende del Gobierno central que "podría desactivar las acusaciones, y el juez, en virtud del principio acusatorio, tendría que archivar la causa".

Por lo que respecta al llamamiento del Consejo de Europa a reformar las disposiciones legales en materia de rebelión y sedición para que no puedan ser interpretadas de manera que invaliden la despenalización de la organización de un referéndum que se acordó en el 2005 o para que no puedan aplicarse sanciones desproporcionadas a infracciones no violentas, el Síndic es también contundente. "El Gobierno ha renunciado a esta reforma", ha advertido por lo cual sentencia que "no se ha dado cumplimiento" a esta recomendación, que figura en primer lugar en el listado dedicado al Estado español.

 

Diálogo sin resultados

En total el Consejo planteó 7 recomendaciones a España. La sexta, donde se reclamaba la apertura de una mesa de diálogo, sirve al Síndic para constatar que se ha abierto una diálogo entre el Govern y el Estado pero el proceso avanza muy lentamente (sólo dos reuniones formales)", además reprocha que la mesa aparece falta de una "estructura y planificación claras y definidas" y no ha conseguido hasta ahora "ningún resultado tangible".

La resolución del Consejo de Europa reclamaba que no se exigiera a los políticos catalanes condenados que renegaran de sus convicciones. Y también aquí el Síndic plantea sus reticencias, dado que, aunque el indulto no se condicionó a renunciar en sus convicción políticas, sí que se condiciona a "no volver a cometer delito un delito grave", lo cual puede interpretar como una "amenaza" que limita su libertad de actuación. Igualmente, muestra la preocupación por el hecho de que los informes previos del Tribunal Supremo mostraran "profusamente" el argumento de la "falta de arrepentimiento" de los condenados. En este punto se recuerda igualmente que también se les condicionó los beneficios penitenciarios a someterse a "programas de reinserción que tenía como objetivo inculcarles determinadas ideas".

La última recomendación, donde se apelaba a los principios del estado de derecho y muy particularmente al respecto del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, da pie a una valoración más general de la situación y a un toque de atención del Síndic. Ribó advierte que en España se ha impuesto "un estado de derecho basado finalmente y esencialmente en la unidad del Estado y no en la Constitución, y que se encomienda a los jueces que protejan de manera inexcusable". Según el informe, España muestra "en los últimos tiempos" lo que se describe como una "concepción lealista y formalista del Estado de derecho", "desconectada de una debida interpretación constitucional" y basada esencialmente en la unidad del Estado.

 

Graves problemas

La Asamblea de Parlamentarios advertía en su informe de la necesidad de garantizar que la disposición penal sobre la malversación de fondos públicos se aplique de manera que la responsabilidad sólo surja cuando se pueda constatar pérdidas reales y cuantificadas para el presupuesto o patrimonio del Estado. "Esta recomendación está lejos de ser alcanzada", reprocha el Síndic, que después de analizar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas concluye que "no reúne las notas de independencia e imparcialidad que son imprescindibles para llevar a cabo la función jurisdiccional que le encomienda su Ley orgánica.

Por lo que respecta a las recomendaciones generales, el informe insiste en que "la libertad de expresión tiene problemas graves en España desde hace tiempo, que evidencian un retroceso importante." Se refiere a casos como la inhabilitación del presidente Quim Torra o la reciente retirada del escaño al diputado Pau Juvillà, a pesar de no haber una sentencia firme contra él, lo cual "revela la grave situación de indefensión que se produce en este caso".