“Ley de Odio a la Policía y a la Guardia Civil”. Así denomina la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) la modificación de la ley mordaza pactada entre Bildu y el Gobierno, que ha levantado el rechazo unánime, la oposición frontal y la profunda preocupación de los sindicatos policiales españoles. Se han expresado en las últimas horas, acusando al ejecutivo de “poner en peligro” la vida de los agentes y de “dinamitar” el principio de autoridad y advirtiendo que promoverán las medidas legales que estén a su alcance para frenar la iniciativa. Los sindicatos de la policía española y de la Guardia Civil coinciden denunciando la “desprotección” que creen que genera una reforma que consideran que “ata de pies y manos” a los agentes. JUPOL (el Sindicato de la Policía Nacional) y JUCIL coinciden reprochando al PSOE que ha aceptado cambios que “ponen en peligro la vida de los agentes”, ya que “debilitan su capacidad de actuación frente a situaciones críticas”.
Lo que preocupa más a los cuerpos policiales es la prohibición del uso de las pelotas de goma. “Es una línea roja que no podemos tolerar que se traspase porque supone la eliminación de una herramienta fundamental para el trabajo de los policías en situaciones de disturbios graves y, con su eliminación, se pone en grave riesgo la seguridad y la integridad física de los agentes”, lamenta JUPOL, que avisa que este cambio generará un “incremento de los lesionados” entre la policía y entre los manifestantes. “Solo dejará la posibilidad del cuerpo a cuerpo con los manifestantes violentos”, remacha. En la misma línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que la “restricción” del material antidisturbios es un “palo en las ruedas para la restitución del orden público ante manifestantes violentos”. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) recrimina al Gobierno que “siga utilizando a los guardias civiles como moneda de cambio”.
“Es inadmisible que el Gobierno ceda ante quienes en su día apoyaron la violencia y el terror, es una ley diseñada para complacer a un partido que históricamente ha apoyado la violencia contra las fuerzas de seguridad”, argumenta Agustín Leal, secretario de comunicación de JUCIL, que considera que esta reforma “no responde a una demanda social, sino a un interés político por parte del PSOE de obtener el respaldo de Bildu para sacar adelante los Presupuestos”. Asimismo, la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) critica que el Gobierno esté “más preocupado por sus propios intereses que por los intereses generales”. “El Gobierno está completamente equivocado en la dirección que ha tomado: en lugar de dejarnos desprotegidos jurídicamente, debe blindarnos legalmente y proporcionarnos material adecuado”, añaden las fuentes de APROGC consultadas por ElNacional.cat. Y hacen un llamamiento: “Pedimos que todos los agentes de servicio en la calle dispongan de cámaras personales para demostrar que los guardias civiles no atropellamos los derechos de los ciudadanos y que son las patrullas las que sufren agresiones verbales y físicas en determinadas intervenciones”.
Una reforma que “debilita” el principio de autoridad
Otro de los focos de crítica por parte de los sindicatos es la “debilitación” del principio de autoridad. Desde JUCIL, Agustín Leal advierte que “convertir las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad en faltas leves y eliminar las pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público” implica “desarmar a los guardias civiles y policías”, “pone en riesgo la integridad de los agentes”, “debilita la seguridad pública” y “deja expuestos a los ciudadanos en momentos críticos”. “Esta reforma debilita la autoridad de los agentes y los convierte en objetivos aún más vulnerables de odio y violencia”, remacha. La APROGC avisa que los guardias civiles “no pueden trabajar en las calles sin el respaldo del principio de autoridad”. Por su parte, JUPOL considera que la nueva ley es un “ataque directo al ya de por sí mermado principio de autoridad de los agentes” en un contexto “muy negativo” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con “efectivos desmoralizados y debilitados”, en un escenario de “violencia agravada y con una fragante pérdida del principio de autoridad”.
Más criticas. Nadia Pajarón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), manifiesta su oposición “frontal” a una reforma que “parece redactada más contra los policías que para favorecer el buen desempeño de su función”. El SUP considera que, “en lugar de reforzar el principio de autoridad o el castigo de conductas delictivas”, la modificación de la ley mordaza contribuye a “favorecer la desobediencia y el atentado contra los agentes de la autoridad” y “perjudica a la Policía y a los ciudadanos, que sufrirán un empeoramiento en la calidad del servicio de la Policía Nacional”. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) apunta que los guardias civiles “no pueden trabajar en las calles sin principio de autoridad” y “necesitan herramientas para que puedan realizar su trabajo con seguridad en un momento en el que las agresiones sobre los guardias civiles no paran de aumentar año tras año”. “Es urgente reforzar el principio de autoridad y realizar las modificaciones necesarias en el Código Penal para endurecer las penas por agresión sobre los agentes”, esgrimen. En los mismos términos se expresa la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC).
“Agotar todas las vías legales” y “todos los medios a su alcance”
Y los sindicatos no se quedarán quietos. El SUP deja claro que “agotará todas las vías posibles” para que esta modificación “no salga adelante” y “se dote a los policías nacionales de un marco legal” que les “proteja frente al desamparo y a la pérdida constante del principio de autoridad”. De la misma forma, JUCIL “se opondrá, por todos los medios a su alcance que otorga el ordenamiento jurídico, a cualquier intento de aprobar una legislación que ponga en peligro la vida y la integridad de los guardias civiles y policías” y hará “todo lo que esté a su alcance para que se escuche la voz de los agentes y se protejan sus derechos en cualquier foro legislativo o judicial necesario”. JUPOL también está “estudiando todas las medidas posibles para frenar” la reforma.