El sindicato asambleario de la administración pública IAC-CATAC ha pedido la dimisión de la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y de "toda la dirección responsable" de la organización de las oposiciones del proceso de estabilización de la Administración de la Generalitat, por las incidencias organizativas del sábado durante el transcurso de las pruebas. Después de que este domingo los sindicatos se hayan reunido con Función Pública de la Generalitat y la consellera para abordar la situación, la entidad ha exigido que la Conselleria asuma responsabilidades y que el equipo encargado de las pruebas dimita "por su incompetencia".
La Generalitat culpó a la empresa privada subcontratada para realizar los exámenes, Cegos, delante del cual, el sindicato IAC-CATAC ha criticado que las tareas de organización y la responsabilidad recaen sobre el Gobierno. "La responsabilidad es de a quien ha contratado, de quién externaliza, de quién no ha hecho un seguimiento del contrato; es de quien ha traspasado responsabilidades y funcionas propias hacia empresas privadas", han afirmado los portavoces del sindicato en declaraciones en Europa Press, que consideran que el Gobierno "se está lavando las manos".
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— IAC CATAC (@CATAC_IAC) May 1, 2023
Cataccrac sobre la decisión tomada por el sindicato IAC-CATAC a raíz de los exámenes de oposición de estabilización del 29 de abril pic.twitter.com/crHllXblJf
El sindicato ha anunciado que pedirá un informe a Función Pública sobre dónde se encontraban el sábado los responsables de la organización de las oposiciones, para aclarar "quién tenía la figura de autoridad" y si solo estaba presente el personal de la empresa externa, cosa que el IAC-CATAC afirma que la Conselleria tiene que aclarar y justificar.
En un comunicado emitido este lunes, el sindicato afirmado que "a estas alturas no se puede garantizar que no se hayan vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad que tienen que regir los procesos selectivos a la Administración". El IAC-CATAC lamenta que "todavía no tenemos los datos de las convocatorias 600, 643, 650 y 700".
También han criticado que la Administración de la Generalitat haya abierto un buzón para aportar pruebas de las incidencias ocurridas durante las oposiciones, ya que consideran que "es inaceptable" que el órgano convocante, "que tiene la potestad y tenía que haber sido garante de todos los procesos", está haciendo que esta tarea la ejerzan los mismos aspirantes. ¿"Dónde estaban los responsables de la administración? ¿No tienen datos"?, ha señalado el sindicato.
La entidad sindical también ha denunciado que "la externalización de servicios públicos comporta la falta de garantías y principios constitucionales" y han puesto el acento en que "externalizar servicios no hace decaer la responsabilidad sobre los mismos".
El IAC-CATAC ha advertido a los opositores que utilicen el buzón que se aseguren "de que tienen plenas garantías que no irá en su contra" y que "no haya cláusulas de no impugnación para participar". "Se tiene que ser cuidadoso con lo que se dice a la Administración, porque en una oposición todo tiene efectos jurídicos", ha explicado el sindicato.
Un caos organizativo en las oposiciones de estabilización
La jornada de oposiciones de estabilización del personal de la Administración de la Generalitat de este sábado fue un caos organizativo muy criticado por sindicatos y participantes. Un total de 13.581 trabajadores se presentaban en el proceso. Hubo retrasos, exceso de gente en las aulas, falta de mesas y desinformación sobre el proceso. La organización de la convocatoria se externalizó a la empresa Cegos, con experiencia en convocatorias similares, como las de MIR o de Correos.
La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà ha pedido disculpas y ha anunciado un buzón para que los opositores informen de las incidencias que han registrado. También se ha informado de que algunas pruebas se tendrán que repetir. Aun así, el PSC y Junts han pedido la comparecencia de la consellera para dar explicaciones. El líder del PSC, Salvador Illa, ha cargado contra el Gobierno afirmando que "un Gobierno que no sabe organizar unas oposiciones no es el más indicado para dirigir un país". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también ha criticado que la administración pública haya contratado una empresa privada para hacer los exámenes y ha exigido explicaciones.