La universidad tampoco escapa de los episodios de discriminación y obstáculos a la lengua catalana. Desde la sindicatura de greuges [defensor del pueblo] de Catalunya se investiga los reproches que tuvo que escuchar la exconsellera Gemma Geis por parte del tribunal que la examinó el curso pasado en el proceso selectivo para su plaza de profesora en la Universitat de Girona (UdG). En pleno examen, dos miembros de la comisión de selección le echaron en cara que hubiera exigido usar el catalán durante las pruebas. El profesor Luis Medina lamentó que no hiciera uso de la lengua común, como es el castellano o incluso el inglés, mientras que la profesora Mercè Darnaculleta tachó de "falta de respeto a la ética universitaria" el hecho de haber usado el catalán en las pruebas, además de reprocharle el coste económico que había supuesto la traducción simultánea de este procedimiento.

Geis llevó el asunto ante la sindicatura de greuges y denunció "la pasividad de la UdG" ante las intervenciones de estos dos miembros de la comisión de selección. Una vez investigados los hechos, la síndica, Esther Giménez-Salinas, hizo llegar un escrito a la universidad en el que admite que, después de tener acceso a las grabaciones del acto facilitadas por Geis, habían podido constatar las manifestaciones de los dos profesores sobre el uso de la lengua, expresadas, además, "en un tono impropio del acto que se estaba celebrando". El texto advierte de que corresponde a la UdG "eliminar cualquier forma de discriminación o menoscabo que los miembros de la comunidad universitaria puedan sufrir en sus derechos y libertades y tiene que rehusar adecuadamente toda actuación discriminatoria, entre otras, en razón de lengua y adoptar las medidas apropiadas".

Exige ética a la UdG

En concreto, Giménez-Salinas reprocha que las manifestaciones de la doctora Darnaculleta, que es profesora titular de la Universitat de Girona y desempeñaba las funciones de secretaria de la comisión de selección, "no han sido objeto de ninguna actuación de rechazo por parte de la UdG" sino más bien "de una tolerancia que compromete el respeto a la libertad individual y el libre desarrollo de todos los miembros de la comunidad universitaria, que tiene que perseguir, justamente, la propia universidad".

En el escrito, que la sindicatura hizo llegar a la universidad el pasado mes de abril y al que ElNacional.cat ha tenido acceso a través de la normativa de Transparencia, la síndica advierte de que la universidad "tiene que llevar a cabo sus funciones de una manera ética, ya que es la ética el fundamento de todas sus actuaciones".

"En una situación de asimetría como la que se dio, entre la aspirante y la comisión, en el momento de expresar los miembros de la misma sus críticas al uso del catalán por parte de la interesada, esta institución entiende que la UdG tendría que haber sido más proactiva y protectora de los derechos de los aspirantes", lamenta la sindicatura, por lo cual insta en su carta a intervenir de forma expresa para evitar que se vuelva a producir una situación semejante.

La UdG dice que no sabe nada

Cuando el escrito de la sindicatura pidiendo explicaciones llegó a la universidad, el 7 de mayo pasado, la polémica era ya conocida, puesto que el 3 de abril ElNacional.cat ya había publicado el incidente, del cual se había hecho eco múltiples medios y la propia UdG respondió haciendo pública una nota asegurando que durante el concurso para el acceso a la plaza "se garantizaron en todo momento los derechos lingüísticos" de todo el mundo.

No obstante, el 10 de julio, el rector de la UdG, Joaquin Salvi, respondió a la síndica, en un escrito al que también ha tenido acceso ElNacional.cat en el que asegura que no había tenido conocimiento de los hechos relatados y que la afectada no los había puesto en conocimiento de la sindicatura de la universidad. "Esta institución no ha tenido conocimiento de los hechos transcritos con anterioridad en su comunicación", afirma Salvi en el texto, donde obvia que, según detalló Geis, la secretaria general de la UdG estaba presente en el acto. Además, aunque la síndica explica en su escrito que ha tenido ocasión de comprobar cómo se desarrolló el proceso de selección gracias a las grabaciones facilitadas por Geis, la universidad se ampara en que no graban las pruebas en ningún soporte digital y que el acta documentada no recoge ningún incidente, por lo cual no dispone de "material que permita hacer una valoración detallada y con rigor" sobre las actuaciones de los miembros de la comisión. Eso sí, admite que una comisión de selección tiene que rehusar cualquier comentario que no sea necesario o propio del proceso de evaluación.

La UdG sostiene que adoptó todas las medidas para garantizar los derechos lingüísticos de la profesora y que los miembros de las comisiones de selección disponen de una guía de actuación, pero que, si es necesario, la universidad la mejorará. Recuerda, de nuevo, que la universidad dispone de sus propios canales para vehicular quejas y denuncias y se compromete a atender cualquier recomendación o sugerencia que la síndica les mande.

La sindicatura está analizando la respuesta de la universidad para hacer su valoración final.